Fuerza pública en universidades

El Ministerio del Interior, de Rodrigo Lara, publicó para comentarios, hasta el 4 de octubre, un proyecto de decreto de 24 artículos que modifica el Decreto 003 de 2021, el protocolo de la protesta, según El Espectador. La modificación central, según Cambio, es que cuando haya armas, explosivos, rehenes o ataques contra terceros, uniformados o misiones médicas o periodísticas, la Policía podrá intervenir contra quienes cometan esas conductas sin pasar por la facilitación, el diálogo y la mediación. El texto dice que privilegiar el diálogo es una regla de preferencia "y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia", y pone a la Policía a acompañar las marchas "a una distancia mínima de cuatro metros". También dice que bloquear una vía, por sí solo, no vuelve violenta una protesta y prohíbe usar la participación en ellas como motivo para hacer inteligencia. Llega semanas después de que Abelardo de la Espriella anunciara un protocolo para que la Policía entre a las universidades.

La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella límites estrictos para cualquier ingreso de la Policía a las universidades públicas, en respuesta al protocolo que el presidente anunció el 13 de septiembre. La entidad reconoció que hay circunstancias excepcionales que habilitan la entrada de la fuerza pública (la flagrancia entre ellas, sin que se requiera autorización previa de las autoridades universitarias) y que la autonomía universitaria "no significa extraterritorialidad ni convierte a las universidades en espacios excluidos de la Constitución". Pero advirtió que "ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación". Dijo que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles y la deliberación académica no justifican por sí solas el ingreso policial, y pidió no equiparar la inconformidad social con el delito; a los manifestantes les pidió evitar excesos "que desborden el ámbito protegido del derecho a la protesta". "La historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios", concluyó.

El movimiento estudiantil está midiendo cómo responder al protocolo que Abelardo de la Espriella anunció para que la Policía entre a las universidades públicas y por ahora la consigna es la cautela: reaccionar puede darle al presidente la excusa para endurecer la ofensiva. "Hay que responder con cabeza fría a las provocaciones. Ellos tienen la esperanza de que les confirmemos sus sesgos para justificar el uso de la fuerza", le dijo a El País Juan Manuel Muñoz, representante en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, que reconoce que "hay mucho miedo". Gabriela Delgado, su homóloga en la Universidad Nacional, cuenta que por ahora harán jornadas culturales y que entre sus compañeros hay "mucho susto". Para ella se está volviendo a los años setenta, "donde solo por el hecho de cargar un carnet de estudiante de universidad pública eras visto como un enemigo".

Los tres líderes entrevistados (el tercero es Nicole Sinisterra, de la Universidad del Valle) reconocen que el movimiento llega debilitado, entre la "cooptación" del gobierno de Gustavo Petro y las divisiones que produjo. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, lee el anuncio de otro modo: cree que el mensaje va dirigido a los criminales que se infiltran en los campus y saluda el protocolo, aunque considera que la Policía debería quedarse en los alrededores. "No tiene efectividad que entren a los campus, persiguiendo a muchachos que se disgregan entre la multitud", dijo.

Un día después de la alocución en la que Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para que la Policía entre a las universidades, el Ministerio de Justicia de Iván Cancino lo respaldó. Dijo que la autonomía universitaria "no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades" y "no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección". Ante las manifestaciones pacíficas, dice, deben privilegiarse "el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales". En otro comunicado defendió la aspersión aérea con glufosinato: "La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo". El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, también apoyó la medida, siempre que se respeten los derechos humanos: las universidades "no pueden ser centros para operaciones al margen de la ley".

En su alocución del 13 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para "distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público" en las universidades, con la Policía Nacional como primera autoridad operativa. "La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar", les dijo a quienes, según él, preparan ataques desde los campus. La referencia más cercana son los disturbios de la semana del 7 de septiembre en la Universidad Nacional, cuyo rector, José Ismael Peña, dijo que meter a la fuerza pública "tradicionalmente no tiene ningún efecto", que la solución es la inteligencia y que ante un delito la Policía ya puede entrar sin pedir permiso. El rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas, sostuvo que los hechos violentos ocurren sobre todo afuera del campus, y la Universidad Pedagógica Nacional recordó que la Comisión de la Verdad documentó 588 crímenes contra comunidades universitarias entre 1962 y 2011.