23 de septiembre de 2026

La Sala de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó medidas urgentes de salud para los niños wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, a partir de la inspección judicial que hizo entre el 26 y el 28 de agosto, según El Espectador. El hallazgo que la Sala calificó como el más grave son las denuncias de afectaciones psicosociales y posibles suicidios de niños en el asentamiento La Pista y en las comunidades de Cantawamana y Majayupana, en Maicao: le dio al Ministerio de Salud ocho días hábiles para una respuesta psicosocial. También ordenó brigadas médicas en al menos 60 comunidades dispersas y una jornada de registro civil para los niños sin documentos, porque los equipos médicos detectan la desnutrición y después las EPS no siguen los casos. Las cifras del Instituto Nacional de Salud que cita la Corte suman 49 muertes de menores de cinco años en lo corrido del año por desnutrición, infecciones respiratorias o diarrea, repartidas entre las EPS que los atienden. Al revisar el expediente, El Espectador encontró además que la Corte compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría porque, nueve años después de la sentencia, el Estado no sabe cuántos niños wayuu debe proteger. La misma inspección había llevado a la Corte a ordenar agua potable urgente para la comunidad de Jojoncito.

En el mismo hilo en el que dijo que Abelardo fue su abogado, el senador Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, les pasó la cuenta a los suyos. Dice que a Gustavo Petro "lo llenaron de chismes" en su contra y que, al comienzo del gobierno, el presidente les advirtió a sus ministros que no lo recibieran: "Jamás hizo semejante advertencia sobre Olmedo o Sneyder o cualquiera de los implicados en el desfalco de la UNGRD". Acusa a Nicolás Petro de haberlo señalado "de actos que nunca pasaron" en la pelea judicial de su divorcio con Day Vásquez, amiga de Escaf, y dice que la Corte no encontró pruebas y que nadie de la familia Petro le ha pedido disculpas. De Ángela Benedetti, hermana de Armando Benedetti, dice que habla en entrevistas de "Los Verónicos" porque "no pudo sacar provecho del gobierno como esperaba". Ella le respondió en un video: "La que no tiene velas en este entierro soy yo. En cambio, tú sí le sacaste bastante provecho", según Infobae.

La pistola que Abelardo de la Espriella llevó al cinto en Santa Marta llegó a la plenaria del Senado. La senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico (Amaranta Hank, el nombre con el que se hizo conocida), pidió que el Gobierno actúe "con inteligencia y no bajo los acelerados mandatos de un pequeñísimo hombre que necesita portar un arma sin tener la responsabilidad de hacerlo solo porque tiene que satisfacer su hombría", según Infobae. Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, respondió que el presidente sí necesita la pistola "porque va a la zona de candela" y se fue contra el expresidente: "Tal vez en las orgías del doctor Gustavo Petro en Palacio de Nariño no necesitaba una pistola, sino otro tipo de armamento". No presentó nada que sostuviera lo de las orgías. Dijo también que la discusión era una "cortina de humo" para tapar los escándalos de corrupción del gobierno de Petro, según Semana. Omaña le contestó con el abuelo de Gómez, el expresidente Laureano Gómez: "Que cambie la historia que su abuelo le heredó, que no sea usted también el monstruo de Colombia". Gómez la acusó de atacar su legado y su familia.

En el congreso de Andesco, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, dijo que hay 275 proyectos de generación de energía con más de un año de retraso, 33 de ellos con más de cuatro, y que el licenciamiento ambiental ya no será un obstáculo para los nuevos. "Todos los actores del sistema eléctrico está haciendo lo posible por evitar un apagón pero debo decir que somos vulnerables", dijo, según La República. A los gobernadores y alcaldes del Caribe que piden revisar los cobros a quienes gasten más energía (se aplican a partir del 10 % por encima de la meta de cada usuario) les dijo: "Yo sí le pido a los que viven en esta parte del país, a gobernadores y alcaldes que nos ayuden. No es capricho", según Infobae. Calculó el déficit de energía firme para 2026-2027 en 8,6 % y dijo que el pico de riesgo por El Niño llegará entre enero y marzo de 2027.

En la red de expertos de La Silla Vacía, Juan Camilo Herrera y Victoria Eugenia Soto, de Proesa, el centro de estudios de salud de la Universidad Icesi, proponen usar los impuestos saludables para ayudar a pagar la reconstrucción tras el terremoto, que según el Gobierno costará más de $30 billones. Calculan que en 2025 los impuestos al alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas y los ultraprocesados recaudaron cerca de $9,3 billones, y sostienen que la evidencia no respalda que subirlos dispare de manera automática el contrabando, la inflación o el desempleo. Señalan huecos por cerrar: los impuestos son el 62,76 % del precio de la cajetilla de cigarrillos más vendida, por debajo del 75 % de referencia de la OMS, y los líquidos de los cigarrillos electrónicos no tienen un impuesto selectivo equivalente. Su propuesta va en contravía de la de los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional), que radicaron un proyecto para tumbar el impuesto a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados.

Mientras la ciudad seguía cerrada, circularon en redes tres comunicados a nombre de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: uno, hecho con inteligencia artificial, anunciaba el fin del paro "por acuerdos llegados con el Gobierno"; otro decía que seguiría hasta la medianoche del jueves y un tercero, que sería indefinido, según El País. En un video de esa noche, hombres encapuchados con fusiles advirtieron que las restricciones solo terminarían cuando el Gobierno entregara el cuerpo de alias "Cholo". El alcalde, Carlos Pinedo, y la gobernadora, Margarita Guerra, hablaban de un regreso progresivo a la normalidad, pero la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Galicia le dijo al diario: "Fingir una falsa normalidad es una irresponsabilidad y una falta de respeto". Un conductor contó que los transportadores pagan extorsiones de $7.000 diarios y $100.000 más a fin de mes.

Carlos René Montoya, a quien la junta directiva de Colpensiones eligió presidente dos días antes, llegó a la Comisión Séptima del Senado a defender el presupuesto de la entidad y al comenzar le pidió a una funcionaria que expusiera los detalles; el secretario de la comisión le recordó que, si él no intervenía, la sesión tendría que volverse informal, según La Silla Vacía. "Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros", dijo Montoya. "Todos podemos aprender", le dijo el senador Duvalier Sánchez, que le pidió volver con su equipo a explicar cómo está la entidad. El periodista Jorge Espinosa publicó en X la intervención completa y escribió que Montoya demostró que no conoce la entidad ni entiende el sistema pensional, y que la bancada de gobierno quedó "muy preocupada". Su sueldo puede llegar a $62 millones al mes, según Infobae. Llega cuando Colpensiones le pidió a la Corte Constitucional aplazar un año la reforma pensional.

"Ya no hay que hablar más de la JEP. El único mensaje claro es que aquí no se está asfixiando ninguna figura (...) más bien que trabajen, que hagan su trabajo", dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino, en un video que publicó La Razón.co en Facebook. Según el medio, aseguró que el Gobierno no reducirá los recursos que la JEP ejecuta históricamente cada año y que el ajuste responde a la situación de las finanzas públicas. La JEP denuncia una estrategia de asfixia por el recorte de $170.000 millones que ese mismo día aprobaron en primer debate las comisiones económicas del Congreso.

En una columna para El Espectador, Juliana Bustamante Reyes, directora de Vértice, cuestiona el argumento con el que el Gobierno sacó a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, que copresidía hasta febrero de 2027: que participar no era prioritario porque el país ya tiene una jurisprudencia robusta a favor de las personas LGBTIQ+. Es, dice, el mismo cuerpo de derechos que Colombia invocó en 2024 para justificar que podía copresidirla. Según Caribe Afirmativo, que tenía la copresidencia por la sociedad civil, fuentes oficiales le dijeron que en el Gobierno se veía la coalición como un legado del gobierno anterior del que quería distanciarse. Retirarse antes de tiempo, escribe Bustamante, es "el incumplimiento de una palabra empeñada ante 44 países".

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertó en su último informe de seguimiento que a la Nación le está saliendo más caro endeudarse: las tasas de los TES subieron en promedio 40 puntos básicos en agosto y la caja en pesos del Gobierno cerró el mes en $15,1 billones, frente a $26,7 billones en julio, según La República. En septiembre siguió la presión: al 18, los TES a 10 años llegaron a 12,91 %, su nivel más alto desde la posesión de Abelardo de la Espriella. Para José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, el mercado leyó como una señal contradictoria que el Gobierno subiera el presupuesto de $575 billones a $635 billones después de criticar en campaña el del gobierno anterior por "derrochón". El servicio de la deuda pasaría de unos $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027, según Felipe Márquez Robledo, presidente de Acción Fiduciaria.