27 de septiembre de 2026

El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, dijo que la fusión de su partido con Defensores de la Patria, el de Abelardo de la Espriella, podría quedar lista antes de que termine el año, para empezar a escoger candidatos a las elecciones regionales de 2027, y que evaluarán coaliciones "para asegurar que el Pacto Histórico no pueda ganar en ninguna capital ni en ningún departamento relevante", según Semana. La senadora del Centro Democrático María Clara Posada respondió a quienes ven en el nuevo partido un ataque a su colectividad: "cualquier hecho que llegue a robustecer la democracia será celebrado por el Centro Democrático", dijo, y no descartó alianzas regionales para derrotar a la izquierda. Según El Espectador, la fusión, en la que también está Creemos, llegará al Consejo Nacional Electoral, donde siete de los nueve magistrados son oficialistas.

En su columna de Cambio, Daniel Coronell dice que la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias "Araña", jefe de los Comandos de la Frontera, es "totalmente legítima", pero que lo que se vio el viernes fue un escenario construido "para humillar a un preso" y "convertir en espectáculo un acto puramente administrativo": en lugar de entregarlo directamente a los agentes de Estados Unidos, "decidieron programar una innecesaria escala en Barranquilla" para grabarlo encadenado frente a Abelardo de la Espriella, que hablaba desde un atril sin más público que su seguridad, unos agentes de la DEA y las cámaras, con música épica y cortes de edición. "Ninguna persona, por mala que sea, es una alimaña", escribe, y cada una de esas "mascaradas", dice, le va "restando respetabilidad a la figura presidencial y legitimidad moral al Estado". En una posdata sostiene que David Murcia Guzmán se retractó presionado por peores condiciones de reclusión y por una demanda de Abelardo, que es "al mismo tiempo presidente y carcelero suyo", y que varias pruebas, algunas de hace 18 años, ratifican lo que dijo en febrero.

Abelardo de la Espriella prometió en su posesión que la Orinoquía "será nuestro Mato Grosso, con vocación a convertirse en una despensa agrícola mundial" y el Gobierno ya empezó a concretarlo: quiere habilitar 400.000 hectáreas para sembrar maíz y soya desde 2027 y mover más de $8 billones en inversión, según El Espectador. Según el diario, los anuncios apuntan a que el Gobierno sigue la hoja de ruta de un estudio de Fedesarrollo que los empresarios de Prorinoquia le presentaron a Abelardo antes de posesionarse: el vocero, Miller Soto, habló de vías para la región y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, de un régimen especial para la Orinoquía. Investigadores de The Nature Conservancy, WWF y la Fundación Cunaguaro advierten que nadie está mirando el impacto ambiental: en El Cerrado brasileño ya se perdió la mitad de las coberturas naturales y un modelo de The Nature Conservancy calcula para el río Meta, en el escenario hacia el que se va, una reducción del 83 % en su desembocadura. "Con lo que tenemos hoy en día, a mí me parece que el resultado más plausible es una catástrofe ambiental", dice César Rojano, de Cunaguaro. Ni el Ministerio de Agricultura ni el Ministerio de Ambiente le respondieron al diario.

Cambio publicó un especial con los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández, reconstruidos con la extracción forense que tiene la Fiscalía, desde febrero de 2023, cuando Fernández era secretario jurídico de la Presidencia, hasta enero de 2024, cuando ya era magistrado de la Corte Constitucional. Según la revista, Fernández se encargó de conseguirle un cargo a López: el 4 de abril de 2023 le mandó el decreto que lo nombraba superintendente de la Economía Solidaria y, cuando ese mismo día se ordenó revocarlo, le escribió: "El jefe dio la orden por un tema de la súper financiera". Cuando a López le ofrecieron un contrato en la UNGRD, Fernández le contestó: "No es contrato. Es directivo. Ya lo exijo"; el 28 de abril López llegó a la dirección de la entidad. En otro artículo, la revista reúne las menciones a Gustavo Petro: el 7 de diciembre de 2023 Fernández le escribió a López "ya le conté todo al jefe", cinco días después le mandó la resolución de Hacienda que le giró 700.000 millones de pesos a la UNGRD y el 16 de enero de 2024, ya en la Corte, le dijo: "El pre confía en ti. Mucho juicio". Cambio advierte que "ninguno de estos mensajes demuestra" que Petro conociera las maniobras del escándalo; Fernández sigue diciendo que su único favor a López fue recomendarle una abogada.

En su columna de El Espectador, Ramiro Bejarano Guzmán les responde a quienes le reprochan a la Jurisdicción Especial para la Paz sus cuatro fallos en ocho años: dice que ha dictado 3.618 decisiones con efecto de sentencia y que lo que se ha sabido gracias a ella "no tenía posibilidad alguna" de conocerse en la justicia ordinaria. Sostiene que suprimirla, recortarle el presupuesto o intimidar a sus magistrados, "como lo ha pretendido Abelardo con su hostil respuesta al enhiesto Ramelli" sobre su sueldo, "enviaría el mensaje desolador de que la justicia solo merece respaldo mientras no toque a quienes tienen influencia política, militar o económica". "Hay que preservar la JEP, cueste lo que cueste", concluye. En una adenda pide que alguien del Gobierno explique si hay algo detrás de la retractación de David Murcia contra Abelardo, su exapoderado, "justo cuando le agravaron sus condiciones carcelarias".

"A nadie puede sorprender que el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiera destruir la JEP", escribe el novelista Juan Gabriel Vásquez en su columna de El País, mientras la ponencia del presupuesto de 2027 le quita más de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo ve como "el último coletazo" de la guerra de la extrema derecha contra el Acuerdo de 2016. Recuerda que el Gobierno de Iván Duque le puso "palos entre las ruedas" con unas objeciones que retrasaron meses su arranque y que después la oposición al Acuerdo, liderada por Álvaro Uribe Vélez, la acusó de lenta y de fomentar la impunidad. Tampoco salva al Gobierno de Gustavo Petro, que según él desatendió el Acuerdo por "la grotesca irresponsabilidad de la Paz Total". Defiende la JEP como un lugar de encuentro entre víctimas y victimarios que sacó a la luz verdades como las de La Escombrera o el reclutamiento de niños por las Farc. Cierra: "La JEP se puede criticar, mejorar y fortalecer, pero asfixiarla o desmantelarla es, aparte de ilegal, una torpeza y una agresión a quienes han encontrado refugio en ella".

Miguel Orlando Guzmán González, alias "Robinson Gutiérrez", cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, murió en una operación del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), en la que capturaron a otros tres integrantes del grupo. Lo anunció Abelardo de la Espriella en X: "Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen". El comandante de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez Aparicio, escribió que Guzmán "también ha sido señalado por su presunta participación en la financiación del magnicidio". No tenía orden de captura por el atentado, según La Silla Vacía; por el crimen, la Fiscalía tiene siete órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias "Iván Márquez", recuerda El Espectador. El presidente lo llamó "un resultado preliminar" y dijo que ampliará la información cuando concluya la verificación.

Después del paro armado de Santa Marta, dos expertos consultados por El País hacen el balance del primer gran pulso de Abelardo de la Espriella con un grupo armado. Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, dice que en lo táctico lo ganaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, porque sostuvieron el paro 72 horas, pero que "estratégicamente, sin duda lo gana el presidente": murieron dos jefes del grupo, hubo capturas y sus presos salieron de la cárcel de Santa Marta. Advierte, eso sí, que sin "una estrategia de sustituir la gobernanza armada por una legal, esto será solo una pausa". Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, teme que después de los golpes el grupo busque informantes entre la población y entre "en una etapa de paranoia", y que la gente quede en medio del Estado, los Pachenca y el Clan del Golfo. En su editorial, El Espectador anota que el "regreso a la normalidad" lo anunció el grupo y no el Estado, y que el golpe "no necesariamente producirá un debilitamiento proporcional" de una estructura que reemplazó a su segundo al mando casi de inmediato.