Santa Marta bajo ataque

En una entrevista con El Espectador, Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, explica que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son la versión más reciente de una sucesión de grupos armados que lleva 50 años en la vertiente norte de la Sierra. Con el paro armado de Santa Marta, dice, "desbordaron la capacidad de anticipación y reacción del distrito y de la gobernación". Allí, según Trejos, "no hay un colapso institucional, pero, tampoco, consolidación estatal: existe una especie de Estado en obra negra"; las cabeceras están bajo control de las autoridades y el campo, controlado o disputado por los grupos armados. Lo atribuye a un acuerdo tácito de las élites políticas y económicas de las capitales, que "aceptan 'el mal menor'" y ceden los territorios rurales a cambio de estabilidad en el centro. De la ofensiva de Abelardo de la Espriella dice que cumple una promesa de campaña y busca resultados rápidos, pero que sin una estrategia contra el control ilegal del territorio y de las rentas, sin planes para sustituir las economías ilegales y sin alcaldías y gobernaciones más fuertes "será muy difícil la recuperación permanente de los territorios afectados".

"Se equivoca el presidente De la Espriella si cree que los problemas de criminalidad y gobernanza de Santa Marta los va a resolver con una pistola en la cintura", escribe Guillermo Pérez Flórez en su columna de El País, sobre el recorrido armado de Abelardo durante el paro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Repasa medio siglo de patrones armados en la Sierra, desde la bonanza marimbera, y recuerda que Abelardo "conoce de cerca esa historia": fundó la Fundación Iniciativas por la Paz, que hizo foros con jefes paramilitares. Le advierte que el efecto mediático de la pistola es "como lanzar una luz de bengala" y que, cuando se vayan el Ejército y la Policía, "todo volverá a la 'normalidad'". Lo que Santa Marta necesita, concluye, "se llama Estado Social de Derecho. Y eso no lo representa una Glock 19 Gen5, semiautomática".

La Defensoría del Pueblo dijo en X que acompaña a la familia de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven que murió en el operativo contra alias "Cholo" y que, según su familia, era un civil sin relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Contó que gestionó ante la Fiscalía y Medicina Legal el acceso a la información y la entrega del cuerpo, que le ofreció a la familia su defensa pública y que "las autoridades competentes deben adelantar una investigación rigurosa que permita establecer qué ocurrió".

En el balance que hizo en Santa Marta después del fin del paro armado, horas antes de la posesión en Ecopetrol, Abelardo de la Espriella le asignó a Joaquín Gutiérrez Caballero una tarea más: "Joaquín es un hijo de esta tierra. Usted me responde porque todo esto se articule. Usted es el padrino de Santa Marta", le dijo, según El Espectador. Gutiérrez tendrá que hacerles seguimiento a los compromisos del Gobierno en el departamento: 2.055 mejoramientos de vivienda pendientes por $75.000 millones, la ampliación del aeropuerto de Santa Marta, $11.000 millones para el Hospital Julio Méndez y $17.968 millones para seis muelles turísticos, entre otros. Abelardo habló de "un plan maestro de 100 años" para la ciudad y descartó las plantas desalinizadoras: "Lo de las plantas desalinizadoras no va porque técnicamente no es viable". El Espectador se pregunta si atender este tipo de encargos está entre las funciones del presidente de Ecopetrol.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, anunciaron que el paro armado que decretaron tras la muerte de alias "Cholo" terminará el viernes 25 de septiembre; al comienzo habían dicho que duraría 48 horas, según La Silla Vacía. El jueves la ciudad empezó a reabrir: la plaza de mercado estaba abierta en un 90 %, según la Cámara de Comercio de Santa Marta, citada por Caracol Radio. El turismo, en cambio, ya perdió: la ocupación hotelera promedio no pasa del 33 %, frente al 49 % de la misma época de 2025, y Estados Unidos y Francia emitieron alertas de viaje, dijo a Blu Radio Omar García Silva, presidente de Cotelco Magdalena, que pidió "una política del Estado, no por momento, sino que sea permanente". Entre Neguanje y Palomino hay hoteles con ocupaciones que no superan el 15 %, según El Espectador.

Mientras la ciudad seguía cerrada, circularon en redes tres comunicados a nombre de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: uno, hecho con inteligencia artificial, anunciaba el fin del paro "por acuerdos llegados con el Gobierno"; otro decía que seguiría hasta la medianoche del jueves y un tercero, que sería indefinido, según El País. En un video de esa noche, hombres encapuchados con fusiles advirtieron que las restricciones solo terminarían cuando el Gobierno entregara el cuerpo de alias "Cholo". El alcalde, Carlos Pinedo, y la gobernadora, Margarita Guerra, hablaban de un regreso progresivo a la normalidad, pero la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Galicia le dijo al diario: "Fingir una falsa normalidad es una irresponsabilidad y una falta de respeto". Un conductor contó que los transportadores pagan extorsiones de $7.000 diarios y $100.000 más a fin de mes.

"La amenaza ya está controlada", dijo el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, a la salida del debate de la moción de censura en su contra, según El Colombiano. Habló de nueve capturados, de más de 1.500 policías y militares desplegados y de "un mal llamado paro armado" que en realidad sería la retaliación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Los Pachenca) por los golpes que han recibido. Ese mismo miércoles, Santa Marta seguía con el comercio cerrado, los colegios sin clases y el transporte público quieto: "Aunque el Gobierno ha intentado mostrar que la situación está controlada", las calles vacías muestran otra realidad, escribió El Espectador. Para el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, si el presidente Abelardo de la Espriella no logra resultados rápidos, "su imagen de mano dura va a empezar a deteriorarse", según La Silla Vacía.

El presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), Emerson Aguirre, contó en Blu Radio que en las fincas de la Zona Bananera han visto hombres con armas largas y que hay robos y quemas de empacadoras. Además, los Pachenca y el Clan del Golfo extorsionan a los mismos productores: si un grupo se entera de que alguien le pagó al otro, le exige pagar también. Para sacar más de 30 contenedores por el puerto de Santa Marta durante el paro armado, los bananeros tuvieron que pedirle escolta al Ejército. Aguirre le pidió al Gobierno un batallón de alta montaña permanente en Prado Sevilla, cerca de Zona Bananera, y créditos a largo plazo para aguantar la revaluación del peso y la llegada de El Niño. En la zona hay cerca de 17.000 hectáreas de banano que sostienen a más de 50.000 personas.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en X que en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Le ordenó al director del Inpec trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones. "No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos", escribió. Ese mismo día, según El Tiempo, el Ejército capturó en Buritaca, zona rural de Santa Marta, a un hombre del grupo con dos explosivos adaptados para lanzarse desde drones, que, según la institución, iban a usarse en el paro armado.

En el video que publicó al llegar a Santa Marta, el presidente Abelardo de la Espriella se baja de una camioneta blindada con chaleco antibalas y una pistola en la cintura. Según Cambio, sería una Glock 19 de su propiedad y no una de las armas de dotación de los policías y militares que lo escoltaban. "Yo nunca había visto algo así en una democracia", escribió el caricaturista Vladdo al compartir el video. Gustavo Petro dijo que Abelardo anda "con pistola al cinto como en épocas pasadas". La ONG Temblores le preguntó si el arma está registrada, a nombre de quién y por qué la carga si tiene a su disposición "uno de los mayores esquemas de protección del Estado", según Infobae. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lo defendió: dijo que es un presidente que está en terreno y enfrenta a los criminales en las calles, según Semana y El Espectador. El 8 de septiembre, Abelardo levantó la suspensión del porte de armas que regía desde 2015.

Después del operativo en el que murió alias "Cholo", hombres armados en moto recorrieron Santa Marta ordenando cerrar el comercio y dispararon contra los locales que seguían abiertos, incluso con gente adentro, según La Silla Vacía. En la ciudad quemaron dos buses, un taxi y una tractomula. En La Guajira incendiaron un camión de Servientrega y en Riohacha dispararon contra un supermercado, contó El Colombiano. Desde su sede alterna de Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella anunció: "He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada". Es la primera ciudad militarizada desde su posesión, según El Espectador. Anunció la captura de tres presuntos integrantes del grupo en Santa Marta y de dos en Riohacha, y advirtió que "el que no se someta será dado de baja". Aviones Kfir sobrevolaron la ciudad y la Alcaldía prohibió circular en moto hasta la medianoche del jueves 24, según Blu Radio. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, le había dicho a esa emisora que "en estos momentos no hay paro armado" y pidió no cerrar los negocios porque "llegan dos pelagatos en una moto", según El Tiempo. Los que quemaron el taxi habrían gritado "Aquí no hay pelagatos", según El Colombiano. El periodista Jorge Espinosa lo resumió en X: "la ciudad está bajo el control del grupo criminal".

La Policía Nacional, a través de su Dirección de Antinarcóticos, mató el 21 de septiembre a siete presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zona rural de Santa Marta, entre ellos alias "Cholo", señalado como segundo cabecilla y financiador del grupo, según El Espectador. Ese día, fuentes de la Policía le dijeron a ese diario que entre los muertos podría estar un hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", que comanda el grupo; el 23, el Ministerio de Defensa aclaró que el joven, Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años, no era hijo de "Pinocho", según El Espectador. La noche del 21, el presidente Abelardo de la Espriella voló a Santa Marta, llegó a medianoche, mostró el armamento incautado y caminó entre los siete cadáveres, envueltos en bolsas blancas, según El País. Ante las cámaras dijo: "Los vamos a poner a buen recaudo de la justicia, o los vamos a mandar al infierno en una bolsa como ven aquí", y de "Cholo" dijo que era un "miserable, que hoy está aquí, en una bolsa, como corresponde". En X escribió que los del grupo "han ido cayendo como ratas". Ya lo había hecho el 4 de septiembre con el cadáver de alias "Bendito Menor". La defensora del Pueblo, Iris Marín, le ha dicho que "las acciones militares son legítimas, pero no pueden implicar que pasemos a una lógica en la cual es positivo que mueran personas" y que "los muertos deben ser respetados".