27 de septiembre de 2026

El 6 de agosto, un día antes de la posesión, la minera canadiense Copper Giant anunció que Carlos Suárez, el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, entraría a su junta directiva. Ese mismo día recibió una inversión de 28,8 millones de dólares canadienses de Denarius Metals, cuyo mayor accionista es Serafino Iacono, socio y amigo del presidente, reveló La Silla Vacía. Copper Giant explora cobre y molibdeno a 10 kilómetros de Mocoa, en el piedemonte amazónico. El 21 de agosto, cuando se hizo efectiva la inversión, la minera anunció que Suárez no entraría por un "posible conflicto de interés futuro" y una semana después apareció en la plancha del Gobierno para la junta de Ecopetrol, que hoy preside. Desde ahí, como miembro del comité de auditoría, estará por encima de las investigaciones internas de la petrolera, entre ellas las de episodios en los que se ha mencionado a Iacono, que niega cualquier irregularidad y no está vinculado a ninguna investigación judicial. Suárez no le respondió a La Silla cuál era ese conflicto de interés.

Los lazos no terminan ahí. En Denarius también tiene acciones Federico Restrepo, el padre de la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniela Restrepo Duarte. Iacono y Restrepo tienen el 13 % de Dominio De la Espriella, la empresa de vinos y rones del presidente, y Suárez es dueño del 30 % de De la Espriella Style, la que los vende. El Espectador recogió el episodio en su perfil de Suárez y de Joaquín Gutiérrez, los dos hombres de confianza de Abelardo que hoy dirigen Ecopetrol.

En la misma entrevista con El Tiempo en la que descartó que Colombia se salga de la ONU, el embajador Mauricio Gaona dejó abierta la puerta frente a la Corte Penal Internacional. Le preguntaron si Colombia comparte los cuestionamientos de Estados Unidos y otras potencias al tribunal, y respondió: "Colombia está revisando ese tema, no solo Colombia, varios países". Dijo que ha hablado con embajadores de otros países, que la crítica apunta a "las tendencias ideológicas de la Corte" y que le preocupa "que las Cortes tengan una ideología determinada". El 21 de septiembre, la Cancillería le había dicho a El Espectador que "a la fecha, no se ha impartido instrucción o directriz alguna encaminada" a denunciar el Estatuto de Roma, el tratado por el que Colombia hace parte de la Corte, y que no le había enviado ninguna notificación al secretario general de la ONU. Días antes, el Gobierno había retirado la candidatura de Colombia a una de las magistraturas del tribunal.

"Salirse de Naciones Unidas es salirse del cuarto donde se decide el destino de la humanidad. Eso no parece muy viable para ningún país", le dijo a El Tiempo Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, en su primera entrevista desde el nombramiento. En campaña, Abelardo de la Espriella había prometido sacar al país de la organización, recuerda El País. Gaona dijo que la crítica del presidente, la misma del discurso que leyó el vicepresidente, "no es la destrucción del sistema, es precisamente la modernización". Pero no descartó que Colombia deje algunas agencias de la ONU, como hizo Estados Unidos: "descartar eso, quitarlo de las cartas que tiene un país no es prudente". Sobre el Acuerdo de Paz, dijo que el Gobierno lo revisa porque "hay una percepción de impunidad en Colombia" y que no ha tenido "ninguna posición radical" sobre si la Misión de Verificación de la ONU debe seguir.

En Razón Pública, Carolina Cepeda Másmela, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, analiza el "Plan Patriota siglo XXI" que Abelardo de la Espriella le presentó a Marco Rubio el 8 de septiembre: más capacidad militar, vuelta de las fumigaciones y más interdicción, para devolver a Colombia a su lugar de aliado de Estados Unidos. Recuerda que el Plan Colombia fortaleció a las Fuerzas Militares, pero "no puede considerarse un éxito rotundo": no redujo de forma significativa la producción de cocaína y tuvo "efectos desastrosos en materia de derechos humanos", documentados por la Comisión de la Verdad y la JEP. Advierte que los grupos armados de 2026 no son los de 2002 y que una estrategia que se limite a fortalecer a la fuerza pública "es insuficiente". El entorno le ayuda al Gobierno (una región que giró a la derecha y un Estados Unidos más pendiente de América Latina), pero Rubio no ha dado una respuesta formal y los llamados "acuerdos de Barranquilla" son por ahora "dos memorandos de entendimiento" sin carácter vinculante.

La mayor donante de la campaña del representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, que impulsa el proyecto para tumbar los impuestos saludables, fue la fundación Propública, con $50 millones, según Vorágine. En el consejo que decide esas donaciones está desde 2014 Santiago Eder Garcés, de la familia dueña del Ingenio Manuelita. Briceño empezó a escribir columnas en La República, de la Organización Ardila Lülle, dueña del Ingenio Providencia, un día después de anunciar el proyecto. El 1.º de septiembre recibió en su oficina a la presidenta de Asocaña, el gremio de los azucareros. Él dice que no ha hablado con los Eder, que la columna se la propuso el director del diario y que la presidenta de Asocaña no le habló de los impuestos sino de las importaciones de azúcar del Perú y de etanol de Estados Unidos. Vorágine cuenta además que el 24 de agosto, ya en el gobierno de Abelardo de la Espriella, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) volvió a abrir sus líneas especiales de crédito a los cañeros, los palmeros y los ganaderos, que había excluido en el último año de Gustavo Petro, y que el 15 de septiembre cerró la línea por el agotamiento de la plata que había dispuesto el Ministerio de Agricultura. La investigación fue financiada en parte por Vital Strategies, según la propia Vorágine.

La Fundación San José, que le expidió a Juliana Guerrero los títulos falsos con los que aspiraba a ser viceministra de Juventud del gobierno de Gustavo Petro, repartía títulos entre sus propios directivos y sus familias, según documentos que obtuvo El Colombiano. Dos de los títulos de su exdueño, Francisco Pareja, los firmó su esposa, que era la rectora. También se graduaron allí la vicerrectora académica y su madre, y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez y su esposa. Esos familiares figuraron además en la estructura de Politécnico ICAFT, una institución virtual que, según denuncias de la senadora Jennifer Pedraza, es una universidad "fachada". El esposo de la vicerrectora es socio de Blue Hartmann, una empresa que capta estudiantes, opera las plataformas y organiza los "graduatones" de instituciones de la red, y que pasó de $1.900 millones de capital inicial a $27.971 millones de ingresos en cuatro años. Gutiérrez ya fue condenado a 36 meses por expedir los diplomas de Guerrero. A comienzos de 2026, la congresista Catherine Juvinao denunció otros 24 casos de funcionarios o contratistas de 16 entidades del gobierno Petro con títulos irregulares de la San José.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 fueron asesinados 112 líderes sociales (91 líderes y 21 lideresas), según cifras de la Defensoría del Pueblo que publicaron El Espectador y Caracol Radio. Agosto, el mes del cambio de gobierno, fue el de más casos: 22, seguido de abril, con 18. En el mismo periodo mataron a 10 firmantes del Acuerdo de Paz (cinco de ellos en agosto) y hubo 86 masacres con 326 víctimas en 23 departamentos. Desde 2016, la Defensoría lleva la cuenta de 1.777 líderes asesinados. Indepaz había contado 16 entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre.

En su alocución del domingo en la noche, Abelardo de la Espriella le pidió a la justicia "que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones" para que los investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y por otros casos del gobierno anterior "colaboren con la justicia a cambio de beneficios", recoge El Espectador. "A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices", dijo, y les prometió "un castigo atenuado por la colaboración". Lo planteó justo después de destacar que el Consejo de Estado le quitó la investidura al expresidente del Senado Iván Name por los $3.000 millones de la UNGRD. Pero esa puerta ya existe, recuerda Cambio: la ley le permite a la Fiscalía negociar con los procesados que acepten cargos o entreguen información. Ofrecer esos acuerdos les corresponde a la Fiscalía y a los jueces, no al Gobierno. Luis Gustavo Moreno Rivera, abogado de Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD que colabora como testigo en el caso, respondió en X que ese es el camino que su cliente escogió hace más de dos años, cuenta Semana.

"Noticia: ya hay acercamientos entre el gobierno y algunos miembros de la junta de la ANDI. La situación es insostenible", escribió Vicky Dávila en X. Según ella, "el Presidente y sus ministros no se van a reunir con Bruce Mac Master", y eso le impediría al gremio cumplir su objeto social, que en sus estatutos incluye gestionar normas "ante el Congreso y el Gobierno": "¿Cómo va a hacer Bruce, si el gobierno no lo recibe?". Lo escribió al citar una noticia sobre Fenalco Santander y la carta de apoyo de los gremios santandereanos a Mac Master. No dijo con qué miembros de la junta habla el Gobierno ni quién los contactó.