25 de septiembre de 2026

Después de casi siete días, los organismos de socorro controlaron el incendio que empezó el 19 de septiembre en el cerro San Marcos de Villa de Leyva y se extendió al Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Las cifras de lo quemado no coinciden: la Gobernación de Boyacá habla de cerca de 1.600 hectáreas de páramo y bosque altoandino, según La FM, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que lo declaró "100 % controlado" el 28 de septiembre, de 1.200 hectáreas, unas 715 dentro del santuario, según Semana. Trabajaron más de 700 personas, con helicópteros de la Fuerza Aeroespacial, la Policía, el Ejército y la Gobernación. Algunos expertos dicen que el santuario tardará décadas en recuperarse, y hay señalamientos de negligencia y lentitud al comienzo de la emergencia, porque en 2023 y 2024 el fuego ya había llegado al santuario, aunque sin pasar de 200 hectáreas, cuenta La FM.

La familia de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven de 18 años que murió en el operativo de la Policía contra alias "Cholo" y que, según sus parientes, era un campesino ajeno a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, lo enterró en el cementerio de Mamá Toco, en Santa Marta. A esa misma hora, a cinco kilómetros, Abelardo de la Espriella bajaba de un avión oficial para presidir un consejo de seguridad. Ese día habló del éxito del operativo en el que contaron al joven entre los muertos, según El País. Por la información que le dio Medicina Legal, la familia sabe que lo mató un solo disparo en el pecho. Su madre esperó cuatro días frente a la morgue de Barranquilla a que le entregaran el cuerpo. Su hermano mayor, Franklin Quintero, contó que solo el 24 de septiembre lo dejaron verlo y que ese mismo día lo llamaron para decirle: "Franklin, usted se muere hoy". "Esto es un falso positivo", dijo un tío en el velorio. Medicina Legal le confirmó a El País que recibió siete cuerpos, entre ellos el del joven. El Ministerio de Defensa no ha dicho cuál era su papel en el grupo armado y la Policía Antinarcóticos no le respondió al diario.

Después de que el Senado, con 78 votos, y la Cámara, con 130, rechazaran las objeciones de Abelardo de la Espriella a la ley de Hernán Cadavid que limita los cambios en los requisitos de los cargos directivos del Estado, el senador del Centro Democrático la emprendió contra el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, que fue quien defendió las objeciones: "Nosotros sabemos que el secretario jurídico de Presidencia nunca nos ha querido. Por eso, cuando vimos la contundencia con la que se opuso al proyecto, nos llamó la atención", le dijo a Cambio. Calificó el resultado como "una derrota tremenda para el Gobierno", porque es la primera ley que objeta Abelardo y es de su aliado más grande en el Congreso. Barreto había dicho que el proyecto restringe las facultades del Ejecutivo y que perpetúa "exigencias excesivas heredadas en algunos manuales, cerrando el paso a jóvenes profesionales, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas". Según esa revista, Barreto fue director general de la firma de abogados de Abelardo y trabajó con Iván Duque, en cuyo gobierno fue superintendente de Industria y Comercio y de Sociedades. El único cambio que aceptó el Congreso fue quitar la palabra "prohibir" del título; ahora la ley pasa a la Corte Constitucional.

Otty Patiño, que fue alto comisionado de Paz de Gustavo Petro desde noviembre de 2023, dijo en Blu Radio que nunca supo de un ofrecimiento para que David Murcia Guzmán fuera gestor de paz, que es lo que Murcia escribió en la carta en la que se retractó de sus acusaciones contra Abelardo de la Espriella: "Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor". Dijo que todas las gestorías "eran comunicadas" y consultadas con su oficina, que nunca les consultaron el nombre de Murcia y que la idea le parece absurda, porque "este señor no tiene nada que ver con procesos de paz". Murcia sí había pedido esa figura: en mayo de 2023, desde la cárcel La Tramacúa, le escribió a Petro para ser gestor de paz, según Infobae. Su exabogada, Sondra Macollins, dijo que ese año le recomendó pedir un indulto al Ministerio del Interior, que no prosperó, y que ella nunca buscó beneficios como los de los gestores de paz.

Pedro José Castro, el prestamista que declaró bajo juramento ante la Corte Suprema que le prestó $4.000 millones en efectivo a Sneyder Pinilla, de donde según la investigación salieron los pagos al expresidente del Congreso Iván Name y al expresidente de la Cámara Andrés Calle, tiene en su contra una denuncia por falso testimonio y fraude procesal que no avanza en la Fiscalía, según El Colombiano. La radicó el 19 de mayo el abogado de la exconsejera Sandra Ortiz, con certificados de la DIAN y de la Secretaría de Hacienda de Bogotá según los cuales Castro no tenía embargos en 2023, aunque ante la Corte dijo que guardaba la plata en efectivo porque le habían embargado las cuentas por más de $13.000 millones. El expediente pasó por tres despachos, estuvo sin fiscal titular de septiembre de 2025 a enero de 2026 y hoy está en indagación. En julio, la Corte ordenó incorporar como prueba los documentos del préstamo y pedirle a la DIAN las declaraciones de renta de Castro, según El Espectador.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada escribió en X que, según le informaron, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que le pidan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra el recorte de $170.000 millones al presupuesto del tribunal para 2027 y diciéndoles que sin esa plata sus casos pasarían a la justicia ordinaria, según El Heraldo. Mostró un modelo de solicitud fechado el 21 de septiembre y firmado por un "Solicitante/Compareciente ante la JEP", y dijo que le pedirá a la Procuraduría investigar y a la JEP confirmar si lo redactaron sus funcionarios, según Infobae. En una entrevista con Semana agregó que su equipo llamó a varios comparecientes y que le confirmaron que el documento les llegó y que varios lo firmaron "ante las intimidaciones". Ninguna de las tres notas trae la respuesta de la JEP. A las denuncias anteriores de Posada, sobre sus viajes y su sede, el tribunal respondió que "no registra hallazgos de corrupción".

Antes de entregar a Geovany Andrés Rojas, alias "Araña", jefe de los Comandos de la Frontera, a las autoridades de Estados Unidos en Barranquilla, Abelardo de la Espriella se paró frente a él y dijo que "este sujeto hizo mucho daño" y que "debe pagar cada gota de esa sangre que derramó del pueblo colombiano". Luego siguió: "Miren el miedo en los ojos de ese delincuente, miren el terror que tiene ese narcoterrorista, asesino y secuestrador. Así se sentían sus víctimas cuando este salvaje hacía de las suyas. Hoy los ciudadanos de bien en Colombia experimentan alivio y tranquilidad". Le pidió a la justicia estadounidense que "le boten la llave a este miserable" y que no le deje negociar penas cortas, y a los que siguen armados les dijo que solo tienen dos caminos: "una cárcel aquí, en Estados Unidos, o una bolsa", según La FM. También dijo que ha firmado 94 extradiciones, una cifra que "deberá ser precisada por las autoridades competentes", anotó Infobae. Caracol Radio publicó el video en X.

Geovany Andrés Rojas, alias "Araña", jefe de los Comandos de la Frontera, fue extraditado a Estados Unidos, que lo pide por narcotráfico, según El Espectador. Lo sacaron de madrugada de La Picota, lo llevaron a Catam y de ahí al Comando Aéreo de Combate número 3, en Malambo (Atlántico), donde Abelardo de la Espriella llegó después de las 8:30 a. m.; el avión despegó a las 10:39 a. m., según El Tiempo. Allí la Interpol lo entregó a los US Marshals y a la DEA, en un procedimiento con "un protocolo encabezado por el presidente", según El Heraldo. La Presidencia no difundió la presencia de Abelardo en sus cuentas, anota El Tiempo. Rojas había sido gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro, lo que frenó su extradición hasta que Abelardo la autorizó en agosto; el 15 de septiembre la Fiscalía lo imputó por 16 homicidios en Caquetá.

La Defensoría del Pueblo dijo en X que acompaña a la familia de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, el joven que murió en el operativo contra alias "Cholo" y que, según su familia, era un civil sin relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Contó que gestionó ante la Fiscalía y Medicina Legal el acceso a la información y la entrega del cuerpo, que le ofreció a la familia su defensa pública y que "las autoridades competentes deben adelantar una investigación rigurosa que permita establecer qué ocurrió".

Un día después de que la senadora María Clara Posada dijera que la JEP "parece agencia de viajes", la Jurisdicción Especial para la Paz respondió en un comunicado que los viajes de sus magistrados fueron invitaciones oficiales (varias, de la propia Cancillería) para rendir cuentas ante la comunidad internacional, o diligencias judiciales como entrevistar testigos presos en Estados Unidos, y que todos se informaron en su momento. Sobre su sede de Bogotá, que arrienda, dijo que el edificio vale unos $288.538 millones y que "no es cierto que el edificio cueste $20.975 millones", que era su avalúo catastral de 2020; los proyectos para comprarlo recibieron conceptos desfavorables de Hacienda en el gobierno de Iván Duque y del DNP en el de Gustavo Petro. Recordó que, tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, "no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo".