Los bombardeos de Abelardo

"Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33", escribió Abelardo de la Espriella en X. Dijo que habló con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y con la cúpula militar para autorizarla. Aviones Kfir y Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial atacaron hacia la una de la madrugada un campamento entre Tibú y El Tarra donde habría más de 20 disidentes, como cuenta El Tiempo. Uno de los objetivos era alias Andrey Avendaño, uno de los principales cabecillas del Frente 33, de las disidencias de alias Calarcá. En su primer balance, el diario contó cuatro cuerpos y 12 fusiles recuperados, y dijo que la Policía Judicial seguía excavando por si había más muertos. No se sabía si Andrey estaba entre ellos. Es el cuarto bombardeo del Gobierno y el segundo en el Catatumbo. Llega casi un mes después de que un juzgado levantara la suspensión de los bombardeos y exigiera extremar la precaución si hay menores, como recuerda Infobae. Abelardo prometió un informe "sobre el desarrollo y los resultados de esta operación militar" para el mismo día; hasta la madrugada del 12 de octubre su cuenta de X no lo mostraba.

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión de los bombardeos en zonas donde pueda haber menores reclutados, pero le puso condiciones al Gobierno: cuando exista información "cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes, la planeación y ejecución de las operaciones aéreas debe aplicar un "estándar reforzado de precaución", que obliga a contrastar la inteligencia, valorar el riesgo previsible, examinar alternativas menos lesivas y aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de autorizar el ataque. La jueza escribió que la respuesta adecuada "no consiste en elegir entre seguridad o derechos de los niños, niñas y/o adolescentes" y que "las reglas humanitarias no desaparecen frente a la gravedad de la conducta del adversario".

El fallo también descarta la prohibición absoluta: la vinculación de un menor con un grupo armado, su presencia física en el campamento o su uniforme no bastan para convertirlo en objetivo militar, pero tampoco blindan la operación, y cada caso debe examinarse a la luz del Derecho Internacional Humanitario. El juzgado le pidió además al ICBF reforzar la atención de los menores que salen de grupos armados, y a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hacerle seguimiento a todo.

La jueza 34 de familia de Bogotá dejó en firme la medida cautelar que suspende los bombardeos en zonas donde haya información cierta sobre la presencia de menores reclutados. Abelardo de la Espriella, sus ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y toda la cúpula militar (el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, más los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada) firmaron la impugnación contra la orden del 3 de septiembre. La jueza la declaró improcedente, aceptó estudiarla como una solicitud de revocatoria y concluyó que "no existen razones suficientes para revocar la medida decretada".

El Gobierno alegaba que no había urgencia ni certeza sobre una operación concreta ni un menor individualizado. El despacho respondió que en una etapa preliminar no se exige "un grado de certeza propio de la decisión definitiva" y que esperar a la sentencia final podría causar una "afectación irreversible". La jueza subrayó que su decisión "no comporta una paralización general de las operaciones militares", pues solo condiciona los ataques a verificar la información y a buscar alternativas menos lesivas.