23 de septiembre de 2026

En una columna para El Espectador, Juliana Bustamante Reyes, directora de Vértice, cuestiona el argumento con el que el Gobierno sacó a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, que copresidía hasta febrero de 2027: que participar no era prioritario porque el país ya tiene una jurisprudencia robusta a favor de las personas LGBTIQ+. Es, dice, el mismo cuerpo de derechos que Colombia invocó en 2024 para justificar que podía copresidirla. Según Caribe Afirmativo, que tenía la copresidencia por la sociedad civil, fuentes oficiales le dijeron que en el Gobierno se veía la coalición como un legado del gobierno anterior del que quería distanciarse. Retirarse antes de tiempo, escribe Bustamante, es "el incumplimiento de una palabra empeñada ante 44 países".

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertó en su último informe de seguimiento que a la Nación le está saliendo más caro endeudarse: las tasas de los TES subieron en promedio 40 puntos básicos en agosto y la caja en pesos del Gobierno cerró el mes en $15,1 billones, frente a $26,7 billones en julio, según La República. En septiembre siguió la presión: al 18, los TES a 10 años llegaron a 12,91 %, su nivel más alto desde la posesión de Abelardo de la Espriella. Para José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, el mercado leyó como una señal contradictoria que el Gobierno subiera el presupuesto de $575 billones a $635 billones después de criticar en campaña el del gobierno anterior por "derrochón". El servicio de la deuda pasaría de unos $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027, según Felipe Márquez Robledo, presidente de Acción Fiduciaria.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que la UNP no les eliminó los esquemas de seguridad a los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, sino que se los redujo a una "protección básica": "Usted no puede ser exministro y tener esquema de ministro", dijo, según El Colombiano. Cuestionó que exfuncionarios de hace ocho o 10 años y exsenadores mantengan camionetas blindadas y escoltas cuando su riesgo ya pasó y dijo que la idea es mandar a la calle a los policías que cuidan a quien no está en peligro. Entre los afectados están exintegrantes del gabinete de Petro como Antonio Sanguino, Germán Ávila, Guillermo Alfonso Jaramillo, Rosa Villavicencio, Daniel Quintero Calle y Carlos Carrillo, que dirigió la UNGRD. "El Gobierno reconoce riesgo extraordinario. La respuesta: ¡Un chaleco!", escribió Carrillo, que califica la decisión de política.

En casi 50 días de gobierno, Abelardo de la Espriella solo le ha presentado al Congreso dos proyectos de ley: el presupuesto de 2027 y uno para eliminar trámites en la creación de empresas, según El Espectador. El freno, según fuentes del propio Ejecutivo, está en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que revisa cada proyecto antes de que salga y que dirige Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio en el gobierno de Iván Duque y antiguo trabajador del bufete del presidente. Todavía no han llegado la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de competencias ni la que haría de Barranquilla la capital alterna; fuentes del Congreso y de Palacio le dijeron al diario que se presentarán la próxima semana. Mientras tanto, el Gobierno ha movido el grueso de sus cambios por decreto, que le permite saltarse parcialmente al Congreso.

El Ministerio de Ambiente anunció que el Plan de Manejo de Hipopótamos que dejó el gobierno anterior seguirá siendo la hoja de ruta y que lo reforzará con plata del sector privado, más entidades en el territorio y una aplicación para reportar avistamientos, según El Colombiano. El 20 de septiembre, el ministro Fabio Arjona había anunciado que haría un plan nuevo y la científica Nataly Castelblanco le respondió en X: "¡Ya hay un plan de acción respaldado por toda la ciencia disponible!", según El Espectador. Ese plan, reglamentado en 2024, tiene desde abril de 2026 un protocolo de eutanasia, la medida que Arjona había descartado al llegar al Ministerio y que ahora queda como último recurso. Queda un hueco: los $7.200 millones que el gobierno anterior prometió para ejecutarlo no le llegaron a Cornare, según El Colombiano.

Con la nueva junta directiva de Ecopetrol ya elegida, el camino quedó despejado para que el samario Joaquín Gutiérrez, amigo y jefe de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, sea el próximo presidente de la empresa, según La Silla Vacía. Esta vez la junta no contratará una firma cazatalentos para buscar candidatos, como hizo en 2023 antes de elegir a Ricardo Roa: la política de sucesión de la empresa no la obliga y los miembros de la junta alegan que ese proceso tomaría al menos dos meses más en plena amenaza de El Niño. Tres de los seis nuevos miembros son muy cercanos al presidente y la junta la preside Carlos Augusto Suárez Rojas, su estratega de campaña. Gutiérrez es administrador de empresas con especialización en gerencia de salud; sus negocios están en la salud y la construcción, lejos del tamaño de Ecopetrol, que tiene más de 19.000 empleados en su grupo y activos por $284 billones. Abelardo criticó que con Roa la empresa perdiera experticia técnica; un exmiembro de la junta le dijo a La Silla Vacía que los dos últimos presidentes de Ecopetrol se eligieron "prácticamente a dedo".

En la instalación del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, en Girón (Santander), el presidente Abelardo de la Espriella les habló a los magistrados de la Corte Constitucional: "Podemos discrepar", les dijo, pero prometió que nunca los va a maltratar ni a desconocer, porque "el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria", según El Espectador. Es el mismo presidente que el 13 de septiembre cuestionó en una alocución los fallos que le frenaron los bombardeos donde haya indicios de menores y la fumigación en el Putumayo. En el mismo discurso volvió contra el gobierno de Gustavo Petro, que según él "pretendió refundar la nación colombiana" con ideas "ajenas a nuestra tradición"; lo llamó "régimen social comunista", según El Tiempo.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, ofreció en plenaria las disculpas que le ordenó el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá por el espacio de "invocación y alabanza" en la posesión de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto, que según el fallo vulneró la neutralidad religiosa del Estado. Dijo que ese punto se incluyó en el orden del día "a petición de la Cancillería", según El Espectador, y que en los actos oficiales del Congreso se garantiza esa neutralidad. Es una versión distinta de la de Abelardo, que al disculparse el 30 de agosto dijo que la invocación la habían puesto las mesas directivas del Congreso. La Mesa Directiva impugnó el fallo el 1 de septiembre y se disculpó sin perjuicio de ese recurso, según El Tiempo. Henríquez terminó diciendo que seguirán trabajando "de la mano de Dios".

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y Aguilar no aceptó los cargos, según El Espectador. El caso es la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en Suaita, financiada en un 60 % con regalías. Según la Fiscalía, Aguilar autorizó en marzo de 2021 la compra de un predio de $551 millones con fuentes hídricas, bosque nativo y redes eléctricas, pese a las advertencias de un arquitecto de su Secretaría de Infraestructura, y en diciembre de 2022 firmó un contrato por $15.280 millones con estudios y diseños incompletos, que después recibió una adición de $6.500 millones. El plazo era de 12 meses, pero el contratista, la Unión Temporal Colucas 2022, solo hizo movimientos de tierra y la obra está suspendida desde febrero de 2024; después, la Corporación Autónoma Regional de Santander impuso una medida preventiva porque el 38 % de lo proyectado queda dentro de la franja forestal protectora, y el Departamento Nacional de Planeación suspendió los pagos de las regalías, según Metropolitano. Aguilar llegó a la Gobernación en 2019 por firmas, con el movimiento Siempre Santander y el aval del Partido Conservador, según Vanguardia; antes había sido senador por el PIN y por Opción Ciudadana. Es su segunda imputación ante la Corte Suprema: la primera fue por el plan de medios que su gobernación le contrató al canal regional TRO por más de $2.500 millones.