5 de octubre de 2026

Nueve investigadores de cinco universidades, entre ellas la Javeriana, el Rosario y la Nacional, publicaron un documento que responde, uno por uno, nueve argumentos contra los impuestos a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados. Sale en medio del debate por el proyecto de Daniel Briceño y Carol Borda para tumbarlos, y lo difundió en X el periodista de salud Ronny Suárez. Sobre Colombia, citan dos estudios que asocian los impuestos con menos compras y precios más altos, uno que halló menos azúcar y sodio en 200 productos de tiendas de Bogotá y resultados preliminares sin caídas generalizadas del empleo. Reconocen también que, en otro análisis, la reducción de las ventas resultó "modesta y no significativa" y que hacen falta evaluaciones más amplias. Recomiendan eliminar exenciones como las del pan, el salchichón y las bebidas hidratantes, y subir el impuesto hasta que los precios reales de las bebidas azucaradas aumenten al menos 50 % en 2035, como propone la OMS. El documento lo financió Bloomberg Philanthropies.

Jomary Ortegón fue directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en el gobierno de Gustavo Petro y viceministra encargada en los primeros días de este. En X, le escribió al ministro Rodrigo Lara que esa dirección no tiene director en propiedad desde el 19 de agosto. Eso, según ella, paraliza "decisiones, compromisos y procesos, que no dan espera". También denunció "una verdadera masacre laboral": la terminación "unilateral y masiva" de contratos sin empalme. Y criticó que la reforma al decreto de la protesta diera "un tiempo mínimo para intervenciones ciudadanas": la memoria justificativa del borrador redujo a siete días el plazo para comentarios, que por regla general es de 15. El ministerio le respondió a El Tiempo que "hay una persona encargada, cumpliendo a cabalidad lo que dice la Ley" y que en los próximos días se posesionará alguien en propiedad.

Juan Gonzalo Ospina Serrano, el abogado que coordinó en España la campaña de Abelardo y que va como embajador ante Bélgica, declara en su hoja de vida cero años como servidor público. Su única experiencia es la de socio director de su bufete en España, desde agosto de 2020. Registra una licenciatura en Ciencias Políticas de 2014 y un posgrado en Derecho de 2020; Las2orillas había publicado que su bufete se fundó en 2016.

En el proyecto de presupuesto de 2027, los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 bajan de unos $6 billones a poco más de $1 billón, según La Silla Vacía. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, le había dicho al Congreso que se necesitan unos $6 billones y que la cuota asignada es de $1,4 billones. Según el Departamento Nacional de Planeación, es una desfinanciación del 77 %, la más alta de la historia.

Los expertos que consultó el medio creen que el golpe lo recibirán sobre todo las empresas de energía, a las que el Estado ya les debe unos $7,9 billones. Aun así, los gremios del sector le han dado un voto de confianza al Gobierno y uno de sus presidentes, José Camilo Manzur, de Asocodis, llegó a la junta de Ecopetrol.

"Ante esto están arrodillados al gobierno y callados", dice Edwin Palma, exministro de Energía de Gustavo Petro.

Cambio revisó las cuentas más afines a Abelardo en X: "Son diez cuentas y casi 5.000 publicaciones en 54 días". Entre el 7 de agosto y el 29 de septiembre encontró 73 casos en que dos o más de esas cuentas citaron una misma publicación, la mayoría con menos de una hora de diferencia.

By Viral 24, que se presenta como medio, firma sus notas con tres periodistas sin rastro digital y dice operar desde Estados Unidos.

En el código de Verídicos, una supuesta verificadora que salió a desmentir "Fakes que monta la izquierda hacia Abelardo", había permisos de administración para un correo de By Viral 24.

By Viral 24 negó la relación, pero reconoció que a su cuenta "se le asignó un rol de administración".

La Silla Vacía le respondió a Carlos Suárez que no considera enemigos a quienes cubre y que él no ha pedido ninguna rectificación. Sobre los $65.000 millones que influenciadores de la campaña atribuyen a Ecopetrol, aclaró que entre 2018 y 2021 fue Química Comercial Andina, de la familia León, la que le pagó esa suma a Ecopetrol por polietileno. Y dijo que, desde la junta de Ecopetrol, amenazar con usar información sobre el medio contradice que Suárez se declare impedido en los temas de la familia León.

El representante Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) dijo en un video que la directora del ICBF, Carolina Restrepo, contrató "a dedo a dos personas que financiaron su campaña" a la Cámara en 2022, 11 días después de llegar al cargo. Según Semana, Mondragón dice que Erika Jiménez donó $6 millones en especie y tiene un contrato de $25 millones, y que Cristian Mauricio Pinzón donó $36 millones y tiene uno de más de $17 millones.

Restrepo respondió en X: "Erika Jiménez ha sido mi secretaria privada desde hace 11 años". Y dijo que Pinzón trabaja con ella en su firma de abogados desde hace ocho años.

Según el Secop II, los dos firmaron el 21 de agosto contratos directos con la sede nacional del ICBF que vencen el 20 de octubre: Jiménez, uno de $25.688.955 con el despacho de la Dirección General, y Christiam Mauricio Pinzón López, uno de $17.691.407 para la Oficina Asesora Jurídica.