El bufete de Abelardo

Luisa Fernanda Sierra Aldana, aspirante a secretaria general del Icetex, declara en su hoja de vida que fue abogada externa y asesora jurídica de De la Espriella Lawyer Enterprise, el bufete de Abelardo, desde el 3 de octubre de 2008. La Presidencia publicó la hoja de vida en su página de aspirantes. No declara un contrato directo de $73 millones con el Senado, firmado el 11 de diciembre de 2025 para prestar servicios en la Presidencia de esa corporación, que sí está en el Secop II.

En enero de 2025, la esposa del empresario Jaime Vives Pinedo, que llegará a la presidencia de Coljuegos, contrató a De la Espriella Lawyers, el bufete que fundó Abelardo de la Espriella, para divorciarse y pagó $35,7 millones, según Cambio. Catorce meses después, sin acuerdo ni demanda, pidió terminar el contrato y que le devolvieran la plata. Como el bufete no le respondió, acudió a un juez. El representante legal de la firma, Carlos Sánchez Cortés, concuñado del presidente, le contestó al juzgado que sus contratos son "de medio y no de resultado", que se reunieron con la contraparte y propusieron acuerdos, y que fue ella quien pidió varias veces aplazar la demanda. Le ofrecieron terminar el contrato sin cobrarle la cláusula penal del 30 %, pero sin devolverle nada. Cuando ella firmó, al bufete lo representaba Andrés Barreto, hoy secretario jurídico de la Presidencia. Ni ella ni la firma le contestaron a Cambio.

Diana Bravo, la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que estuvo vinculada al bufete de Abelardo de la Espriella hasta julio y como abogada participó en procesos de interés de Alex Saab, tendrá que devolverle a una empresa fachada de Saab siete bienes que la Fiscalía le había ocupado para extinción de dominio, contó Daniel Coronell en Caracol Radio. El más conocido es una mansión de 3.740 metros cuadrados en el barrio Riomar de Barranquilla, avaluada en $28.000 millones y a nombre de Dubera SAS. Un juzgado de Barranquilla había ordenado devolver los bienes a comienzos de 2025, como informó El Espectador, y el 7 de septiembre el Tribunal Superior de Medellín lo confirmó en segunda y definitiva instancia: la Fiscalía no probó su origen ilícito y el tribunal aceptó como explicación contratos con el régimen de Nicolás Maduro por US$60 millones y US$293,9 millones. Ocho días después, Saab se declaró culpable en Miami de conspirar para lavar dinero y se comprometió a devolver US$195 millones del negocio de los CLAP. Desde la SAE, Bravo será quien ejecute la devolución, agrega Cambio.

En dos entrevistas de campaña, Abelardo de la Espriella dijo que Daniel Peñarredonda, al que "descubrió" a los 18 años y convirtió en socio de su firma, se había independizado "hace tres o cuatro años". Pero Peñarredonda todavía figuraba como socio de De la Espriella Lawyers el 16 de julio de 2025, el día en que Abelardo oficializó su aspiración, con el 3 % de la sociedad, según un documento tributario que obtuvo Cambio. En febrero de 2025, con el membrete del bufete, actuó como apoderado de Amir Luis Saab, hermano de Alex Saab, en una tutela. Y en abril de 2024 estuvo en primera fila en un acto político en Valencia (Venezuela) en el que Saab llamó a votar por Nicolás Maduro. Cambio encontró además que una visitante con el nombre de su hermana, Andrea Peñarredonda Gómez, a quien la esposa de Saab presentó en redes como parte de su equipo, entró al Palacio de San Carlos el 25 de agosto y el 2 de septiembre. Ni el bufete ni Peñarredonda respondieron.

Con el Decreto 1320, que firmaron Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, el Gobierno nombró a Wilson Caballero Ariza superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Caballero estuvo vinculado varios años a De la Espriella Lawyers Enterprise, el bufete del presidente, donde llevó procesos penales de relevancia nacional, según Valora Analitik, Vanguardia y Semana. Ahí defendió ante la Corte Suprema al exsenador Antonio Guerra de la Espriella, cuenta Vanguardia. Y en la campaña participó en actividades de respaldo político con Defensores de la Patria, según Valora Analitik. Un día antes, con el Decreto 1310, el Gobierno lo había puesto como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, según El Espectador. Se posesionó el 28 de agosto; el comunicado de la superintendencia destaca sus cerca de 16 años en la Fiscalía y no menciona el bufete.

El 12 de marzo de 2026, en un video en Facebook, el candidato Abelardo de la Espriella dijo: "No he vivido de la teta estatal". Cuestión Pública revisó los datos abiertos de contratación y encontró que su firma, De la Espriella Lawyers, ha tenido 12 convenios con entidades del Estado por un total de $3.603 millones. Dos de ellos son de este mismo año de campaña: uno del 23 de enero con la Alcaldía de Barranquilla, por $357 millones, para la defensa judicial y extrajudicial del Distrito, y otro del 26 de enero con la Gobernación del Atlántico, por $100 millones, para apoyar jurídicamente a su Secretaría General. El más antiguo empezó a ejecutarse el 1 de febrero de 2018, en el tramo final del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, y el de mayor valor fue con el Fondo de Adaptación, por $600 millones. Le siguen dos contratos con Hidroeléctrica Ituango, de $595 millones cada uno, firmados con tres meses de diferencia en 2019, y tres convenios consecutivos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre 2020 y 2022, por $560 millones en conjunto. Los reportes oficiales no registran multas, sanciones ni procesos de responsabilidad fiscal contra la firma por incumplimientos. La representación legal del bufete la ejerce hoy el abogado Carlos Javier Sánchez Cortés, mientras que De la Espriella figura como socio fundador y presidente de la junta directiva.