16 de septiembre de 2026

En un editorial, El Espectador le reclama a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por el "doble estándar" entre el caso de Juliana Guerrero, resuelto con una confesión y una decisión judicial en cinco meses, y el de Julián Bedoya, que "lleva años enredado y amenaza con quedar en la impunidad". Recuerda que la Corte Suprema lo llamó a indagatoria en 2021 por presentar y aprobar 16 exámenes en cuatro jornadas para graduarse de abogado, que la Universidad de Medellín le invalidó el título, que al perder el fuero en 2022 un fiscal dijo que no había mérito para investigarlo y que, aunque lo llamaron a juicio en 2024, el proceso se acerca a la prescripción. "¿Se trata, acaso, de sexismo, de sesgo en contra del Gobierno anterior o de una extraña protección al grupo político de Bedoya?", pregunta.

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga analizó el proyecto de presupuesto de 2027 y concluyó que el déficit del Gobierno Nacional Central pasaría de 5,3 % del PIB en 2026 a 4,5 % en 2027, pero solo si se logra un ajuste tributario permanente equivalente a 1,4 % del PIB, según La República. Mientras tanto, los ingresos corrientes caerían de $337,3 billones a $315,1 billones, el servicio de la deuda subiría de $100,5 billones a $155,4 billones (24,5 % del presupuesto, el mayor peso en dos décadas) y la inversión bajaría de $89,5 billones a $87 billones. Para refinanciar la deuda y compensar la caída del recaudo, el proyecto contempla $238,6 billones en créditos. El centro de pensamiento calcula que cerca del 85 % del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles y propone una "reforma del Estado", con fusión de entidades y un presupuesto base cero.

El Tiempo reveló las cartas con las que la Dirección Nacional de Inteligencia del Gobierno de Gustavo Petro evaluó con el ELN un intercambio humanitario para liberar a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados desde mayo de 2025. En una de ellas, el Frente de Guerra Oriental pidió a cambio la libertad de cuatro presos: José Rosely Cruz Laverde, condenado por homicidio agravado; Ramiro Pulgarín Hernández, alias el Burro, a quien la Fiscalía vincula con asesinatos de más de 30 miembros de la fuerza pública y líderes sociales; Joel Quintero Uribe, alias Manteco, y Fredy Buitrago Parada. En septiembre de 2025, el ELN aceptó nombrar comisiones negociadoras en una carta a Jorge Arturo Lemus, entonces director de la DNI, y hubo una reunión en Arauca. Lemus puso límites: solo se podría estudiar la libertad de presos gravemente enfermos o mayores de 70 años, a cambio de la liberación sin condiciones de los secuestrados y de pruebas de supervivencia. Las conversaciones se suspendieron cuando se verificó quiénes eran los cuatro guerrilleros pedidos.

Estados Unidos mantuvo por segundo año consecutivo a Colombia en la lista de países que, según el Departamento de Estado, han "fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones de control de drogas", de acuerdo con el memorando que Donald Trump le envió al Congreso de su país. La culpa, dice, es del gobierno anterior: el estatus se mantiene "solamente debido a la incompetencia y caos producidos por el Gobierno previo de extrema izquierda", y la coca llegó a niveles récord "bajo las políticas socialistas fracasadas" de Gustavo Petro, en la traducción de El País. Al mismo tiempo elogió a Abelardo de la Espriella: los militares, policías, fiscales y tribunales colombianos "finalmente tienen un defensor digno en el presidente de la Espriella", y considerará levantar la descertificación si hasta la próxima certificación, en 2027, hay avances en la erradicación de coca. Como en 2025, firmó una excepción que evita congelar la cooperación en seguridad. En contraste, sacó de la lista a Venezuela, que gobierna Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista con Jhovanoty en el programa digital Piso 8, que Infobae recogió el 16 de septiembre de 2026, la exsenadora María Fernanda Cabal explicó por qué no hace parte del gabinete de Abelardo de la Espriella, a quien apoyó en segunda vuelta: "El presidente no quiere ministros que hagan política. Yo sigo haciendo política, yo sigo con mi aspiración de ser la primera mujer presidenta en el 2030". Cabal, que busca separarse del Centro Democrático, dijo que tendrá partido propio y soltó una frase que se leyó como un mensaje para Álvaro Uribe: "Por fortuna, en buena hora me liberé. Y no tengo jefes, ni razoneros, ni que me regañen a mi edad, que cumplí 60 años". También se quejó de "una falta de reconocimiento" en el partido, que dice haber defendido con cosas como el plantón que organizó frente a la Fiscalía por el proceso contra Óscar Iván Zuluaga.

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión de los bombardeos en zonas donde pueda haber menores reclutados, pero le puso condiciones al Gobierno: cuando exista información "cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes, la planeación y ejecución de las operaciones aéreas debe aplicar un "estándar reforzado de precaución", que obliga a contrastar la inteligencia, valorar el riesgo previsible, examinar alternativas menos lesivas y aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de autorizar el ataque. La jueza escribió que la respuesta adecuada "no consiste en elegir entre seguridad o derechos de los niños, niñas y/o adolescentes" y que "las reglas humanitarias no desaparecen frente a la gravedad de la conducta del adversario".

El fallo también descarta la prohibición absoluta: la vinculación de un menor con un grupo armado, su presencia física en el campamento o su uniforme no bastan para convertirlo en objetivo militar, pero tampoco blindan la operación, y cada caso debe examinarse a la luz del Derecho Internacional Humanitario. El juzgado le pidió además al ICBF reforzar la atención de los menores que salen de grupos armados, y a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hacerle seguimiento a todo.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, les dijo a pacientes, hospitales y clínicas en las últimas reuniones del Ministerio que los $10 billones del plan de choque que Abelardo de la Espriella prometió en campaña no están disponibles, y que lo más probable, si nada extraordinario pasa, es que no lo estén en lo que queda del año. "No vemos los recursos asignados, ni la forma de asignarlos ni el tiempo estimado", le dijo a El Espectador Néstor Álvarez Lara, presidente de Pacientes de Alto Costo. El analista Alejandro Escobar, de la firma Sectorial, lo dijo más corto: "Los $10 billones no los veo por ningún lado".

El Ministerio sí presentó la ruta del plan: clasificar a los pacientes por riesgo (318.094 afiliados con 844.952 registros de medicamentos pendientes están en criticidad "muy alta", y hay 109.062 gestantes sin control prenatal por más de 45 días), gestionar la entrega y verificar después que el tratamiento siguiera. Sin plata, dicen los consultados, eso queda en un diagnóstico más. A eso se suman dos frentes: el presupuesto de salud de 2027 crece 1,8 % mientras Sectorial calcula que necesitaría 16,9 %, y el Gobierno le respondió al sector que no le pedirá a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucional en salud, algo que la propia Vesga respaldaba cuando presidía Acemi. El Ministerio no contestó las preguntas del diario sobre el financiamiento del plan.

RTVC, que administra Señal Colombia, el Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, pasó de 280 contratos en 2023 a 3.382 en 2025, un aumento de 1.108 %, y entre enero y agosto de 2026 ya sumaba 1.556. El valor contratado creció de $39.800 millones en 2022 a $332.700 millones en 2025, a precios constantes de 2026: un 736 %, más de ocho veces. Son los hallazgos del primer informe del Sistema de Alertas Públicas Optimizadas, la herramienta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que busca variaciones inusuales en el uso de recursos públicos, reseñado por Infobae.

El Observatorio insiste en que una alerta no prueba una irregularidad. De los 7.150 contratos revisados entre 2022 y 2026, el 63 % sigue en ejecución y el 29 % aparece modificado; los tres proveedores más grandes concentraron $212.400 millones, el 27 % de todo lo contratado en el periodo. Y al buscar en MapaInversiones el programa de fortalecimiento de la televisión pública ($1,5 billones, vigente entre 2024 y 2027) no encontró contratación, supervisión ni interventoría asociadas: eso no demuestra que la plata no se haya ejecutado, aclara, pero con la información disponible no se puede seguir su rastro.

Abelardo de la Espriella posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales. La llamó "heroína" y le fijó la tarea en dos frases: "Trabajar por una educación de excelencia, que forme en conocimiento, valores, libertad y carácter a las nuevas generaciones" y, enseguida, "su Ministerio me ayudará a enderezar a aquellos que otros han querido torcer".

Hoyos fue procuradora delegada para la familia en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, ha intervenido judicialmente a favor de penalizar el aborto y sostuvo desde ese cargo que el Acuerdo de Paz con las Farc imponía la llamada "ideología de género". Como anota La Silla Vacía, la frase del presidente se enmarca en la misión que Morales se había puesto antes de irse (sacar esa supuesta ideología de los colegios) y en la "batalla cultural" que Abelardo anunció desde su discurso de posesión: "Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia".

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela informó que, pese a "limitadas mejoras", las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad "siguen intactas". Tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto de Nicolás Maduro hubo una caída significativa de las detenciones largas y las desapariciones forzadas, y cientos de presos políticos salieron libres, pero las leyes que criminalizan la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia conservan sus estructuras y no se ha hecho nada por desarmar a los colectivos, que la misión describe como un componente central del aparato represivo del Estado.

La misión documentó torturas contra detenidos por motivos políticos (intubación forzada, encierro prolongado en una cisterna subterránea sellada o en celdas minúsculas bajo tierra, exposición al frío, privación de alimentos) y un patrón de arrestos arbitrarios cortos para intimidar a activistas, periodistas y sociedad civil. "La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles", dijo su presidenta, Sofía Macher. El informe se conoció el mismo día en que Donald Trump sacó a Venezuela de la lista de países que fallan en la lucha antidrogas, por primera vez en más de 20 años, elogiando la cooperación del gobierno interino.