21 de septiembre de 2026

El día de la posesión, el presidente Abelardo de la Espriella dijo que libraría "una batalla cultural" para devolverle su papel protagónico a la familia tradicional, la misma que en campaña describió como la base de "una sociedad más fuerte, llena de valores y principios". El País recuerda que esa familia nunca fue la colombiana: Virginia Gutiérrez de Pineda, la etnóloga que está en el billete de $10.000, recorrió 18 departamentos durante 11 años y concluyó que el modelo no era el de "Jesús, María y José" sino el de la madre cabeza de hogar. Los datos van en esa dirección y se aceleran: los hogares de padre y madre eran cerca del 70 % en los 90, 56,7 % en 2019 y 51,3 % en 2025, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE; los de una sola persona pasaron del 17 % al 20 % en el mismo periodo, y hoy cerca del 46 % de los hogares los encabeza una mujer, de los cuales el 70 % son madres solteras. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que lidera el Ministerio de Salud, mide un salto todavía mayor: del 36,4 % de hogares con mujeres a cargo en 2015 al 55,6 % en 2025. Entre 2024 y 2025 nacieron 4,5 % menos bebés.

La Defensoría del Pueblo identificó 113 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre el 1 de enero y el 31 de agosto: el 58 % son niños y adolescentes y el 42 % niñas y adolescentes, según El Espectador. La cifra es mucho menor que las de 2024 (686 casos) y 2025 (435), pero la propia entidad advierte que eso no significa que el reclutamiento haya bajado: "Muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia" y hay menores que mueren en combates sin haber quedado registrados nunca como reclutados. El Estado Mayor Central aparece en el 26,5 % de los reportes, el Estado Mayor de Bloques y Frentes en el 21,2 % y el ELN en el 20,4 %. El Cauca concentra 35 casos y Norte de Santander 25, y el 24 % de los menores son indígenas, según La Silla Vacía, que recuerda además que Human Rights Watch documentó hace un mes más de 70 cuentas en Facebook y TikTok invitando a unirse a grupos armados.

Alberto Vergara era el director de Cumplimiento de Ecopetrol cuando se conoció la compra a precio de ganga del apartamento del entonces presidente de la empresa, Ricardo Roa, y fue el encargado de trabajar con las dos firmas estadounidenses (Miller & Chevalier y Covington & Burling) que investigaron su conducta para poder informarle a la Comisión de Valores de Estados Unidos, donde Ecopetrol cotiza. De ese trabajo salió el informe con las contradicciones de Roa sobre cómo pagó el apartamento y sobre su relación con el empresario Serafino Iacono. Vergara fue degradado y después retirado de la empresa, y ahora enfrenta una denuncia penal por haber dado dos entrevistas, una con Juan Pablo Calvás y otra con Daniel Coronell, en Caracol Radio. "Paradójicamente tiene hoy más problemas Alberto Vergara que los miembros de la Junta Directiva, que poco o nada hicieron ante los hallazgos de los investigadores estadounidenses", escribió Coronell.

Un documento que el Ministerio de Defensa le remitió a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, y que conoció Noticias RCN, cifra en unos $960.000 millones la deuda proyectada del sistema de salud de los militares y sus familias al 31 de diciembre. Del presupuesto de sanidad militar se habría ejecutado cerca del 60 % y buena parte de los recursos quedó comprometida por el gobierno anterior. No es el único faltante del sector: la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional enfrentaría un déficit de más de $809.000 millones y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares gestionó ante Hacienda una modificación por $22.606 millones para personal y operación. "El gobierno de Abelardo de la Espriella recibió un presupuesto mal hecho, mal elaborado y falso del gobierno de Gustavo Petro", le dijo a El Colombiano el representante Simón Molina, del movimiento Creemos. La cuenta llega mientras el Gobierno busca recortar $45 billones con su ley de ajuste fiscal y el Congreso ya aprobó el monto global de $634,9 billones para 2027.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, por boca de su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, plantea concentrar el recaudo en cuatro tributos que ya valen cerca del 95 % de los ingresos del Estado (renta, IVA, los gravámenes del comercio exterior y el 4x1.000) y desmontar los otros 15, que aportan el 5 % restante. "Tenemos otros 15 impuestos pequeños que distraen la fiscalización. La Dian no tiene cómo fiscalizar 19 impuestos", dijo en una entrevista con el director de El Tiempo, Andrés Mompotes, que recogió Portafolio. Y agregó: "Además, estos impuestos no solamente distraen la fiscalización, sino que estimulan la elusión". A largo plazo el Gobierno quiere quedarse con tres, porque también pretende bajar poco a poco el 4x1.000, que nació como temporal y hoy pesa demasiado en las cuentas para quitarlo de un tajo, y desmontar el impuesto al patrimonio con el argumento de no ahuyentar capitales, según Bloomberg Línea. Nada de eso pasa sin el Congreso, y no es la ley de rescate que llega en octubre: la reforma estructural está proyectada para 2027, todavía no tiene articulado y el Gobierno no ha dicho cuáles de los tributos pequeños desaparecerían, se fusionarían o se modificarían.

Roberto Solano, nombrado interventor de la Nueva EPS, la más grande del país, es cercano a Joaquín Gutiérrez, el empresario samario amigo del presidente que suena para la presidencia de Ecopetrol, según La Silla Vacía. Los dos se conocen a través del exsenador Luis Eduardo Diazgranados, que es amigo y primo de la esposa de Gutiérrez. "Roberto es llave llave de Joaco", le dijo al medio un político del charismo que conoce la relación, que pidió no ser nombrado. Gutiérrez, dice la nota, ha logrado posicionar aliados y familiares en cargos que le interesan, entre ellos la interventoría de la Nueva EPS y la presidencia de Coljuegos. El Ministerio de Salud es una de las carteras donde el presidente sí escogió un perfil técnico, la ministra Ana María Vesga, y aun así los intereses de sus amigos cercanos siguen pesando.

El penthouse 901 del edificio Entre Parques, en El Chicó, es la pieza central del proceso por tráfico de influencias contra Ricardo Roa, el expresidente de Ecopetrol. Roa y su pareja, Julián Caicedo, lo están arrendando: el periodista Ricardo Ospina publicó en su cuenta de X un video del recorrido por dentro. El caso es este: la Fiscalía lo imputó el 11 de marzo porque compró ese apartamento en $1.800 millones cuando estaba avaluado en más de $2.700 millones, y el intermediario del negocio fue Juan Guillermo Mancera, que al mismo tiempo representaba a Gaxi, la empresa interesada en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena de Hocol, filial de Ecopetrol. Según la fiscal del caso, Roa le dio la instrucción al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, de direccionar ese contrato hacia la empresa de Mancera, contó El Espectador. Roa se declaró inocente y su defensa sostiene que la compra fue legal, con recursos propios y créditos bancarios. La audiencia de acusación quedó aplazada hasta el 25 de noviembre, después de que la defensa pidiera la nulidad del proceso, y el juez admitió a Rojas como víctima, según Infobae.

La exsenadora Thania Vega de Plazas, del Centro Democrático, será la embajadora de Colombia en Perú: el beneplácito ya está otorgado, confirmó El Espectador. Es la esposa del general (r) Luis Alfonso Plazas Vega, al que Abelardo de la Espriella respaldó en los juicios por el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma del Palacio de Justicia de 1985, y que fue absuelto en Miami tres días antes. Vega estuvo en el Congreso entre 2014 y 2018 por la lista cerrada del partido de Álvaro Uribe, es hija del fallecido exministro de Defensa Miguel Vega Plazas y, según su hoja de vida, cursó Comunicación Social en la Javeriana sin terminar la carrera. La embajada en Lima llevaba mucho tiempo vacante y su llegada hace parte de la normalización de relaciones que se habló cuando una delegación del Gobierno viajó a la posesión de Keiko Fujimori. En el mismo movimiento, el exsenador uribista Juan Carlos Vélez Uribe recibió el beneplácito para la embajada en Ecuador. Los dos países tienen presidentes ideológicamente cercanos a Abelardo, y en la frontera sur se anunciaron operaciones conjuntas con Estados Unidos y Ecuador.

Ocho ministros y el vicepresidente José Manuel Restrepo habían confirmado su presencia en el Festival de las Ideas de Villa de Leyva y todos cancelaron a última hora, contó en X el periodista David Alandete. En el entorno cercano al Gobierno le explicaron el plantón por el "profundo malestar con la cobertura de El País": consideran que fue complaciente con Gustavo Petro y que ahora "se ha vuelto abiertamente hostil" con el nuevo Ejecutivo. El festival lo patrocina el Grupo Prisa, dueño de El País, y la cancelación dejó al grupo en un desconcierto absoluto y obligó a replantear buena parte de la agenda, contó la Fundación Paz y Reconciliación. Esa misma fundación recogió el tuit del escritor León Valencia, que estuvo en el festival: "ocho ministros del gobierno de Abelardo De la Espriella le hicieron el desplante al respetado Grupo Prisa".