16 de septiembre de 2026

En una entrevista con Jhovanoty en el programa digital Piso 8, que Infobae recogió el 16 de septiembre de 2026, la exsenadora María Fernanda Cabal explicó por qué no hace parte del gabinete de Abelardo de la Espriella, a quien apoyó en segunda vuelta: "El presidente no quiere ministros que hagan política. Yo sigo haciendo política, yo sigo con mi aspiración de ser la primera mujer presidenta en el 2030". Cabal, que busca separarse del Centro Democrático, dijo que tendrá partido propio y soltó una frase que se leyó como un mensaje para Álvaro Uribe: "Por fortuna, en buena hora me liberé. Y no tengo jefes, ni razoneros, ni que me regañen a mi edad, que cumplí 60 años". También se quejó de "una falta de reconocimiento" en el partido, que dice haber defendido con cosas como el plantón que organizó frente a la Fiscalía por el proceso contra Óscar Iván Zuluaga.

Estados Unidos mantuvo por segundo año consecutivo a Colombia en la lista de países que, según el Departamento de Estado, han "fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones de control de drogas", de acuerdo con el memorando que Donald Trump le envió al Congreso de su país. La culpa, dice, es del gobierno anterior: el estatus se mantiene "solamente debido a la incompetencia y caos producidos por el Gobierno previo de extrema izquierda", y la coca llegó a niveles récord "bajo las políticas socialistas fracasadas" de Gustavo Petro, en la traducción de El País. Al mismo tiempo elogió a Abelardo de la Espriella: los militares, policías, fiscales y tribunales colombianos "finalmente tienen un defensor digno en el presidente de la Espriella", y considerará levantar la descertificación si en el próximo año hay avances en la erradicación de coca. Como en 2025, firmó una excepción que evita congelar la cooperación en seguridad. En contraste, sacó de la lista a Venezuela, que gobierna Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro.

El Tiempo reveló las cartas con las que la Dirección Nacional de Inteligencia del Gobierno de Gustavo Petro evaluó con el ELN un intercambio humanitario para liberar a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados desde mayo de 2025. En una de ellas, el Frente de Guerra Oriental pidió a cambio la libertad de cuatro presos: José Rosely Cruz Laverde, condenado por homicidio agravado; Ramiro Pulgarín Hernández, alias el Burro, a quien la Fiscalía vincula con asesinatos de más de 30 miembros de la fuerza pública y líderes sociales; Joel Quintero Uribe, alias Manteco, y Fredy Buitrago Parada. En septiembre de 2025, el ELN aceptó nombrar comisiones negociadoras en una carta a Jorge Arturo Lemus, entonces director de la DNI, y hubo una reunión en Arauca. Lemus puso límites: solo se podría estudiar la libertad de presos gravemente enfermos o mayores de 70 años, a cambio de la liberación sin condiciones de los secuestrados y de pruebas de supervivencia. Las conversaciones se suspendieron cuando se verificó quiénes eran los cuatro guerrilleros pedidos.

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga analizó el proyecto de presupuesto de 2027 y concluyó que el déficit del Gobierno Nacional Central pasaría de 5,3 % del PIB en 2026 a 4,5 % en 2027, pero solo si se logra un ajuste tributario permanente equivalente a 1,4 % del PIB, según La República. Mientras tanto, los ingresos corrientes caerían de $337,3 billones a $315,1 billones, el servicio de la deuda subiría de $100,5 billones a $155,4 billones (24,5 % del presupuesto, el mayor peso en dos décadas) y la inversión bajaría de $89,5 billones a $87 billones. Para refinanciar la deuda y compensar la caída del recaudo, el proyecto contempla $238,6 billones en créditos. El centro de pensamiento calcula que cerca del 85 % del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles y propone una "reforma del Estado", con fusión de entidades y un presupuesto base cero.

En un editorial, El Espectador le reclama a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por el "doble estándar" entre el caso de Juliana Guerrero, resuelto con una confesión y una decisión judicial en cinco meses, y el de Julián Bedoya, que "lleva años enredado y amenaza con quedar en la impunidad". Recuerda que la Corte Suprema lo llamó a indagatoria en 2021 por presentar y aprobar 16 exámenes en cuatro jornadas para graduarse de abogado, que la Universidad de Medellín le invalidó el título, que al perder el fuero en 2022 un fiscal dijo que no había mérito para investigarlo y que, aunque lo llamaron a juicio en 2024, el proceso se acerca a la prescripción. "¿Se trata, acaso, de sexismo, de sesgo en contra del Gobierno anterior o de una extraña protección al grupo político de Bedoya?", pregunta.