Nombramientos con antecedentes

Abelardo de la Espriella prometió abrirles el Estado a "quienes nunca habían sido tenidos en cuenta", pero varios cargos decisivos fueron para hermanos de políticos, de expresidentes y de aliados suyos, como revela Vorágine. Su herramienta para escoger por mérito era el Banco de Talentos, que opera Magneto Empleos y que en octubre llevaba 145 personas posesionadas.

Sergio Alberto Mora López, hermano del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, llegó el 7 de septiembre a la Agencia Nacional de Tierras, en Cúcuta. En 2023 el Consejo Nacional Electoral le había revocado a Jorge Mora la candidatura a la Gobernación de Norte de Santander porque su hermano era director seccional de la Rama Judicial allí; después la mantuvo. Los dos son medios hermanos del general Jorge Enrique Mora Rangel, ya fallecido, que fue comandante de las Fuerzas Militares.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, nombró gerente del ICA a Carlos Eduardo Campo Cuello y su hermana María Isabel Campo Cuello quedó al frente de Fontur. Son hijos de Rodolfo Campo Soto, exgerente del Incoder, a quien la Procuraduría sancionó por Agro Ingreso Seguro; el proceso penal por ese caso prescribió en 2024. María Isabel estuvo casada con Sergio Araújo, hermano de la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y del excongresista Álvaro Araújo, condenado por parapolítica.

De la familia Gómez están el senador Enrique Gómez Martínez, que fue jefe de debate de la campaña; su hermano Miguel, ministro de Hacienda, y su hijo Nicolás, jefe de despacho del presidente. Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es ministra del Deporte sin haber tenido antes un cargo público. Creemos, el movimiento de Federico Gutiérrez, puso también a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

El presidente de Coljuegos, Jaime Vives Pinedo, tiene un hermano casado con Tatiana Gutiérrez, hermana de Joaquín Gutiérrez Caballero, que fue jefe de la campaña y hoy preside Ecopetrol. Un cuñado de Gutiérrez, Carlos Gonima, es viceministro de Política Criminal. Vorágine pone además a Sandra Gómez Arias, esposa del ministro de Justicia, Iván Cancino, en la junta de Ecopetrol. La lista que publicó El Tiempo la ubica en la de ISA, filial de Ecopetrol, en representación de EPM.

Andrés Gregorio Duque Márquez, hermano del expresidente Iván Duque, aspira a embajador en Australia, y Tania Gilinski Bacal, hermana del banquero Jaime Gilinski, es embajadora en Israel. En julio, Abelardo les había dicho a los aspirantes: "En nuestro Gobierno el mérito pesa. No necesitan palanca".

El columnista Pascual Gaviria escribió en X que el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, "es sobre todo un corrupto". Recordó que como procurador destituyó e inhabilitó por 12 años al entonces alcalde de Medellín Alonso Salazar, por presunta participación en política. Gaviria lo atribuyó a la clínica para la mujer, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos, que Salazar quería construir, y contó que Ordóñez mandó a inspeccionar ese proyecto a Myriam Hoyos, hoy ministra de Educación. La sanción fue por las denuncias de Salazar sobre apoyos ilegales a candidatos y en marzo de 2014 el Consejo de Estado la cambió por una amonestación, como contó El Heraldo. "Usar el poder disciplinario como un tribunal moral no tiene otro nombre que corrupción", escribió Gaviria. La Pulla ya había recordado por qué el Consejo de Estado sacó a Ordóñez de la Procuraduría.

Alejandro Ordóñez Maldonado, el nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella, no terminó su segundo periodo como procurador: el 7 de septiembre de 2016, la Sala Plena del Consejo de Estado anuló su reelección. El tribunal dio por probado que Ordóñez había nombrado en la Procuraduría a familiares de magistrados de la Corte Suprema que lo postularon a la terna. Los nombrados eran la sobrina de Ruth Marina Díaz, una pariente política de Javier Zapata y la esposa de José Leonidas Bustos. El fallo dice que "está plenamente acreditado en el proceso que el Procurador General de la Nación designó a los familiares de personas competentes para intervenir en su postulación". Sin los votos de Díaz y Zapata, Ordóñez no habría tenido las dos terceras partes de la Corte que necesitaba para ser postulado. Para el Consejo de Estado, la Constitución prohíbe el "yo te elijo, tú me eliges". Violar esa prohibición "acarrea la nulidad del acto electoral". El Senado lo había reelegido el 27 de noviembre de 2012 con 80 de 93 votos. José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional, criticó en Razón Pública que el fallo tardara "tres inexplicables años y medio": para entonces, Ordóñez ya había cumplido casi todo el periodo. Ordóñez dijo entonces que todo era una persecución del presidente Juan Manuel Santos, como recuerda El Espectador.

En su columna en El Espectador, Ramiro Bejarano escribe que la oficina de informantes ocultos contra la corrupción que creará el Gobierno nace de "un decreto groseramente inconstitucional, porque el presidente no puede fundar una especie de policía secreta que además funcione en la Casa de Nariño". Dice que esas funciones, por la Ley Estatutaria 1621 de 2013, solo puede crearlas el legislador. Critica que vaya a dirigir esa "nueva policía política" la exmagistrada Cristina Lombana, de quien dice que "su fuerte no es la imparcialidad". "Agentes reservados anticorrupción militantes del abelardismo: ¡el milagro que faltaba!", remata. En una adenda le reprocha a Abelardo que siga amenazando con llamar activistas o falsos periodistas a quienes opinan distinto.

En una entrevista en video con Cambio, la exmagistrada Cristina Lombana dijo que sí existió un plan de congresistas de la Comisión de Acusaciones para suspenderla de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El periodista le preguntó por un plan de varios congresistas y de miembros del gobierno de Gustavo Petro que él había conocido cuando trabajaba en Blu Radio. Lombana respondió que adelanta acciones legales y que los congresistas buscaban impedir que siguiera tomando decisiones. También relacionó con esa persecución la filtración del informe de la UIAF sobre su patrimonio, que, como dijo el periodista, publicó Daniel Coronell. Lombana contó que la denunció ante la Fiscalía. Se describió como "la magistrada más recusada en estos ocho años" y negó que venir de la justicia penal militar la hiciera de derecha. La revista aclara que grabó la entrevista antes de que se conociera que Abelardo de la Espriella la nombró secretaria de Transparencia y por eso no le preguntó por su nuevo cargo.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia la hoja de vida de Anselmo Escobar Castañeda para jefe de la oficina jurídica de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil). Escobar es abogado y estuvo en el Ejército de 1981 a 2001, donde llegó a comandante de batallón. Declara que de noviembre de 2012 a junio de 2013 fue director en el Inpec, en la sede del kilómetro 5 de la vía a Usme, que es la de La Picota. El 6 de junio de 2013 el Inpec ordenó relevar al director de La Picota, Anselmo Escobar, por dejar entrar a dos representantes y un exrepresentante a ver a un congresista detenido por parapolítica el día de su cumpleaños. Lo contaron El Tiempo y El Espectador y el Inpec anunció una investigación disciplinaria; días después, Colombia Reports informó que el instituto lo declaró incapaz de cumplir sus funciones. Su hoja de vida dice que fue asesor en la Cámara de Representantes de 2010 a 2020 y en la Procuraduría de 2020 a 2021. De 2021 a enero de 2026 fue asesor jurídico de la Veeduría Penitenciaria Nacional, en Medellín.

Luisa Fernanda Sierra Aldana, aspirante a secretaria general del Icetex, declara en su hoja de vida que fue abogada externa y asesora jurídica de De la Espriella Lawyer Enterprise, el bufete de Abelardo, desde el 3 de octubre de 2008. La Presidencia publicó la hoja de vida en su página de aspirantes. No declara un contrato directo de $73 millones con el Senado, firmado el 11 de diciembre de 2025 para prestar servicios en la Presidencia de esa corporación, que sí está en el Secop II.

La nueva secretaria general del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es prima del contratista Emilio Tapia y hermana de quien sería su principal testaferro, según el medio Desigual, que agrega que la Procuraduría la investigó por presunta corrupción. Luisa Fernanda Sierra Aldana, registrada con el apellido mal escrito ("Sierrea"), presentó el 17 de septiembre en el portal de la Función Pública su declaración de bienes, rentas y conflictos de interés como secretaria general del Icetex. En ella dice que nació en Sahagún (Córdoba) y que no tiene parientes con intereses que puedan generarle un conflicto en el cargo. En 2014, la Fiscalía señaló a Jesús David Sierra Aldana, un comerciante de Sahagún y primo de Tapia, como el principal testaferro del contratista condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, según El Tiempo. Alejandro Villanueva, director de Desigual, escribió en X que ella trabajó en la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. El directorio de directivos del Icetex todavía muestra como secretario general a Jaime Alberto Pabón Pérez.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia la hoja de vida de Hilda Terán Calvache para secretaria general de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria). Según esa hoja de vida, entre 2010 y 2024 fue gerente del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, lo que quedó de la empresa de telecomunicaciones que el Gobierno de Álvaro Uribe liquidó en 2003. En enero de 2016, un juez de San Marcos (Sucre) ordenó arrestarla 30 días y le puso una multa de 10 salarios mínimos por desacato: la entidad no había cumplido un fallo de la Corte Constitucional que ordenaba indemnizar y reubicar a extrabajadores de Telecom, según Semana.

En su columna de El Espectador, Laura Ardila Arrieta cuenta que en 2014 Abelardo de la Espriella montó en Bogotá un restaurante francés, Dijon, en sociedad con el chef barranquillero Carlos Eduardo Pérez González, "Carly Pérez", que dos años antes había terminado de cumplir una condena por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Según los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá que cita, la sociedad la constituyeron Abelardo, su esposa, Ana Lucía Pineda, y la esposa y los hijos del chef, que figuró como representante legal suplente hasta 2017. En el mismo proceso fue condenado Juan Carlos Hernández Lucarini, hoy esposo de la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Y en septiembre se publicó la hoja de vida de Santiago Pérez Moscote, hijo del chef y exsocio de Abelardo, para ser asesor del despacho del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Ardila lo contrasta con la dureza del presidente contra los eslabones de abajo del narcotráfico: "El doble rasero del 'tigre' hace parte, de hecho, del fundamento de la fracasada guerra contra las drogas".

El exsenador Juan Carlos Vélez Uribe recibió el beneplácito para ser el embajador de Colombia en Ecuador, confirmó El Espectador, el mismo día en que se supo que Thania Vega irá a Perú. Vélez fue senador entre 2007 y 2014, director de la Aerocivil y candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín en 2015. En 2016 gerenció la campaña del No en el plebiscito sobre el acuerdo con las Farc y dos días después de ganar le contó a Asuntos Legales que la estrategia había sido "dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación", para que la gente saliera "a votar verraca". Por la polémica se retractó, pidió disculpas y renunció al Centro Democrático, según El Espectador, y la Fiscalía abrió una investigación por sus declaraciones, recuerda El Tiempo. Ecuador lo gobierna Daniel Noboa, ideológicamente cercano a Abelardo de la Espriella.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a Alexandra Acelas Rodríguez directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el Decreto 1329 del 27 de agosto, después de aceptarle la renuncia a Mariantonia Tabares Pulgarín, que la dirigía desde agosto de 2023, en el gobierno de Gustavo Petro, según Semana. Acelas es abogada y trabaja en la agencia desde septiembre de 2022, en contratación, talento humano y la oficina jurídica. Según Blu Radio, que publicó su hoja de vida del Sigep y su perfil de LinkedIn, de enero de 2016 a diciembre de 2019 fue asesora jurídica de impuestos y contratación de la alcaldía de Sabana de Torres (Santander) y del instituto de deportes del municipio, durante todo el mandato de Sneyder Pinilla. Pinilla fue después subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y está condenado por la corrupción en esa entidad. Según Corrillos, Acelas entró a la ANSV por concurso de méritos y es de carrera administrativa. Al llegar dijo: "Bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, trabajaremos en la Patria Milagro para los colombianos".

La magistrada Cristina Lombana presentó una ponencia para precluir la investigación contra el exsenador Arturo Char por compra de votos, como reveló Cambio. Lombana tenía el caso porque el magistrado titular, Francisco Farfán, pidió una licencia; Farfán había proyectado la medida de aseguramiento contra Char y ella fue la única que votó en contra. Su ponencia sostiene que Aida Merlano, la única testigo directa, se contradice: analiza siete declaraciones suyas. Le creyó a Char cuando dijo que la reunión en la Casa Blanca de noviembre de 2017 fue para organizar pactos electorales y no para comprar votos. Tampoco encontró rastro contable de la plata en las empresas que señaló Merlano. Más de dos años después, Abelardo de la Espriella la nombró secretaria de Transparencia.

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos al exalcalde de Medellín Alonso Salazar por participar en política en la campaña de octubre de 2011, como contó El Colombiano. La falta fue denunciar en los medios que grupos al margen de la ley estarían obligando a los ciudadanos a votar por el entonces candidato Luis Pérez Gutiérrez, como cuenta El Tiempo. La procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva la calificó de gravísima y dijo que "el doctor Salazar, pese a su jerarquía y mando, decidió influenciar el proceso electoral". Salazar dijo al salir de la audiencia: "Entre la clase política de esta región hay mucha impunidad y mucha celeridad para condenar al Alcalde". La Procuraduría, que dirigía Alejandro Ordóñez, confirmó la sanción en segunda instancia el 3 de mayo, como informó en un comunicado.