Asfixia a la justicia transicional

En un editorial, El Espectador propone expandir y mejorar la JEP en vez de recortarle la plata y la vigencia, como buscan congresistas del Gobierno. Recuerda que el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, celebró que su proyecto para acabar la JEP en 2028 pasó el primer debate. Y que, en la discusión del presupuesto de 2027, las peticiones del presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, recibieron respuestas hostiles. El editorial pregunta qué hacer con las víctimas que celebran el trabajo de los tribunales de paz: "¿Truncamos los procesos porque el gobierno de turno y su coalición legislativa definieron que ya no habrá recursos?". Admite que hay víctimas que no se sienten escuchadas y que la JEP tiene "puntos ciegos y verdades pendientes", pero dice que eso se arregla con más verdad y más víctimas incluidas. "Si queremos paz sin impunidad, eso se consigue con más justicia, con tender puentes entre las dos Colombias, no aplastando la JEP y fingiendo que no estamos perdiendo nada de valor al hacerlo", concluye.

El senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, salió del recinto de la Comisión Primera del Senado cuando se votaban el título y la pregunta del acto legislativo que cierra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como cuenta Semana. Antes había votado a favor del articulado. El proyecto, que cierra la JEP en marzo de 2028, es de Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, y pasó ese día el primer debate. Sus compañeros de bancada Hernán Cadavid y María Clara Posada se quedaron y votaron a favor. Sin Nieto corría peligro el cuórum y se salvó en parte porque el liberal Héctor Olimpo Espinosa Oliver estaba en el recinto. Semana dice que la molestia del Centro Democrático con las posiciones de Nieto "ha escalado al punto de que el expresidente Álvaro Uribe ya habría reclamado". Nieto no le contestó a esa revista por qué se ausentó. En la lista de los 10 senadores que aprobaron el proyecto, que publicó El Espectador, no está Nieto.

La cuenta abelardista By Viral 24 escribió en X: "El CD del Lado de los CRIMINALES".

Una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara acusa a los cinco magistrados de la Sección de Apelación de la JEP de haber cobrado su sueldo durante unos siete años sin trabajar, como cuenta La FM. Son el presidente de la JEP, Danilo Rojas, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa y Patricia Linares. El denunciante dice que la sección no recibió apelaciones de sentencias hasta finales de 2025, cuando llegaron las de los macrocasos de las Farc y de los falsos positivos. Pide investigarlos por peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad. Ni La FM ni Infobae dicen quién es el denunciante ni traen la respuesta de los magistrados.

La senadora María Clara Posada publicó en X otro video de la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre: "Magistrada Lemaitre con las Víctimas VS con las Farc". María Fernanda Cabal escribió en X que en una audiencia de 2022 "Sigifredo López reclama su derecho a preguntarles a quienes lo secuestraron y asesinaron a sus compañeros", y que la magistrada "prefiere ignorarlo y pedir un receso". Vicky Dávila respaldó a Posada al día siguiente: "Esto no tiene justificación por parte de la JEP". Los videos llevan la marca de las audiencias reservadas de la JEP y ni Posada ni Cabal dijeron de dónde salieron.

La JEP le pidió a la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, que rectifique públicamente su denuncia de "turismo judicial", como cuenta Infobae. En un comunicado, el tribunal explicó que los $56.435 millones que ella cita pagaron traslados, viáticos y tiquetes de 21.425 actividades en 337 municipios entre 2018 y julio de 2026. Añadió que los 61 pasajes al exterior de esos años costaron $286.416.420, el 1,13 % de lo gastado en tiquetes. Posada respondió en X: "No son cifras inventadas: están en el SECOP y en los informes de austeridad de la propia JEP". Y agregó: "Pareciera que la JEP todavía no ha descubierto que existe Zoom". Anunció nuevas denuncias contra el tribunal, como cuenta El Tiempo.

Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre y comisionado de paz encargado, fue a la Comisión Legal de Paz del Senado. Allí dijo que el Gobierno de Gustavo Petro ejecutó apenas el 4,66 % del Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz. Puso al lado las cifras de Juan Manuel Santos (23 %) e Iván Duque (54 %), como contó El Tiempo. "Nos tienen a punta de narrativas, pero los números dicen lo contrario", dijo. No explicó cómo se calculan esos porcentajes. La sesión era para discutir los recortes del presupuesto de 2027 a las entidades que nacieron del acuerdo, como la JEP. Ríos los defendió con la crisis fiscal, como cuenta El Espectador. El senador David Racero, del Pacto Histórico, le respondió: "Atacan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional y la Reforma Rural Integral". En esa misma sesión, Ríos habló del costo de la zona de ubicación de Putumayo.

En una entrevista con El Colombiano, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada repitió sus cuestionamientos al gasto de la JEP. Habla de más de $160.000 millones en el arriendo de su sede en Bogotá, $56.000 millones en viajes y $40.365 millones en la defensa de comparecientes de las Farc. Dice que el estudio de títulos del edificio "muestra 18 empresas anónimas en paraísos fiscales" y que ocho de las nueve de Delaware se crearon un mes después de firmado el contrato. Sostiene que los colombianos están pagando con su bolsillo lo que les corresponde a los comparecientes de las Farc. Propone que un tribunal militar revise siempre las sentencias de la JEP contra militares y policías. Un análisis con seis expertos encontró que algunas críticas a la JEP son ciertas y otras ignoran sus resultados.

Harvey Danilo Suárez Morales, secretario ejecutivo de la JEP, le dijo a El Espectador que el recorte de $170.000 millones que estudia el Congreso para 2027 "sería paralizar la actividad judicial de la JEP". Sin esa plata, explicó, la JEP solo podría pagar cuatro meses de la protección de víctimas, testigos e intervinientes amenazados, que pone la Unidad Nacional de Protección con recursos de la JEP. "Lo que está de por medio no es el fracaso inducido de la JEP, es el fracaso del Estado", dijo. También le respondió a la senadora María Clara Posada, que le ve un conflicto de interés porque fue contratista del PNUD antes de que la JEP firmara 22 convenios con ese programa por $182.120 millones. "No fui funcionario, directivo ni ordenador del gasto en ninguna agencia de Naciones Unidas", dijo, y contó que el primer convenio lo firmó en 2018 otra secretaria ejecutiva.

A Rodrigo Londoño, que la acusó de violar la reserva de un proceso judicial al publicar videos de sus audiencias de 2019 en la JEP, la senadora María Clara Posada (Centro Democrático) le contestó en X: "En este caso, 'señor' @TimoComunes no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información". Agregó que como congresista tiene "pleno derecho a ejercer control político" sobre la plata de la JEP y que "usted y los de su calaña no me asustan ni me intimidarán jamás". Al día siguiente publicó otra tanda de videos de la audiencia del 15 de marzo de 2019, en el caso de secuestro, y escribió que las Farc "usaron este tribunal para lavar su imagen y justificar lo injustificable". La JEP respondió a las críticas recordando que imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc, entre ellos los siete del antiguo Secretariado, según El Espectador.

La senadora María Clara Posada (Centro Democrático) publicó en X fragmentos de una audiencia reservada de 2019 en la que Rodrigo Londoño compareció ante la magistrada Julieta Lemaitre por el caso de secuestros. Ahí Londoño dijo que "había criterios unitarios de buen trato, buena comida" para los secuestrados, según El Espectador y La Silla Vacía. En Valledupar, Abelardo dijo: "Igual de mafiosos han sido y son Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, Gacha", y nombró a "Timochenko", según La FM. Al día siguiente, Londoño le reclamó a Posada por violar la reserva del proceso, según Semana.

La CIDH le otorgó medidas cautelares a un exintegrante del Ejército, identificado solo con sus iniciales, según el comunicado de la Comisión. Compareció ante la JEP en el caso de los falsos positivos de la Costa Caribe, reconoció responsabilidad en 37 homicidios y, según la solicitud, aportó información que involucraría a altos mandos militares. Desde 2023 habría sufrido dos atentados, intimidaciones y seguimientos. El 14 de julio de 2026 alguien le entregó a su escolta un panfleto y dos cartuchos, con la exigencia de no mencionar a otras personas ni seguir hablando ante la JEP. La Comisión reconoció que el Estado le dio un esquema de protección, pero concluyó que su vida sigue en "grave riesgo" y le pidió a Colombia que pueda seguir declarando "en condiciones de seguridad".

Caracol Radio conoció tres cartas en las que abogados de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que la nota no nombra, piden protección internacional para cerca de 300.000 víctimas acreditadas en los 11 macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En dos, le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para las víctimas que participan en la JEP y en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Alegan el recorte que les hace a las dos el presupuesto de 2027 que discute el Congreso y el proyecto de acto legislativo 04 de 2026, que pondría a la justicia penal militar a revisar de manera automática las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública. En la tercera le dicen a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que esos hechos comprometen la independencia, la autonomía y la sostenibilidad financiera de la JEP, y que el Estado incumple el acuerdo de cooperación que firmó con esa Fiscalía el 28 de octubre de 2021. Según Caracol, las cartas se suman a otras comunicaciones de exintegrantes de la Fuerza Pública que piden proteger a la JEP; la senadora María Clara Posada denunció que funcionarios del tribunal presionan a militares para que le pidan medidas a la CIDH.

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, escribe en su columna de El Espectador que discutir si la Jurisdicción Especial para la Paz debe ajustar sus gastos es legítimo, pero que otra cosa es que "el gobierno y su coalición utilicen el instrumento fiscal como un ataque contra esta jurisdicción, que no les gusta". Al recorte le suma dos reformas: la que cerraría la JEP en marzo de 2028 y no en 2033, que dejaría sin sentencia macrocasos como el de violencia sexual, y la que permitiría que la justicia penal militar revise y revoque las condenas contra militares, que le parece "inaceptable". Advierte que ese "triple recorte" (presupuestal, de tiempo y de competencias) podría llevar a la Corte Penal Internacional a abrir un caso formal en Colombia, sobre todo contra militares. Reconoce que Dejusticia le ha criticado a la JEP sus demoras y su tentación de expandirse, pero pide que se retiren "estas dos inaceptables reformas constitucionales".

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez, le respondió en nombre del expresidente al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, por sus declaraciones recientes sobre el recorte al presupuesto del tribunal, según Semana. Dijo que la rendición de cuentas "no constituye, de ninguna manera, un ataque a la justicia transicional" y que la competencia de la JEP no puede extenderse "por vía discursiva" ni usarse para presionar a quienes están por fuera de ella, "menos aún quienes han ostentado la condición de jefes de Estado y están amparados por el fuero presidencial". Le reprochó a Ramelli sugerir que la pelea por la plata podría reactivar actuaciones ante la Corte Penal Internacional: "Tal afirmación desconoce que la CPI solo interviene, bajo los principios de complementariedad y subsidiariedad, cuando el Estado no puede o no quiere investigar y juzgar los crímenes de su competencia". Ramelli había dicho que la JEP llevaría a la ONU y a la Corte Penal Internacional lo que llamó "el más grave ataque" en su contra.

El presidente Abelardo de la Espriella respondió a la carta con la que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, alertó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el proyecto de recortarle presupuesto al tribunal. En un mensaje largo en X escribió: "No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación" y sostuvo que fijar el presupuesto "no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando". Puso las cifras de la pelea: la JEP pidió $947.642 millones para 2027 y el proyecto le asignó $821.803 millones, después de operar este año con cerca de $744.659 millones. "Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo", escribió. Del presupuesto del tribunal pasó al bolsillo de su presidente: dijo que Ramelli subió de unos $32 millones mensuales en 2018 a más de $55 millones, con "ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos" desde que es magistrado, y atribuyó esas cifras a lo difundido "en el debate público". Cerró con que "una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar".

El mismo día en que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, denunció "el más grave ataque" contra el tribunal por la propuesta de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, Semana publicó una nota titulada "Revelan que presidente de la JEP ha ganado casi 4.500 millones de pesos desde 2018: hoy hace llamados por recorte presupuestal". La revelación era un trino de Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación Libremente, con los ingresos brutos estimados de Ramelli: de $32 millones mensuales en 2018 a $55,3 millones como presidente de la JEP. Semana reprodujo la crítica de Armel, según la cual el tribunal ha logrado "tres fallos" en "estos 10 años", todos "beneficiosos para los criminales de las Farc", y no incluyó ninguna respuesta de la JEP. Lo que la nota no cuenta es que ese sueldo no lo fija la JEP ni es una excepción: desde el Decreto 1760 de 2017, los magistrados del Tribunal para la Paz, como Ramelli, tienen "el mismo régimen salarial y prestacional vigente para los Magistrados de las Altas Cortes".

El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, propuso en el Congreso trasladar $100.000 millones del presupuesto de 2027 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la rama judicial y el presidente Abelardo de la Espriella le respondió en X: "¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!". Al día siguiente, según El Espectador, Gómez anunció que irá más lejos: un acto legislativo para que la JEP no se prorrogue y para que los cinco años de su fase de juicio los asuma Justicia y Paz. Dijo que el tribunal "se ha vuelto un fortín burocrático" y le reprochó tener "solo cuatro fallos". Álvaro Uribe Vélez, con quien Gómez se ha enfrentado en las últimas semanas, lo apoyó: escribió que la JEP tiene "tanto presupuesto para maltratar a los militares" y para "buscar afanosamente testigos contra mí".

En su último día, el Gobierno de Gustavo Petro le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que volviera a evaluar el caso de Colombia, como cuenta La Silla Vacía. Alegó "un cambio significativo en las circunstancias" y le pidió "en caso de que se cumpla el umbral legal, abrir una investigación sobre delitos pasados y en curso". Ni la Presidencia ni la Cancillería ni el Ministerio de Justicia lo dijeron en dos meses: se supo en octubre, cuando la Corte publicó una disputa entre sus jueces y su Fiscalía. Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares desestimaron la denuncia porque habla de "riesgos especulativos y escenarios hipotéticos" y el fiscal encargado apeló. La denuncia no se ha publicado y no se sabe quién la firmó. Para La Silla Vacía, la jugada podría frenar las medidas del Gobierno de Abelardo contra la JEP, pero también golpear el modelo colombiano de justicia transicional.