21 de septiembre de 2026

En dos entrevistas de campaña, Abelardo de la Espriella dijo que Daniel Peñarredonda, al que "descubrió" a los 18 años y convirtió en socio de su firma, se había independizado "hace tres o cuatro años". Pero Peñarredonda todavía figuraba como socio de De la Espriella Lawyers el 16 de julio de 2025, el día en que Abelardo oficializó su aspiración, con el 3 % de la sociedad, según un documento tributario que obtuvo Cambio. En febrero de 2025, con el membrete del bufete, actuó como apoderado de Amir Luis Saab, hermano de Alex Saab, en una tutela. Y en abril de 2024 estuvo en primera fila en un acto político en Valencia (Venezuela) en el que Saab llamó a votar por Nicolás Maduro. Cambio encontró además que una visitante con el nombre de su hermana, Andrea Peñarredonda Gómez, a quien la esposa de Saab presentó en redes como parte de su equipo, entró al Palacio de San Carlos el 25 de agosto y el 2 de septiembre. Ni el bufete ni Peñarredonda respondieron.

Camilo Iván Rincón León, contratista a cargo de la Subdirección Jurídica del Fenoge, denunció el 21 de septiembre ante la Fiscalía a la nueva directora del fondo, Melba Rocío Pérez Tuta, y a dos contratistas por presunta falsedad ideológica en documento público, según Cambio. Dice que una circular del 16 de septiembre anunció su salida del equipo aunque él nunca aceptó terminar su contrato, que vencía el 31 de diciembre, y que ese mismo día perdió el acceso al correo y a los documentos del fondo. Según la denuncia, el 27 de agosto la directora le pidió a él y a otra contratista terminar sus contratos con esta frase: "Tenemos una instrucción de que no podemos seguir trabajando con ninguno de ustedes" y les dijo que la instrucción venía de la Presidencia. La Fiduprevisora, que firmó el contrato, le devolvió a Pérez Tuta la solicitud de terminación porque no estaba claro qué documento debía firmar. Ella sostiene que la salida fue pactada en comunicaciones anteriores y reconoció que a Rincón le deben los honorarios de julio y agosto. Es la segunda denuncia contra ella: la primera fue por el aumento de 32 % en sus honorarios, al que renunció el 25 de septiembre.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barrancabermeja les ordenó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) cercar las zonas del corregimiento El Centro donde más se han visto hipopótamos y aislar del todo los alrededores del colegio de la vereda Tierradentro. También les ordenó poner avisos en la vía y vigilar con la Policía los caminos que usan los niños. Es una medida provisional dentro de una tutela de la Alcaldía de Barrancabermeja, cuyo secretario de Ambiente, Rafael Leonardo Granados Cárdenas, explica que el Distrito no tiene cómo actuar: "No podemos capturar, no podemos realizar más acciones, sino que le corresponde al Ministerio". El juzgado le dio la razón y escribió que al Ministerio le toca liderar y financiar "el manejo, control y captura de los especímenes", según Vanguardia. Granados contó además que su equipo vio una cría, señal de que los animales se están reproduciendo, según Metropolitano. El 20 de septiembre, el ministro Fabio Arjona había anunciado un plan de acción nuevo con las corporaciones y el Instituto Humboldt, aunque el país tiene uno reglamentado desde 2024 que incluye la caza de control, como recordó El Espectador. Es la medida que Arjona ya descartó.

Al cierre del consejo de ministros, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó poner en marcha la primera fase del plan de choque en salud, la promesa con la que dijo que estabilizaría el sistema en 90 días. Va dirigida a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, identificados a partir de los 1.220.142 reclamos que recibió la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y julio de 2026, un promedio de 5.755 diarios, de los cuales el 92 % son barreras de acceso. Según el comunicado con el que el Ministerio de Salud explicó después el plan, la primera fase prioriza a los pacientes con alto riesgo de hospitalización y a los que tienen cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH o diabetes insulinodependiente. Más de 700.000 esperan medicamentos y más de 300.000, procedimientos. El seguimiento de cada caso irá de septiembre a diciembre, contó El Espectador. Para financiarla, el presidente anunció "un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés" a las EPS, con un año de gracia, y advirtió que "esto no es un cheque en blanco para las EPS, no vamos a pagar dos veces un mismo servicio ni a reconocer nuevamente unos que ya hayan sido pagados", según El Espectador. Lo que no dijo es de dónde sale la plata: los $10 billones que prometió en campaña no están. La ministra de Salud, Ana María Vesga, ya se lo había dicho a las EPS y a los hospitales y, según La Silla Vacía, ahora dice que los está buscando. El Colombiano explica que la compra de cartera es que el Estado asuma las deudas de las EPS con hospitales y clínicas para darles liquidez, y el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, celebró el anuncio pero preguntó "bajo qué figura se hará la compra y qué entidad del Gobierno lo hará".

"Ningún ministro se puede reunir con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI", escribió en X la periodista Vicky Dávila, que dice que se lo confirmaron fuentes del Gobierno y que están evaluando ampliar el veto a los miembros de la junta. Lo cuenta quien lleva desde agosto pidiendo la salida de Mac Master: Dávila, una de las voces más cercanas a Abelardo de la Espriella, ha escrito que la ANDI "requiere una renovación y una modernización", que Mac Master es "el pasado" y que estaba "tambaleando". El 8 de septiembre la junta del gremio le renovó el respaldo hasta finales de 2027. Mac Master fue uno de los opositores más constantes del gobierno de Gustavo Petro y lleva 15 años al frente de la ANDI. Por ahora ella es la única fuente del veto.

La Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad a más de 15 exfuncionarios y allegados del gobierno de Gustavo Petro. Buena parte son integrantes del "Gabinete por la Vida", el grupo de exministros con el que Petro le hace control político al nuevo gobierno, según La Silla Vacía. Ahí están los exministros José Antonio Ocampo, Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo, el excomisionado de paz Otty Patiño y el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero. La medida cobija también a familiares y activistas: Pilar Rueda, funcionaria de la JEP y esposa del senador Iván Cepeda; la hija de la representante Aida Quilcué, y Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife, según El País de Cali. Jorge Arturo Lemus, que dirigió la Dirección Nacional de Inteligencia y estuvo encargado de la UIAF, le confirmó a La FM que ya lo notificaron, que va a apelar y que responsabiliza al Gobierno de Abelardo de la Espriella de lo que pueda pasarle. La entidad, que dirige Didier Blanco, dice que esto hace parte de la revisión de niveles de riesgo que empezó a finales de agosto sobre los esquemas del gobierno anterior; los notificados tienen 10 días para apelar y sus esquemas eran, por lo general, una camioneta blindada, dos escoltas y un chaleco antibalas.

La Presidencia publicó en su portal de aspirantes la hoja de vida de Tania Gilinski como designada para la embajada de Colombia en Israel, según La FM. Es hija de Isaac Gilinski Sragowicz, que fue embajador en ese mismo país entre 2010 y 2013, y hermana de Jaime Gilinski, dueño del Grupo Gilinski y del Banco GNB Sudameris, el que le prestó a la campaña de Abelardo de la Espriella los $17.500 millones que fueron su único ingreso reportado en la segunda vuelta. El hijo de Jaime, Gabriel Gilinski, es el dueño de Semana. La hoja de vida dice que la designada estudió Historia y Literatura en Wellesley College y una maestría en Relaciones Internacionales en Stanford, y que su carrera ha sido sobre todo privada: periodista, publicista y empresaria de contenidos para niños. Llega semanas después de que el Gobierno restableciera las relaciones con Israel, el 11 de agosto, y de que los dos países volvieran a quitarse la visa de turismo.

El presidente publicó una historia en su cuenta personal de Instagram mientras alistaba su traslado de Barranquilla a Bogotá y en el video se alcanza a ver el reloj: 6:13 a. m. Con ese dato, Semana tituló "Video reveló desde qué hora empieza a trabajar el presidente Abelardo De La Espriella" y armó una nota que describe "un llamativo dato" sobre su ritmo de trabajo. La segunda mitad de la nota es el comunicado de la Presidencia sobre la primera fase de inversión regional: $515.000 millones para 187 proyectos en 187 municipios, reproducido casi entero y sin contraparte. La revista no dice en ningún momento de dónde salió la historia ni por qué la hora a la que un presidente se levanta es noticia.

José Manuel Restrepo llegó a Nueva York como jefe de la delegación de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sesiona del 22 al 28 de septiembre, y leerá el discurso que normalmente presentan los jefes de Estado, porque el presidente prometió no viajar al exterior en sus cuatro años de mandato. Lo hará ante una organización que De la Espriella critica y subestima como una burocracia inútil, anota La Silla Vacía, que describe un vicepresidente con cinco misiones por decreto y sin presupuesto ni burocracia propia para cumplirlas. Su agenda en Nueva York está concentrada en reuniones con fondos soberanos para atraer inversión y en el prelanzamiento de las "Milagro Weeks". Antes de la Asamblea estuvo en una misa en la Catedral de San Patricio con la comunidad colombiana: "Elevamos una oración especial por las víctimas del terremoto y por sus familias", dijo, según Semana.

El gremio defendía un aumento de 15,6 % para la unidad de pago por capitación y el Gobierno decretó 12,94 %, una diferencia que según su presidente, Bruce Mac Master, deja un déficit de $3,7 billones, como cuenta La República. El problema se traslada al año entrante: el presupuesto de 2027 contempla $72,4 billones en aseguramiento, de los cuales $49,9 billones son aporte directo de la Nación, y con esa apropiación solo queda margen de 5 % para subir la UPC, cuando la ministra de Salud ya anticipó que el ajuste podría ser de 12 % o 13 %. El Ministerio de Salud pidió $13,9 billones más de los que quedaron radicados. A eso se suma el terremoto: hay 440 instituciones de salud afectadas, 19 que necesitan reconstrucción total por cerca de $900.000 millones y otras 100 que requieren adecuaciones mayores por unos $582.000 millones. "La política pública fija prioridades; el presupuesto determina su viabilidad", dijo Mac Master.