9 de septiembre de 2026

El Gobierno reglamentó la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que lleva el nombre de un perro víctima de un caso de crueldad extrema en Saboyá, Boyacá, en 2021, y puso en marcha una ruta nacional para atender denuncias de maltrato animal. El cambio de fondo es qué basta para que las autoridades actúen: ya no solo heridas, golpes o lesiones visibles, sino también señales de dolor, miedo, estrés o sufrimiento, de modo que una alerta pueda avanzar antes de que el daño físico sea evidente. La ruta coordina a las alcaldías, las Inspecciones de Convivencia y Paz, la Policía, la Fiscalía y las demás autoridades competentes, con el fin declarado de evitar que el ciudadano que denuncia quede atrapado entre entidades discutiendo a quién le corresponde el caso. "Prometimos proteger a los animales y estamos cumpliendo", dijo la Presidencia.

Tres de los 11 decretos que Abelardo de la Espriella firmó la noche del 9 de septiembre son para el sector educativo, y traen el balance más reciente de lo que hizo el terremoto: 5.309 sedes educativas afectadas en 423 municipios y más de 1.147.000 niños con su derecho a la educación alterado, según cifras del Ministerio de Educación. Los departamentos con más sedes golpeadas son Valle del Cauca (1.404), Antioquia (868), Caldas (742), Chocó (408), Cauca (362), Risaralda (359), Tolima (306), Cundinamarca (249), Huila (218) y Quindío (200).

El primer decreto, el 1386, permite que 47 entidades territoriales certificadas autoricen dar clase en espacios distintos a las sedes oficiales "siempre que presenten condiciones seguras para el aprendizaje", mientras dure el estado de emergencia; el texto habla también de modalidades remotas sin decir cuáles. El segundo, el 1387, suspende los resultados de la auditoría de matrícula que esas 47 entidades le reportan al ministerio, algo que importa porque de esa auditoría salen los recursos del Sistema General de Participaciones del año siguiente; el Gobierno dice que busca que el sismo no les recorte la plata justo cuando tienen que atender sus consecuencias. El tercero deja que las entidades pidan reorganizar las semanas del calendario escolar, con autorización del ministerio y sin pasar del 31 de diciembre de 2026.

Por el Decreto 1372 del 9 de septiembre de 2026, el Ministerio de Hacienda quedó autorizado para emitir títulos de deuda interna (TES clase B) por $110,25 billones para financiar el presupuesto de este año. La autorización anterior, de diciembre de 2025, era de $85,25 billones: el cupo sube en $25 billones. El decreto explica que el propio Ministerio ajustó a comienzos de septiembre el cálculo de los recursos de capital de la Nación y fijó en ese monto el aforo del crédito interno, de modo que la nueva cifra es la que corresponde a esa disponibilidad. No es plata nueva que entre al presupuesto sino permiso para financiarlo con más deuda, en un año en el que el Gobierno además tuvo que abrir la billetera para la emergencia del terremoto.

Después de un consejo de ministros de unas seis horas, y justo antes de que el terremoto cumpliera un mes, Abelardo de la Espriella firmó 11 decretos de la emergencia económica. El principal, el 1379, crea el Fondo Milagro: un patrimonio autónomo que administra el Ministerio de Hacienda por medio de una fiducia pública, con recursos inembargables que pueden venir del presupuesto, de créditos, de donaciones, de la cooperación internacional o de los propios municipios. Puede financiar desde asistencia humanitaria hasta vivienda y reposición de hospitales, colegios, vías y acueductos. La plata no se traslada por anticipado a la fiduciaria: se queda en la Cuenta Única Nacional y se gira al beneficiario final cuando se acredite el cumplimiento del contrato.

Quién manda en ese fondo está escrito en el decreto: un consejo directivo de ocho miembros, cinco de ellos designados por el presidente, más delegados de Planeación, Hacienda y la unidad de riesgo, y un gerente que también escoge el presidente. Como contrapeso, el decreto ordena una auditoría independiente a cargo de una firma internacional, que no reemplaza a la Contraloría. El resto del paquete reparte alivios: los municipios afectados podrán mover rentas que tenían destinación fija, endeudarse con reglas más flexibles y comprometer vigencias futuras en año electoral; se amplía Obras por Impuestos a todos los municipios de la emergencia, reservando al menos el 35 % del cupo para los de categorías quinta y sexta; se autoriza dar clases en espacios alternos y mover el calendario escolar; y el DANE queda habilitado para compartir con otras entidades datos que la reserva estadística protege. Otro de los decretos, el 1381, deja que cualquier alcaldía o gobernación del país financie obras de reconstrucción en territorios que no son el suyo, y la razón está en una cifra que reporta El Colombiano: los municipios que no sufrieron el terremoto guardaban $924.000 millones en sus fondos de desastres, mientras los que quedaron destruidos tenían $605 millones en promedio. Un dato de contexto que aporta La Silla Vacía: en su primer mes, el presidente firmó 163 decretos, la cifra más alta en 24 años, pero 157 eran nombramientos y solo seis respondían al desastre.

El País agrega el resto del paquete y un par de datos que faltaban. El Fondo Milagro no tiene fecha de cierre (dura "lo necesario" para terminar la reconstrucción) y su gerente será el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo. Un decreto libera recursos del Fondes para que las empresas de servicios públicos restablezcan las redes eléctricas donde cerca de 1,5 millones de usuarios han tenido fallas, con un solo desembolso y sin que pueda girarse nada después de que termine la situación de desastre: las prórrogas suman máximo 90 días y vencen el 17 de noviembre, contados desde la emergencia declarada el 19 de agosto. Otro les permite a alcaldías y gobernaciones de las zonas golpeadas titularizar hasta el 10 % de sus flujos futuros de recaudo, endeudarse hasta el 100 % de sus ingresos corrientes y comprometer rentas de 2026 y 2027, con fecha límite el 31 de diciembre de 2027 y con la condición de no usar esa plata en problemas anteriores al sismo. Un quinto decreto los autoriza, "por una única vez", a echar mano del Fonpet (la bolsa con la que pagan pensiones) y de los excedentes del sector salud para recuperar hospitales y clínicas. Los departamentos cubiertos son 16: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá.

Un juez penal de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo entre Juliana Guerrero y la Fiscalía y la condenó a 36 meses de prisión, una multa de 100 salarios mínimos y dos años y medio de inhabilidad para ejercer cargos públicos, por fraude procesal. En la audiencia, Guerrero admitió que el 3 de septiembre de 2025 cargó al sistema de información del empleo público dos diplomas falsos de la Fundación Universitaria San José (uno de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de contadora pública) y los presentó ante el Ministerio de la Igualdad para llegar al viceministerio de Juventudes. El juez le dijo que no fue un descuido: "Muchos jóvenes han tenido que pasar muchos años por universidades para obtener títulos, cosa que se quiso saltar Guerrero. (…) No estamos en presencia de un simple error sino de un acto totalmente contrario al ordenamiento". No irá a prisión porque la condena permite evadirla. En octubre de 2025, cuando el escándalo apenas empezaba, Gustavo Petro la defendía en X: "No nombre una viceministra con titulo falso, por eso se tienen filtros", y ponía en duda que el título fuera falso. Después de la condena, Guerrero escribió dos palabras en su cuenta: "Lo siento". La senadora Jennifer Pedraza, que llevaba un año denunciándola, celebró que "denunciar sí sirvió", pero le pareció poco: "¿Es suficiente? Creo que no".

La mujer que estaba al lado de Abelardo de la Espriella en la reunión con Marco Rubio es María Consuelo Araújo, la nueva embajadora en Estados Unidos, exministra de Cultura y excanciller que venía de presidir la Cámara Colombiana de Infraestructura. Es la cara más visible de una familia que, según una investigación de La Silla Vacía, se volvió un factor de poder en este gobierno: al menos siete funcionarios con vínculos familiares o de amistad con los Araújo Castro llegaron a cargos importantes. La otra cara es su hermano Sergio Araújo, cofundador del Centro Democrático y hoy uno de los principales defensores del proyecto de su amigo el presidente, a quien conoce hace más de 20 años.

En la lista están Carlos Castellanos Araújo, ahijado de Sergio, como secretario general del Ministerio de Hacienda; la prima segunda Ana Margarita Araújo como viceministra de Justicia; María Isabel Campo Cuello, exesposa de Sergio, en el Fondo Nacional de Turismo, y el hermano de ella, Carlos Eduardo Campo, en el Instituto Colombiano Agropecuario; y Nerio Alvis, amigo de Sergio, que renunció a ser magistrado auxiliar del Consejo de Estado para irse a la campaña y quedó en la Escuela Superior de Administración Pública. El apellido venía golpeado por la parapolítica (en 2010 fueron condenados el exsenador Álvaro Araújo, hermano de Sergio, y el exgobernador Hernando Molina Araújo, primo de ambos), y en Valledupar los nombramientos se leen como un reencauche. Sergio Araújo lo niega: "Abelardo es un fenómeno político sin par en los últimos cien años. ¿Y van a concluir que el que lo manda soy yo? Por Dios", le dijo a La Silla Vacía.

Abelardo de la Espriella firmó la resolución que da por terminada la Zona de Ubicación Temporal que el Gobierno de Gustavo Petro había pactado en el Valle del Guamuez (Putumayo) con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc con la que 99 de sus integrantes iban a empezar su tránsito a la vida civil. La resolución da plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para ejecutar un plan interinstitucional de cierre y transición, que debe adoptar la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, un cargo que sigue sin tener cabeza clara, y le encarga a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización definir uno por uno si los desmovilizados acreditados continúan en el proceso de reintegración. El mismo día, el Gobierno revocó a sus delegados en la mesa de diálogos con el ELN y en el espacio sociojurídico con el Clan del Golfo, las dos ya suspendidas desde antes: con eso salieron formalmente de la política de paz el senador Iván Cepeda, la exsenadora María José Pizarro, Vera Grabe, José Félix Lafaurie, María Gaitán Valencia y Armando Custodio Wouriyu.

Lo que El País reportó al día siguiente le pone cifras y advertencias a esa decisión. La zona quedaba en el Valle del Guamuez y los 99 se habían concentrado allí el 18 de junio; 86 ya habían entrado formalmente a la ruta de reintegración. El mismo 9 de septiembre, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización les escribió a los países garantes del proceso (Suiza, Países Bajos, Venezuela, Noruega y Uruguay) y a la ONU, la MAPP-OEA y la Conferencia Episcopal para alertar de un "riesgo importante en garantías de derechos y seguridad" y "de reincidencia de esta población, así como de credibilidad institucional del Estado colombiano frente a procesos de desmovilización y sometimiento". La misma agencia que debe sostener el proceso uno por uno vive una crisis por el congelamiento de recursos que ordenó este Gobierno. Dos días antes le había pedido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, al Dapre y al Fondo Colombia en Paz que le explicaran cómo se le iba a comunicar el cierre a las 99 personas, a sus abogados, a las comunidades y a los cabildos indígenas.

Según fuentes cercanas al proceso, 43 de los 99 siguen en el lugar. En un video difundido esa noche, varios de ellos dicen que se quedan: "Hemos tomado una decisión de valientes. Lo sentimos mucho por los compañeros que abandonaron la ZUT (…) Aquí estamos los que nos quedamos y seguimos en esta ruta", y le piden a la agencia que no se vaya. Armando Novoa, negociador del gobierno de Gustavo Petro en esa mesa, dice que el Ejecutivo "improvisa": mantiene la retórica del sometimiento pero "con esta resolución desconoce las garantías de la ley que está vigente en el Código Penal". Y señala el vacío: no está claro qué pasa con el compromiso de permanencia de esas personas cuando es el Gobierno el que acaba la zona de forma unilateral.

La bancada del Partido Conservador se reunió con el ministro de Justicia, Iván Cancino, para fijar las prioridades. Al salir, el presidente del partido, Efraín Cepeda, dijo que el ministro les confirmó una de las promesas de campaña, que era construir entre siete y 10: 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos, con inhibidores de señal reforzados para frenar el uso de celulares. Cancino ha dicho que se financiarán de la mano de privados para no generar "carga fiscal del Estado", que el paquete tendrá que pasar por el Congreso y que el proyecto no violará los derechos humanos, sin precisar dónde quedarán. Las cuentas del sistema no acompañan el anuncio: como mostró una investigación de Cambio, la capacidad carcelaria creció 4 % en 12 años y 94 de los 124 establecimientos del país están por encima de su capacidad.

La Fundación para la Libertad de Prensa y varias organizaciones aliadas le pidieron a Abelardo de la Espriella traducir su compromiso público con la libertad de prensa en "garantías reales y verificables". El pronunciamiento enumera lo que va de este gobierno: las 20 emisoras de paz que salieron del aire el 18 de agosto, de las cuales 16 volvieron el 7 de septiembre con el nombre de Emisoras de la Reconciliación y cuatro siguen suspendidas; la Directiva Presidencial 01 del 3 de septiembre, que exige autorización previa para que los funcionarios hablen; y las denuncias de presiones sobre espacios de opinión y de salidas de periodistas, que pide esclarecer porque pueden constituir censura indirecta. En sus palabras: "se han silenciado espacios y voces críticas de mujeres periodistas y de quienes ejercen la opinión desde el humor y la caricatura". Le pide además al Gobierno rechazar públicamente la estigmatización, eliminar los filtros discrecionales de acceso a la información y retomar la política pública de garantías para el periodismo que quedó sin decreto desde 2023. También le pidió una reunión.