19 de septiembre de 2026

Piedad Urdinola, que dirigió el DANE en el gobierno de Gustavo Petro, escribió en La República que el presupuesto recién aprobado deja a la entidad "con muchísimos menos recursos que el mínimo" que ella tuvo en cuatro años y preguntó si detrás de esa asfixia "existe un temor a un Dane fuerte, independiente y con altos estándares de calidad". Recordó que el Banco Mundial califica al DANE con 87,3 sobre 100 en su medición de desempeño de institutos de estadística y destaca que hace más con menos recursos que sus pares de la región. Sobre la salida del director Ricardo Valencia, el de menor duración en el cargo, sostuvo que el primer argumento de la Presidencia (no auditar las cifras recibidas) "desconoce la forma de producción del Dane", que sigue metodologías internacionales y controles internos y externos; y que el segundo (no pedir permiso para dar ruedas de prensa) choca con la Ley 2335 de 2023, que ella misma tramitó en el Congreso y que protege la autonomía de la entidad, incluida la divulgación. Advirtió, además, que está por desactualizarse el año base del PIB y que hace falta una nueva Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, de la que dependen la medición de la inflación y el cálculo de la pobreza monetaria.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella destinará $87.700 millones para financiar los tramos 3 y 4 de la segunda fase del Gran Malecón del Mar, en Cartagena, con el fin de subir la ejecución de la obra del 63 % al 90 %, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los recursos saldrán del Fondo Nacional de Turismo. El proyecto, de 8 kilómetros entre el Centro Histórico y Bocagrande, tiene una inversión inicial de $197.000 millones; según el cronograma, los primeros 2 kilómetros, en La Boquilla, debían entrar en operación el 15 de octubre y la primera etapa quedaría terminada en agosto de 2027. El ministro Mauricio Gómez dijo que esos fondos reflejan el compromiso del Gobierno de dar soluciones concretas a los territorios.

El exdiputado del Valle Sigifredo López, secuestrado casi siete años por las extintas Farc, pidió recoger firmas para eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz y la llamó "un monumento a la impunidad", según Semana. Dijo que en siete años y medio de funcionamiento el tribunal gastó $4,2 billones y produjo solo cuatro sentencias: "Esas cuatro sentencias es lo que produce un juez penal cualquiera en Colombia en una semana, en dos semanas". Criticó que los condenados no recibieran penas intramurales: "No fueron condenas intramurales, les daban permiso para salir del país; algunos de ellos estuvieron 8 años en el Congreso ganando más de 50 millones de pesos, una completa burla a la dignidad de las víctimas". Llamó a los más de 10 millones de víctimas registradas en el país a "recoger firmas de respaldo a los congresistas y al gobierno que quieren acabar con esa institución". La nota lo presenta solo como víctima de las Farc y no menciona lo que la propia revista contó en mayo: que López se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella y les pidió a las víctimas votar por él en primera vuelta.

Según las cifras de los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, que recoge Cambio, el impuesto saludable ha recaudado cerca de $4,8 billones desde noviembre de 2023. Su proyecto para eliminarlo está radicado en la Cámara desde el 18 de agosto. Según Borda, el impuesto equivale al 1,1 % del recaudo nacional. Borda dice que es regresivo y que "la salud pública no puede ser un disfraz para tapar los huecos fiscales a costa del hambre de la gente"; Briceño no le contestó al medio. Red Papaz responde que entre 2023 y 2024 el consumo de bebidas azucaradas bajó 2,6 puntos porcentuales y el de ultraprocesados 4,3, y que eliminar el impuesto "es un ataque a la salud de los colombianos". De los dos economistas que consultó el medio, uno calcula un hueco fiscal de $2,5 a $3 billones al año. El otro dice que el Estado tendría que buscar cerca de $4 billones "subiendo el IVA o la tarifa de renta".

Un documento de 27 páginas de la Cancillería de Omar Bula, fechado el 31 de agosto y conocido por El Espectador, explica de dónde salieron dos decisiones de Abelardo de la Espriella: reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que las Naciones Unidas consideran territorio sirio ocupado, y la de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Según el documento, las dos salieron de "entendimientos bilaterales de carácter verbal" en las reuniones de la transmisión de mando: "No existe un documento suscrito". Las justifica en "una consideración de seguridad y estabilidad nacional", por vínculos entre grupos armados colombianos y actores de esas regiones. Sobre el traslado de la embajada en Israel, dice que adelanta "las evaluaciones administrativas, presupuestales, logísticas y de seguridad", sin aclarar si se hará. Y aunque Nate Morris, el nominado de Donald Trump para embajador en Bogotá, le dijo al Senado estadounidense, en su audiencia de confirmación del 5 de agosto de 2026, que "el presidente electo me ha hecho saber su compromiso de salirse del memorando de entendimiento" con China sobre la Franja y la Ruta, la Cancillería dice que "no ha sido adoptada ninguna decisión".

En su columna de El Espectador, Catalina Uribe parte de la entrevista en la que Viviane Morales, ya fuera del Ministerio de Educación, atribuyó a un milagro la mejoría de su hija. En esa misma entrevista, Morales insistió en que "hay que hacer un aprendizaje sobre evidencias, hechos científicos comprobables y no imponiendo ideologías". La columnista le opone un estudio médico de 2013 que midió si las mujeres con endometriosis grave eran más atractivas: tenía todos los sellos de la ciencia, pero la ideología no estaba en los datos sino en la decisión de qué estudiar. Por eso, escribe, cuando Morales y su sucesora, Ilva Myriam Hoyos, "prometen una educación libre de ideologías, prometen un imposible". Sacar la ideología del currículo no deja un espacio neutral: "Permite que la que domina permanezca, sin nombre, disfrazada de método científico".