Presupuesto 2027

Con dos personas que han estado en reuniones privadas del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y del vicepresidente José Manuel Restrepo con inversionistas, La Silla Vacía reconstruyó el plan de ajuste del Gobierno: 2,2 % del PIB, unos $45 billones. El 75 % vendría de recortar gastos de funcionamiento, alrededor de $34 billones, entre ellos una nómina que Gómez considera inflada y unas 250 partidas de "otras transferencias". El otro 25 % serían ingresos nuevos, que el Gobierno llama "un ajuste de ingresos" y que los inversionistas entienden como una reforma tributaria, aunque Abelardo de la Espriella y su ministro han repetido que no subirán impuestos. Antes vendría la plata del FMI: la primera opción es una Línea de Precaución y Liquidez, que según cálculos del medio daría hasta 8.300 millones de dólares el primer año. La urgencia es la caja: los depósitos del Tesoro están en su nivel más bajo desde 2012, descontada la inflación, y antes de diciembre el Gobierno necesita colocar $26 billones de deuda. La ley del ajuste, que iba a llegar en septiembre, se presentaría después de aprobado el presupuesto, el 20 de octubre a lo más temprano.

Caracol Radio conoció tres cartas en las que abogados de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que la nota no nombra, piden protección internacional para cerca de 300.000 víctimas acreditadas en los 11 macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En dos, le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para las víctimas que participan en la JEP y en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Alegan el recorte que les hace a las dos el presupuesto de 2027 que discute el Congreso y el proyecto de acto legislativo 04 de 2026, que pondría a la justicia penal militar a revisar de manera automática las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública. En la tercera le dicen a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que esos hechos comprometen la independencia, la autonomía y la sostenibilidad financiera de la JEP, y que el Estado incumple el acuerdo de cooperación que firmó con esa Fiscalía el 28 de octubre de 2021. Según Caracol, las cartas se suman a otras comunicaciones de exintegrantes de la Fuerza Pública que piden proteger a la JEP; la senadora María Clara Posada denunció que funcionarios del tribunal presionan a militares para que le pidan medidas a la CIDH.

En campaña, Abelardo de la Espriella prometió que Colombia crecería al 7 %; su vicepresidente, José Manuel Restrepo, ya habla de 6 %. Los pronósticos no se acercan, según El País: Bancolombia rebajó su proyección para 2027 de 2,6 % a 2,4 %, BBVA Research espera 2,3 % y BTG Pactual 2 %, y, fuera del rebote que siguió a la pandemia, el país no crece por encima del 6 % desde 2011. El problema es que el ajuste de 2,2 puntos del PIB que prepara el Gobierno (unos $45 billones menos de gasto en 2027) le quita fuerza al motor que movió la economía con Gustavo Petro: según Lumen Economic Intelligence, el gasto público explica el 63 % del crecimiento de los últimos tres trimestres y sin él la economía habría crecido 1 % y no 2,7 %. El recorte cae además sobre la inversión, incluidos los subsidios a los más pobres. Y crecer poco también recauda poco: el presupuesto de 2027 calcula $298,2 billones en impuestos, 3,5 % menos de lo que proyectaba el gobierno anterior en julio, pero el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, insiste en que no subirá impuestos.

En su alocución del domingo, Abelardo de la Espriella anunció que les dio instrucciones al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y a todo el equipo económico para que "se pongan al frente de las conversaciones" con el Fondo Monetario Internacional y busquen una "salida negociada a la crisis que nos heredaron". Dijo que las finanzas públicas "ya no aguantan más" y que "el saldo está en rojo", y culpó al gobierno de Gustavo Petro, al que llamó "el régimen que me antecedió", de endeudar al país y despilfarrar el presupuesto. Es un giro: a finales de agosto, Gómez Martínez había descartado un rescate del FMI, recuerda El País. El diario también le responde al presidente, que atribuye la "aparente abundancia" de las calles a una economía paralela del narcotráfico: el turismo superó por primera vez al carbón, el desempleo ronda el 8 % y la pobreza multidimensional bajó de 12,9 % en 2022 a 9,9 % en 2025.

Por ahora no hay un crédito aprobado ni un programa acordado, y el Gobierno no ha dicho qué instrumento buscará, anota El Colombiano; Colombia canceló en octubre de 2025 la Línea de Crédito Flexible que tenía con el Fondo, sin haberla usado. Lo que sí está claro es la necesidad: sin ajuste, el déficit de 2027 llegaría al 9,4 % del PIB y el plan de financiamiento cuenta con cerca de $88 billones de deuda externa (unos 26.000 millones de dólares), un monto que el país nunca ha colocado y que Bank of America veía difícil de conseguir sin un programa del FMI, según Bloomberg Línea, que supo además que funcionarios del organismo vendrán al país en los próximos días. El Gobierno tampoco ha querido una reforma tributaria y apuesta a una ley de rescate que recortaría unos $45 billones del gasto en 2027, recuerda El Espectador.

"Ya no hay que hablar más de la JEP. El único mensaje claro es que aquí no se está asfixiando ninguna figura (...) más bien que trabajen, que hagan su trabajo", dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, en un video que publicó La Razón.co en Facebook. Según el medio, aseguró que el Gobierno no reducirá los recursos que la JEP ejecuta históricamente cada año y que el ajuste responde a la situación de las finanzas públicas. La JEP denuncia una estrategia de asfixia por el recorte de $170.000 millones que ese mismo día aprobaron en primer debate las comisiones económicas del Congreso.

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto de 2027 del Gobierno de Abelardo de la Espriella, de $634,9 billones, y lo mandaron a las plenarias, que tienen plazo hasta el 20 de octubre, según El Espectador. De las 614 proposiciones de los congresistas, que sumaban $111 billones, ninguna se discutió, según La Silla Vacía; la única que aceptó el Gobierno fue la del senador Enrique Gómez Martínez, hermano del ministro de Hacienda, para recortarle a la JEP, que terminó perdiendo $170.000 millones. También pasaron dos artículos que le permiten al Gobierno recoger excedentes de liquidez de las entidades y redimir antes de tiempo bonos de deuda sin pasar por el Congreso. "La fiesta fue muy larga. Ahora estamos obligados a pagar la cuenta", dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, según El Colombiano: de cada $100 del presupuesto, $86 se van en funcionamiento y deuda. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, celebró que la coalición de gobierno "está funcionando muy bien".

La discusión se ha concentrado en la JEP, pero el recorte es más grande. Un análisis de la Defensoría del Pueblo con cifras de Hacienda y de Planeación encontró que el proyecto de presupuesto del Gobierno de Abelardo de la Espriella destina $12,94 billones a la paz en 2027, $7,62 billones menos que en 2026 (un recorte del 37 %), según El Espectador. Las entidades que ejecutan el Acuerdo tendrían más plata para invertir, pero la parte marcada para cumplirlo caería casi a la mitad. La Agencia Nacional de Tierras perdería el 71,8 % de su plata para la paz y la inversión de la ARN para los excombatientes bajaría de $9.548 millones a $2.000 millones. "El presupuesto también es político", dijo Kyle Johnson, director de la Fundación Conflict Responses. El senador uribista Carlos Meisel respondió que el Acuerdo es fiscalmente inviable y que "apretarse el cinturón implica un esfuerzo de todos". El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto.

El senador uribista Carlos Meisel confirmó que la ponencia del presupuesto de 2027 para primer debate está lista y le recorta más de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que irían al deporte y a la Rama Judicial, según La Silla Vacía: "Hay un gran consenso en la reducción de la JEP y eso hay que anunciarse al país con claridad". Es más que los $100.000 millones que proponía Enrique Gómez Martínez y que el presidente Abelardo de la Espriella respaldó. El Gobierno le había asignado a la JEP $821.803 millones y el tribunal pedía $947.642 millones, según Infobae. Al recorte se sumó el representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de las curules de paz para las víctimas e hijo del exjefe paramilitar alias "Jorge 40". Propuso quitarle a la JEP $100.000 millones y pasarlos a los municipios PDET y a la Unidad para las Víctimas: "La JEP tiene más de 1.400 funcionarios, además 800 contratistas, y en diez años van tres sentencias". El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se está reuniendo con congresistas para defender los resultados del tribunal. Las comisiones tienen hasta el viernes 25 de septiembre para aprobar la ponencia.

Después de que el presidente Abelardo de la Espriella aplaudiera la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz, los críticos del tribunal llegaron en cascada. El exsenador José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) pidió "cancelar todos los contratistas de la JEP (cerca de 800) y que se deje solo su nómina, que de por sí es exagerada e inútil", y dijo que la planta es de 1.456 puestos y el presupuesto de este año, $744.658 millones, según Semana. Sofía Gaviria, de la Federación de Víctimas de Colombia, celebró el recorte; Ingrid Betancourt dijo que el tribunal ha sido ineficaz para garantizar la verdad y la reparación, y el exrepresentante Jaime Felipe Lozada pidió que se recorte "sustancialmente" si los resultados no justifican los recursos. La senadora María Clara Posada sumó su propia lista de lo que llamó "lujitos": $114.202 millones en el arriendo de la sede, $40.365 millones en la defensa jurídica de los desmovilizados de las Farc y $31.374 millones en operadores logísticos, según La FM. Ese mismo día la JEP salió a contar lo suyo con la etiqueta #YoCreoEnLaJEP: cerca del 92 % de los máximos responsables identificados ha reconocido su responsabilidad y, junto con la Unidad de Búsqueda, ha entregado 296 cuerpos, publicó el tribunal y recogió La Silla Vacía. La decisión queda en manos de las comisiones económicas del Congreso.

Abelardo de la Espriella ha insistido en que es "un hombre de palabra" y en campaña prometió no fallarles a los deportistas. Pero su primer proyecto de presupuesto le quitaría al Ministerio del Deporte unos $198.400 millones: de los $496.087 millones que la cartera tiene en 2026 pasaría a unos $297.700 millones en 2027, una caída del 40 %, según El Espectador. Sería el presupuesto más bajo del ministerio desde su creación en 2019, mientras el presupuesto general de la Nación crece 10,3 %. El golpe no cae sobre el costo de tener un ministerio (el funcionamiento subiría de unos $54.200 millones a unos $56.800 millones) sino sobre su capacidad de hacer deporte: la inversión caería 45,5 %, recreación y actividad física perdería el 62,5 % de sus recursos y la formación de deportistas, el 34,7 %. La ministra Juliana Gutiérrez defendió el ajuste como una decisión necesaria "para cuidar las finanzas del país". El presupuesto todavía puede cambiar en el Congreso.

En entrevista con Semana, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, dijo que encontró un faltante de $5,5 billones en las vigencias futuras de la ANI que debían entrar al presupuesto de 2027 y propone reprogramarlas con los concesionarios. Según ella, el Gobierno recibió cerca del 60 % de las vías nacionales del Invías en mal estado, litigios en la ANI por cerca de $18 billones y reclamaciones por $80 billones. "Si no resolvemos estos problemas, el sector transporte podría terminar quebrando las finanzas de la nación", dijo. Anunció que no subirán las tarifas de los peajes ni se cobrará valorización, que impulsará una reforma a la ley de APP y que reactivará el IVA CREI para que los pequeños transportadores renueven sus camiones. De las fotomultas dijo que serán "cámaras visibles para prevenir, no escondidas para cobrar". Del corredor interoceánico que retomó Abelardo de la Espriella dijo que está en prefactibilidad y que podría costar cerca de $100 billones.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dijo en la rendición de cuentas anual del tribunal que la JEP enfrenta "el más grave ataque" contra su independencia y autonomía. Se refería a dos iniciativas: la de Enrique Gómez Martínez de quitarle $100.000 millones del presupuesto de 2027, que Abelardo de la Espriella aplaudió, y la reforma constitucional que impulsa el senador Juan Fernando Caicedo Callejas, del Centro Democrático, para que la justicia penal militar revise de manera automática las sentencias de la JEP contra militares. Juntas, dijo, son una estrategia de "asfixia económica" y de sometimiento del tribunal. Según la JEP, citada por Cambio, el recorte de Gómez se llevaría el 62 % de una partida de $161.271 millones del proyecto de presupuesto y El Espectador precisa que el golpe caería sobre la compra de bienes y servicios. Según La Silla Vacía, sumado al que ya traía el presupuesto del Gobierno, dejaría a la JEP sin con qué operar. "Lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar", le dijo Ramelli a Caracol Radio. Para el Estado, en cambio, el ahorro es mínimo: los $100.000 millones son el 0,016 % de los $635 billones del presupuesto de 2027, calculó El País. Ramelli anunció que llevará el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH, a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le recordó al Gobierno y al Congreso que garantizar el funcionamiento de la JEP es "una obligación constitucional" y que "la decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución". Desde el otro lado, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió ir más lejos: recortarle a la JEP "por lo menos" la mitad del presupuesto, según Semana.

La ministra del Trabajo, Natalia López, advirtió en una reunión con la bancada del Centro Democrático y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, que al Gobierno le faltan hasta $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre. Colpensiones necesita cerca de $58 billones para cerrar el año y ese hueco, dijo, no tiene cómo cubrirse: "No está la plata, no están los recursos". El Ministerio le pidió a Hacienda garantizar el pago de esas dos mesadas del régimen de prima media, según La República.

La presión sigue en 2027: Colpensiones necesitará unos $96,8 billones, de los cuales cerca de $46 billones tendrían que salir de transferencias de la Nación, y el sector Trabajo arrastra el faltante de $4,84 billones que la ministra ya le había advertido al Congreso. Según Asofondos, el alza de 23 % del salario mínimo subió en unos $5 billones el aporte estatal a las pensiones de este año, que llegaría a cerca de $40 billones, informó El Colombiano. López dijo además que el Ministerio no tiene cómo sostener las cerca de 1.000 órdenes de prestación de servicios que heredó, porque se comen la plata de los programas de empleo.

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga analizó el proyecto de presupuesto de 2027 y concluyó que el déficit del Gobierno Nacional Central pasaría de 5,3 % del PIB en 2026 a 4,5 % en 2027, pero solo si se logra un ajuste tributario permanente equivalente a 1,4 % del PIB, según La República. Mientras tanto, los ingresos corrientes caerían de $337,3 billones a $315,1 billones, el servicio de la deuda subiría de $100,5 billones a $155,4 billones (24,5 % del presupuesto, el mayor peso en dos décadas) y la inversión bajaría de $89,5 billones a $87 billones. Para refinanciar la deuda y compensar la caída del recaudo, el proyecto contempla $238,6 billones en créditos. El centro de pensamiento calcula que cerca del 85 % del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles y propone una "reforma del Estado", con fusión de entidades y un presupuesto base cero.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que en octubre el Gobierno presentará una "ley de rescate" que no será una reforma tributaria sino "una ley fiscal": "la prioridad está en reducir el gasto, no los impuestos". En una entrevista con La República y La FM, publicada el 15 de septiembre de 2026, dijo que en esa ley irán la reducción gradual del 4x1.000 ("No lo podemos eliminar de la noche a la mañana") y que "la sobretasa y el impuesto al patrimonio de la reforma económica del año pasado tampoco van", y que el presupuesto de 2027 ya trae "más de $21 billones de austeridad", sobre todo en compras de "camionetas, computadores, papel". Un día antes, en Semana, había dicho que el Gobierno "no tiene cómo financiar 18 ministerios", que algunos se acabarán y otros se fusionarán, y que ve con buenos ojos bajarlos a 13, según Valora Analitik; lo que no quepa en el Plan de Desarrollo iría en una reforma del Estado en 2027. "Subir impuestos sería la última opción", dijo. A La República le contó además que irá a Nueva York a reunirse con bancos y fondos de inversión, que el Gobierno no puede "excluir ninguna opción" frente a la banca multilateral y que hay "instrucción del presidente" de liquidar rápido los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, donde, según él, "no hay inventarios".

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal publicó comunicado sobre el presupuesto de 2027 y lo primero que hace es reconocerle al Gobierno que las cuentas por fin se parecen a la realidad. Según el CARF, el primer proyecto, radicado el 29 de julio por el gobierno de Gustavo Petro, pedía $575,7 billones; las comisiones económicas del Congreso lo devolvieron el 11 de agosto, algo que no pasaba desde 2003; y el 27 de agosto el Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez Martínez presentó uno nuevo por $635 billones, el 29,9 % del PIB, que reconoce lo que faltaba en salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el fondo de combustibles.

Pero el CARF también prende la alarma. El déficit primario (lo que le falta al Gobierno para cubrir sus gastos sin contar los intereses de la deuda) se iría a 4,5 % del PIB, contra el 0,5 % que prometía el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El déficit total rondaría el 10 % del PIB y la deuda neta el 67,3 %, cerca del límite de la regla. Buena parte del aumento del presupuesto es deuda: el servicio de la deuda crece 54,7 % y el gasto sin deuda solo 5,3 %; los ingresos corrientes caen 7,4 % y se compensan con un 59,6 % más de recursos de capital, es decir, más créditos. Y hay riesgos que todavía no están contados: en salud faltarían unos $8,2 billones, las pensiones dependen de traslados al régimen público pese a que la ventana excepcional se cerró, los subsidios de energía bajan justo cuando asoma El Niño, y el costo del terremoto no está plenamente incorporado.