Tres de los once decretos que Abelardo de la Espriella firmó la noche del 9 de septiembre son para el sector educativo, y traen el balance más reciente de lo que hizo el terremoto: 5.309 sedes educativas afectadas en 423 municipios y más de 1.147.000 niños con su derecho a la educación alterado, según cifras del Ministerio de Educación. Los departamentos con más sedes golpeadas son Valle del Cauca (1.404), Antioquia (868), Caldas (742), Chocó (408), Cauca (362), Risaralda (359), Tolima (306), Cundinamarca (249), Huila (218) y Quindío (200).
El primer decreto, el 1386, permite que 47 entidades territoriales certificadas autoricen dar clase en espacios distintos a las sedes oficiales "siempre que presenten condiciones seguras para el aprendizaje", mientras dure el estado de emergencia; el texto habla también de modalidades remotas sin decir cuáles. El segundo, el 1387, suspende los resultados de la auditoría de matrícula que esas 47 entidades le reportan al ministerio, algo que importa porque de esa auditoría salen los recursos del Sistema General de Participaciones del año siguiente; el Gobierno dice que busca que el sismo no les recorte la plata justo cuando tienen que atender sus consecuencias. El tercero deja que las entidades pidan reorganizar las semanas del calendario escolar, con autorización del ministerio y sin pasar del 31 de diciembre de 2026.