Vuelven las fumigaciones

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un piloto de fumigación aérea de coca en Putumayo con glufosinato de amonio. Ese herbicida es más tóxico que el glifosato y sería menos eficaz para erradicar la coca, como explican los científicos que consultó El País. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como moderadamente peligroso, un grado más que el glifosato, y la Unión Europea lo prohibió en 2018. El glufosinato afecta sobre todo las hojas, deja que la mata rebrote y puede dañar los sistemas nervioso y respiratorio. Ningún país lo ha fumigado desde el aire y los expertos dicen que es imposible controlar adónde lo lleva el viento. El Instituto Nacional de Salud no ha dado el concepto que necesita el piloto.

El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que mantiene suspendido el plan piloto de fumigación aérea con glufosinato en el Putumayo, según El Tiempo. En el recurso, que presentó Linda Suárez, directora encargada de Política de Drogas y secretaria técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Gobierno dice que la jueza, Ana Vidal, aplicó de manera excesiva el principio de precaución y le trasladó al piloto reglas que la Corte Constitucional fijó para el glifosato, según El Heraldo. "La incertidumbre científica no equivale a la acreditación de un peligro grave o irreversible", dice el recurso, y sobre los requisitos que la jueza dio por incumplidos: "Lo pendiente no estaba incumplido. Estaba pendiente porque el piloto todavía no podía comenzar". Le pide a la segunda instancia revocar el fallo o, al menos, precisar qué hay que cumplir para levantar la suspensión, que mientras tanto sigue vigente.

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa mantuvo suspendido el plan piloto de fumigación aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo, según El Tiempo. Les ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, a los ministerios de Justicia y Defensa y a la Policía no fumigar hasta que demuestren que cumplen los requisitos constitucionales, ambientales, de salud y de participación. El fallo dice que no quedó claro en qué polígonos se fumigaría ni si coinciden con zonas de sustitución voluntaria de cultivos. También señala que la Resolución 0006 de 2026, con la que el Consejo Nacional de Estupefacientes levantó la prohibición de 2015, reconoce que no hay un Plan de Manejo Ambiental General para la aspersión aérea y que el Instituto Nacional de Salud no emitió un concepto técnico sobre el piloto. "Resulta aplicable el principio de precaución", escribió la jueza, que aclaró que la medida tiene carácter "estrictamente temporal y preventivo". El juzgado resolvió 10 tutelas y el Gobierno todavía puede apelar, según La Silla Vacía.

La Silla Vacía cruzó los registros de aspersión aérea con el área sembrada de coca que mide la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y concluyó que la fumigación, por sí sola, no reduce los cultivos. Al principio del Plan Colombia había que asperjar unas nueve hectáreas para eliminar una; al replicar esa metodología con los datos de 2003 a 2015, el medio calculó que hoy habría que asperjar unas 143 hectáreas para acabar con una sola de coca. Los cultivadores resiembran, protegen la mata o la "zoquean" (la cortan a 30 o 40 centímetros del suelo) y en dos o tres meses vuelve a producir.

El costo también pesa en un gobierno que prometió austeridad: entre 2005 y 2014 el Estado gastó cerca de $80 billones en aspersión aérea, unos $113 millones por hectárea asperjada a precios de 2026. Siguiendo la cuenta del estudio original, eliminar las 330.000 hectáreas de coca que hay hoy costaría casi $330 billones, casi todo el presupuesto de un año sin contar el servicio de la deuda. Los expertos consultados dudan de que salga tan caro y creen que focalizada en el Catatumbo, el sur de Nariño y el sur de Putumayo sí sirve, pero coinciden en que pierde fuerza con el tiempo y necesita una estrategia integral que el gobierno de Abelardo de la Espriella todavía no ha mostrado.

Un juzgado de Puerto Asís suspendió cualquier aspersión aérea con glufosinato de amonio en el Putumayo, tres días después de que el plan piloto se hiciera público. Es una medida cautelar mientras se resuelve de fondo una tutela de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, que alega que el plan vulnera los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano. La decisión congela, por ahora, la resolución del 18 de agosto con la que el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó una "fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable" que la Policía iba a ejecutar con dos avionetas AT-802. Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz y exdirector de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le dijo a Caracol Radio que el glufosinato ya se probó en Colombia sin resultados satisfactorios y que "está clasificado en casi todos los estándares internacionales peor que el glifosato".

El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó un plan piloto de aspersión aérea contra los cultivos de coca, en una resolución con fecha del 18 de agosto de 2026 que quedó en firme al publicarse en el Diario Oficial el martes 8 de septiembre. La primicia fue de Valora Analitik, que tuvo acceso al documento. Es, dice la resolución, una "fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable": máximo siete días y 1.000 hectáreas tratadas, en un área de un solo departamento cercana a una instalación de la Fuerza Pública, con las coordenadas y las rutas bajo reserva, y con exclusión de páramos, parques, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas y territorios indígenas y afrodescendientes sin consulta previa. La sustancia no es glifosato sino glufosinato de amonio, que la Organización Mundial de la Salud clasifica como "moderadamente peligroso", una categoría más riesgosa que la del glifosato, y que, como explica El Espectador, no distingue: quema tanto la mata de coca como los cultivos de pancoger. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional ejecuta y asume los costos; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud tienen 60 días para entregar el informe con el que el Gobierno decidirá si autoriza un programa nacional o cierra definitivamente la aspersión.

El programa con el que Abelardo de la Espriella se presentó a la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 se llamó "Trece propuestas para reconstruir la patria milagro" y cabía en tres páginas, según lo reseñó El Espectador el 13 de mayo. Su pilar era la seguridad sin concesiones (nada de negociar con criminales) y la destrucción de 330.000 hectáreas de coca con todas las herramientas legales, fumigación aérea y extradición incluidas. En lo económico proyectaba un crecimiento del 7 % anual con un ajuste fiscal de $70 billones, la reducción del Estado en una cuarta parte, desregulación bajo la regla de eliminar dos normas por cada una nueva y menos impuestos. En salud prometía un plan de choque de $10 billones para sanear deudas y garantizar el acceso a medicamentos. El documento partía de que Colombia había que salvarla de cuatro amenazas: autoritarismo, violencia criminal, corrupción política y penetración del narcotráfico y las economías ilegales. Ya veremos qué tanto de eso cumplirá.