24 de octubre de 2026

El senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz publicó en X el documento sobre minerales críticos y tierras raras que Colombia y Estados Unidos firmaron el 8 de septiembre en Barranquilla. Dice que se lo ocultaron al país durante más de un mes. Dice que Abelardo de la Espriella "firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros" de Estados Unidos y que el país "se obliga a notificar a EE.UU. antes de vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras". El documento, de cuatro páginas, dice menos: dice que "se espera" que Colombia avise a Estados Unidos de las oportunidades de inversión en esos minerales, y que el marco "no constituye ni crea derechos u obligaciones". Sí prevé acelerar, simplificar o desregular los permisos mineros y cooperar en el mapeo geológico, pero no menciona el fracking, que el senador sí menciona, como también anota Infobae. Lo firmaron Omar Bula, como canciller, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El 16 de octubre, un juez le había dado a la Presidencia 48 horas para entregar esos memorandos al representante José Luis Bohórquez.

Luis Eduardo Saavedra Ramírez marcó "No" cuando su declaración de conflictos de interés le preguntó si tenía participación en sociedades, como mostró la periodista Sofy Casas en X. Saavedra es socio de Alejandro Villanueva, mitad y mitad, en Sophia Publicidad y Política, como contó Semana con el certificado de la Cámara de Comercio. La declaración la publicó el 6 de septiembre ante Función Pública como contratista del Ministerio del Interior. El Secop registra que ese ministerio, cuando lo dirigía Rodrigo Lara, lo contrató el 6 de octubre por $54.944.833. En la declaración aparece como su compañera permanente Tatiana Osorio, que Casas identifica como Tatiana Paola Osorio Martínez, representante legal de Sophia. En el Secop, una Tatiana Paola Osorio Martínez tiene con la UNP un contrato de $121.200.000 para todo 2026, firmado en enero, en el gobierno de Gustavo Petro. Desde 2018 ha firmado otros 11 con esa entidad y el 28 de julio firmó uno de $39 millones con la Agencia Nacional de Tierras. La cuenta abelardista R3ntas anunció en un video que pondrá una queja en la Procuraduría por esa declaración. En el mismo video le reprochó al influenciador abelardista Vincent Ramos haber mostrado como contrato de Sophia un formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES). En los datos abiertos del Secop II no aparece ningún contrato a nombre de Sophia.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes tres hojas de vida para jefes de oficinas de control interno. Alejandro Marín Cañón, ingeniero industrial, aspira a la del Ministerio de Transporte (hoja de vida). Es profesional de la Oficina de Control Interno del Metro de Bogotá desde octubre de 2021 y antes fue contratista de esa oficina. Marjorie Molina Bonilla, administradora de empresas, aspira a la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (hoja de vida). Es consultora de control interno en Observanz Consultores desde 2024, dirigió el control interno de Serlefin de 2019 a 2022 y declara 11 años de experiencia, todos en el sector privado. Ana Lucía Bacares Toledo, administradora de empresas con maestría en gestión pública, aspira a la del Departamento Administrativo de la Función Pública (hoja de vida). Es jefa de control interno del Jardín Botánico de Bogotá desde enero de 2026. Antes lo fue del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), de 2022 a 2025, como consta también en su registro del SIGEP.

Semana publicó la denuncia que la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez presentó en la Fiscalía. En ella ratifica lo que contó del pacto de Valledupar y relata que el 13 de enero Gustavo Petro la llamó a su oficina hacia las 11 de la noche: "me empieza a insultar durante una hora". Dice también que Petro le ordenó nombrar a Juliana Guerrero viceministra de la Juventud y que, cuando ella le dijo que no cumplía los requisitos, él le respondió que le tenía envidia. Cuenta que un exfuncionario de la UIAF le hizo la seña de un arma al preguntarle por qué no hablaban Olmedo López y Papá Pitufo. Rodríguez cree que la Fiscalía no hará nada. El abogado de Petro la denunció tres veces por lo que ha dicho.

En una entrevista de portada con Semana, el vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió "la peor herencia económica en la historia de Colombia que cualquier otro gobierno haya recibido de su antecesor". Dijo que la deuda subió más de 50 % entre 2022 y 2026, de $800 billones a más de $1.200 billones, y que heredaron una "bomba de tiempo" fiscal. "Dejaron al país jodido", dijo. Iván Cepeda le respondió en X: "El cinismo de José Manuel Restrepo es monumental". Le recordó que fue ministro de Hacienda de Iván Duque y dijo que el actual Gobierno "provocará el segundo estallido social", como contó Infobae.

El ministro del Interior designado, Alejandro Ordóñez, no se posesionará en lo que queda de octubre y posiblemente tampoco en la primera semana de noviembre, contó Semana. Llegará al país este fin de semana, todavía como embajador ante la OEA, con el secretario general del organismo, Albert Ramdin. Los dos se reunirían con Abelardo de la Espriella. Después volverá a Washington para entregar el cargo. Su hoja de vida tendrá que publicarse en la página de aspirantes de la Presidencia durante tres días hábiles. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, sigue encargado del Interior.

El vocero de la Presidencia, Miller Soto, presentó Energía Ya, el plan del Gobierno para evitar un apagón durante El Niño, con $2,7 billones, como cuenta El Espectador. De esa plata, $1,2 billones son el traslado del presupuesto de 2026 que el Gobierno ya le había pedido al Congreso. Los otros $1,5 billones son para sanear la deuda corriente de Air-e y capitalizar Dispac, dos distribuidoras de energía. Soto dijo que Abelardo de la Espriella fijó el 31 de diciembre como "fecha límite innegociable" para las medidas de choque, informó Infobae. El plan incluye ampliar la regasificadora de Cartagena y flexibilizar la operación de Hidroituango. Incluye además el incentivo de la Creg: quien reduzca su consumo más de 10 % frente a su meta tendrá un beneficio en la factura y quien lo aumente pagará un cobro adicional.