16 de septiembre de 2026

La investigación penal del "caso chatarra", en la que está mencionado el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pasó a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su fuero de ministro, informó Metropolitano. El caso es por la desaparición, cuando Beltrán era alcalde de Bucaramanga, de miles de bienes de la Oficina de Alumbrado Público (unos 760 postes metálicos, más de 21.000 luminarias, 431 reflectores y un transformador), y la denuncia habla de peculado por apropiación. La Contraloría de Bucaramanga, que empezó calculando un detrimento de $21 millones, consolidó en 2026 un proceso de responsabilidad fiscal por $46.626 millones. El testigo principal, Edgardo Rodríguez Herrera, que había empezado a colaborar con la Fiscalía, murió el 29 de mayo de 2026 de leptospirosis. Beltrán, uno de los hombres más cercanos a Abelardo de la Espriella, sostiene que es inocente y que lo persiguen por razones políticas.

Los senadores Julia Correa Nuttin y Juan Fernando Caicedo Callejas (los dos del Centro Democrático) radicaron un proyecto de ley que le daría a Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias por seis meses para "crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir, disolver y ordenar la liquidación" de ministerios y entidades nacionales, definir sus plantas de personal y mover el presupuesto entre ellas, según El Espectador. Hoy esos cambios tienen que pasar por el Congreso y el de los ministerios exigiría un acto legislativo, o sea una reforma a la Constitución. El proyecto cobija los 18 ministerios, la Presidencia, Función Pública, Planeación, Inclusión Social y la dirección de inteligencia, y deja por fuera al Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones autónomas regionales. Caicedo puso la cifra: ahorrar "mínimo 2 % del Producto Interno Bruto", unos $42 billones. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya había dicho que le gustaría bajar los ministerios de 18 a 13, aunque el Gobierno todavía no tiene un plan concreto.

Estados Unidos dejó a Colombia en la lista de países que fallaron en la lucha antidrogas y, por primera vez en 21 años, sacó de ella a Venezuela, por "los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez", según el Departamento de Estado. ¿Qué hizo Caracas que Bogotá no? Nada, según los analistas que consultó El Espectador. "La certificación no está basada en estadísticas de desempeño", dijo Daniel Rico, de C-Análisis, que recuerda que en el gobierno de Gustavo Petro se suspendió el monitoreo de la coca: "Tanto EE. UU. como Colombia estamos a ciegas". Para Phil Gunson, de Crisis Group, la certificación es "un reflejo claro de la nueva relación política entre Washington y Caracas". El diario anota además que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, buscado por Estados Unidos, "sigue estando al frente de la seguridad del país".

Abelardo de la Espriella recibió el 16 de septiembre de 2026, en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, a representantes de 11 comunidades indígenas, en lo que presentó como el arranque de una hoja de ruta para el diálogo con esos pueblos. "Gobernar desde las regiones también significa escuchar, dialogar y llevar la presencia del Estado hasta cada comunidad", escribió. Ese mismo día, en el debate del presupuesto de 2027, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció un posible ajuste de los recursos que su cartera les gira a esas comunidades.

Según El Espectador, Lara dijo que en los asuntos indígenas se detectaron posibles irregularidades "con mínima o prácticamente ninguna trazabilidad" y que más de $350.000 millones en transferencias de ese tipo habrían servido para movilizar mingas durante el gobierno de Gustavo Petro. Para 2027 pidió $80.900 millones de inversión y $109.000 millones de funcionamiento para la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y aseguró que buscará un diálogo "amplio e incluyente" que evite la politización del proceso.

La ministra del Trabajo, Natalia López, advirtió en una reunión con la bancada del Centro Democrático y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, que al Gobierno le faltan hasta $5 billones para pagar las pensiones de noviembre y diciembre. Colpensiones necesita cerca de $58 billones para cerrar el año y ese hueco, dijo, no tiene cómo cubrirse: "No está la plata, no están los recursos". El Ministerio le pidió a Hacienda garantizar el pago de esas dos mesadas del régimen de prima media, según La República.

La presión sigue en 2027: Colpensiones necesitará unos $96,8 billones, de los cuales cerca de $46 billones tendrían que salir de transferencias de la Nación, y el sector Trabajo arrastra el faltante de $4,84 billones que la ministra ya le había advertido al Congreso. Según Asofondos, el alza de 23 % del salario mínimo subió en unos $5 billones el aporte estatal a las pensiones de este año, que llegaría a cerca de $40 billones, informó El Colombiano. López dijo además que el Ministerio no tiene cómo sostener las cerca de 1.000 órdenes de prestación de servicios que heredó, porque se comen la plata de los programas de empleo.

La Silla Vacía cruzó los registros de aspersión aérea con el área sembrada de coca que mide la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y concluyó que la fumigación, por sí sola, no reduce los cultivos. Al principio del Plan Colombia había que asperjar unas nueve hectáreas para eliminar una; al replicar esa metodología con los datos de 2003 a 2015, el medio calculó que hoy habría que asperjar unas 143 hectáreas para acabar con una sola de coca. Los cultivadores resiembran, protegen la mata o la "zoquean" (la cortan a 30 o 40 centímetros del suelo) y en dos o tres meses vuelve a producir.

El costo también pesa en un gobierno que prometió austeridad: entre 2005 y 2014 el Estado gastó cerca de $80 billones en aspersión aérea, unos $113 millones por hectárea asperjada a precios de 2026. Siguiendo la cuenta del estudio original, eliminar las 330.000 hectáreas de coca que hay hoy costaría casi $330 billones, casi todo el presupuesto de un año sin contar el servicio de la deuda. Los expertos consultados dudan de que salga tan caro y creen que focalizada en el Catatumbo, el sur de Nariño y el sur de Putumayo sí sirve, pero coinciden en que pierde fuerza con el tiempo y necesita una estrategia integral que el Gobierno de Abelardo de la Espriella todavía no ha mostrado.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, salió a responder en X por la cancelación de los premios del Programa Nacional de Estímulos con un hilo que abrió así: "La mentira y el silencio corrompen la verdad". Sostiene que el Ministerio heredó una deuda de $185.482 millones con corte a agosto de 2026, de los cuales $75.436 millones son el saldo pendiente con los ganadores de las convocatorias públicas, y que el Gobierno de Gustavo Petro empezó a girar menos de lo presupuestado desde febrero. El 14 de septiembre de 2026, cuenta, Hacienda liberó $40.000 millones con los que se está haciendo un primer pago a artistas, gestores y organizaciones.

El argumento de fondo es jurídico: la convocatoria se abrió el 26 de febrero de 2026, con la Resolución 0296, sin que esa administración dejara asegurados los recursos, "violando la ley y el Estatuto Orgánico del Presupuesto", que prohíbe comprometer plata sin respaldo en el Plan Anual Mensualizado de Caja. Por eso, dice, el Ministerio suspendió la evaluación: no están disponibles los $874 millones para pagarles a los jurados ni los $9.000 millones de los estímulos. "La Patria Milagro NO va a usar la estrategia del gobierno Petro", escribió, "la de expedir actos administrativos que otorguen estímulos sin contar con el flujo de caja necesario para realizar los pagos, porque eso es engañar a artistas, creadores y gestores".

El movimiento estudiantil está midiendo cómo responder al protocolo que Abelardo de la Espriella anunció para que la Policía entre a las universidades públicas y por ahora la consigna es la cautela: reaccionar puede darle al presidente la excusa para endurecer la ofensiva. "Hay que responder con cabeza fría a las provocaciones. Ellos tienen la esperanza de que les confirmemos sus sesgos para justificar el uso de la fuerza", le dijo a El País Juan Manuel Muñoz, representante en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, que reconoce que "hay mucho miedo". Gabriela Delgado, su homóloga en la Universidad Nacional, cuenta que por ahora harán jornadas culturales y que entre sus compañeros hay "mucho susto". Para ella se está volviendo a los años setenta, "donde solo por el hecho de cargar un carnet de estudiante de universidad pública eras visto como un enemigo".

Los tres líderes entrevistados (el tercero es Nicole Sinisterra, de la Universidad del Valle) reconocen que el movimiento llega debilitado, entre la "cooptación" del gobierno de Gustavo Petro y las divisiones que produjo. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, lee el anuncio de otro modo: cree que el mensaje va dirigido a los criminales que se infiltran en los campus y saluda el protocolo, aunque considera que la Policía debería quedarse en los alrededores. "No tiene efectividad que entren a los campus, persiguiendo a muchachos que se disgregan entre la multitud", dijo.

En la Comisión Primera de la Cámara, en medio del debate del Presupuesto General de 2027, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Andrés Ríos, dijo que la contratación por prestación de servicios de esa entidad creció 595 % entre 2022 y 2026, y que solo entre 2025 y 2026, "durante el marco del calendario de las elecciones legislativas y presidenciales", creció 228 %. "El Dapre se convirtió en uno de los mayores contrataderos del Estado", afirmó, y sostuvo que el 84 % de la contratación de todo el gobierno anterior fue directa: "Lo que debería ser una excepción a la regla terminó siendo una regla general".

Ríos, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, contó que ya suspendió los procesos de personal y de eventos ("nosotros misionalmente no tenemos que estar haciendo eventos") y le dijo al Congreso que no necesita más presupuesto, porque el Dapre liderará la reestructuración del Estado. Por esa oficina pasaron, en el gobierno de Gustavo Petro, Carlos Ramón González, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, recuerda El Espectador.

La Contraloría General de la República declaró "hechos de impacto nacional" lo que encontró en la Fiduprevisora, la fiduciaria que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio: pagos a proveedores de salud del Fomag por más de $4,4 billones que no tienen soportes ni evidencias, hechos durante las últimas cinco semanas del gobierno de Gustavo Petro. La delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, Jenny Lindo Díaz, dijo que también halló diferencias presupuestales en la liquidación de los contratos de administración del Fonpet y transferencias por más de $17.000 millones "a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos", objetadas por el propio revisor fiscal de la Fiduprevisora y giradas de todas maneras.

La declaratoria, que Lindo le pidió al contralor general Jorge Eliécer Laverde, le permite a la entidad asumir la investigación de inmediato y entregársela a su Unidad Anticorrupción, con más celeridad y custodia de las pruebas. No es el primer hallazgo sobre el mismo fondo: en julio de 2026 la Contraloría había determinado hallazgos fiscales por más de $176.000 millones en el Fomag por pagos de servicios médicos represados, sanciones y primas a docentes pensionados sin cumplir requisitos, según Infobae.