Mordaza dentro del Gobierno

La Biblioteca Nacional tenía listo para la Feria del Libro de Fráncfort un estand con los temas "Casa Común" y "País de Libros", que el Ministerio de las Culturas mandó a aprobar a la Presidencia. La oficina de prensa de la Presidencia le devolvió otro diseño, el que lleva el eslogan del Gobierno, "La patria milagro", con la orden de no tocarle "ni un pelo", como cuenta Cambio con personas que conocen el proceso. La Biblioteca, que llevaba casi un mes sin directora titular, solo pudo pedir que corrigieran errores. Hasta este año el diseño lo hacía la Biblioteca. Los editores dicen que antes se lo presentaban al Consejo Nacional del Libro y que esta vez se decidió todo en la Presidencia. Julia Cristina Daza Noguera, que llegó a dirigir la Biblioteca el 1 de octubre, habló ese día del honor de sumarse "al proyecto de la Patria Milagro". La feria abrió el 7 de octubre con ese estand, y la editorial Laguna Libros dijo sentir "vergüenza".

Según fuentes de la Casa de Nariño citadas por El Espectador, Abelardo de la Espriella ordenó revisar cómo se eligen los perfiles para los altos cargos, después de que en 50 días de gobierno se cayeran seis nombramientos: Carlos René Montoya en Colpensiones, Ricardo Valencia en el DANE, Carlos Sepúlveda en Planeación Nacional, Magda Yolima Amaya y Silvana Beatriz Arbeláez en el Ministerio TIC, por su "pasado petrista", y Hannah Escobar en el Ministerio de Salud. La revisión incluiría, además de las hojas de vida, "su pasado digital, político e incluso sus declaraciones en torno a los temas" que le importan al Gobierno. Según el diario, Abelardo le llamó la atención a su círculo más cercano por los casos de Sepúlveda y Valencia, y varios de esos nombramientos se cayeron por la presión de las bases abelardistas en redes.

El economista y columnista Marc Hofstetter escribió en El Espectador que, a cinco semanas de ser posesionado, el gobierno de Abelardo de la Espriella acumula señales que sugieren el reemplazo del "sectarismo de una orilla por el de la otra". Arranca diciendo que el Gobierno que terminó en agosto fue "el gobierno más sectario que ha tenido Colombia desde el inicio del Frente Nacional" y de ahí enumera: la exclusión de expresidentes de la ceremonia de posesión; el retiro de la designación para dirigir el Departamento Nacional de Planeación, horas después de anunciada, porque el elegido había asesorado a Gobiernos anteriores; y la salida de la directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud, a la que le señalaron haber defendido el derecho al aborto. Menciona también la injerencia del Gobierno en el nombramiento de la dirección de un gremio, que se torció porque la elegida tenía como pareja a una figura incómoda para Palacio. Y cierra con el despido del director del DANE por decir que no tenía indicios para dudar de las cifras del Gobierno anterior: si ahora aparecieran errores en esas estadísticas, apunta, el anuncio ya no tendría credibilidad, porque el cargo parece traer el encargo de encontrarlos "so pena de despido".

Piedad Urdinola, que dirigió el DANE en el gobierno de Gustavo Petro, escribió en La República que el presupuesto recién aprobado deja a la entidad "con muchísimos menos recursos que el mínimo" que ella tuvo en cuatro años y preguntó si detrás de esa asfixia "existe un temor a un Dane fuerte, independiente y con altos estándares de calidad". Recordó que el Banco Mundial califica al DANE con 87,3 sobre 100 en su medición de desempeño de institutos de estadística y destaca que hace más con menos recursos que sus pares de la región. Sobre la salida del director Ricardo Valencia, el de menor duración en el cargo, sostuvo que el primer argumento de la Presidencia (no auditar las cifras recibidas) "desconoce la forma de producción del Dane", que sigue metodologías internacionales y controles internos y externos; y que el segundo (no pedir permiso para dar ruedas de prensa) choca con la Ley 2335 de 2023, que ella misma tramitó en el Congreso y que protege la autonomía de la entidad, incluida la divulgación. Advirtió, además, que está por desactualizarse el año base del PIB y que hace falta una nueva Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, de la que dependen la medición de la inflación y el cálculo de la pobreza monetaria.

Juan Daniel Oviedo, que dirigió el DANE en el gobierno de Iván Duque, estrenó columna en El Tiempo para pedirle a la entidad que explique quién decidió cancelar la rueda de prensa de la inflación de agosto y que publique cómo va a responder preguntas de ahora en adelante. Deja claro que el dato y sus soportes sí se publicaron y que no hay fundamento para dudar de la cifra: lo que exige explicación es la cancelación. Defiende que el DANE pueda cambiar el formato, pero no que la interlocución dependa de la conveniencia política, y le pide a Presidencia precisar los límites de la coordinación previa de entrevistas de la Directiva Presidencial 01, que la Fundación para la Libertad de Prensa ya advirtió que puede volverse un filtro de acceso a los funcionarios.

El lunes 7 de septiembre de 2026, el DANE canceló 30 minutos antes la rueda de prensa en la que iba a explicar la inflación de agosto. El dato se publicó a tiempo, pero sin nadie que respondiera preguntas. La Silla Vacía confirmó con una fuente de la entidad que la Presidencia llamó al director, Ricardo Valencia, para evitarla, porque iba en contra de la directiva que les prohíbe a las entidades del Estado dar declaraciones sin autorización del Gobierno, y que la instrucción se aplicará de forma indefinida: la siguiente rueda de prensa era la de desempleo. El DANE no es una entidad cualquiera en esto, porque tiene una ley de estadística que regula su independencia en la comunicación. Cancelar los encuentros con medios no es ilegal mientras el dato salga, pero deja en el aire qué tan independiente lo va a dejar este gobierno. Según el mismo medio, en la Presidencia también cayó mal que Valencia publicara un video explicando los resultados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres publicaba en su página un tablero interactivo con muertos, desaparecidos, heridos y viviendas afectadas por el terremoto. Dos días después lo bloqueó y desde entonces las cifras salen de boletines emitidos después de las declaraciones públicas del presidente, que no siempre coinciden con las de Medicina Legal. El periodista Ronny Suárez alcanzó a compartir el tablero el 12 de agosto y 42 minutos más tarde tuvo que avisar que ya no se podía abrir: "si estaba público, ¿por qué lo bloquean?". El Sindicato Colombiano de Periodistas lo llamó el primer acto de censura de este gobierno y recordó que ninguna norma, ni el decreto con el que se declaró el desastre, permite ese bloqueo. Claudia Julieta Duque, de la junta directiva del sindicato, lo resumió así a LatAm Journalism Review: "lo que se quiere es un monopolio informativo para dar a entender que se están haciendo cosas cuando en realidad hay muchas falencias que no están siendo corregidas".