Abelardo de la Espriella firmó la resolución que da por terminada la Zona de Ubicación Temporal que el gobierno de Gustavo Petro había pactado en el Valle del Guamuez (Putumayo) con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc con la que 99 de sus integrantes iban a empezar su tránsito a la vida civil. La resolución da plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para ejecutar un plan interinstitucional de cierre y transición, que debe adoptar la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, un cargo que sigue sin tener cabeza clara, y le encarga a la Agencia de Reincorporación y Normalización definir uno por uno si los desmovilizados acreditados continúan en el proceso de reintegración. El mismo día, el Gobierno revocó a sus delegados en la mesa de diálogos con el ELN y en el espacio sociojurídico con el Clan del Golfo, las dos ya suspendidas desde antes: con eso salieron formalmente de la política de paz el senador Iván Cepeda, la exsenadora María José Pizarro, Vera Grabe, José Félix Lafaurie, María Gaitán Valencia y Armando Custodio Wouriyu.
Lo que El País reportó al día siguiente le pone cifras y advertencias a esa decisión. La zona quedaba en el Valle del Guamuez y los 99 se habían concentrado allí el 18 de junio; 86 ya habían entrado formalmente a la ruta de reintegración. El mismo 9 de septiembre, la Agencia de Reincorporación y Normalización les escribió a los países garantes del proceso —Suiza, Países Bajos, Venezuela, Noruega y Uruguay— y a la ONU, la MAPP-OEA y la Conferencia Episcopal para alertar de un “riesgo importante en garantías de derechos y seguridad” y “de reincidencia de esta población, así como de credibilidad institucional del Estado colombiano frente a procesos de desmovilización y sometimiento”. La misma agencia que debe sostener el proceso uno por uno vive una crisis por el congelamiento de recursos que ordenó este Gobierno. Dos días antes le había pedido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, al Dapre y al Fondo Colombia en Paz que le explicaran cómo se le iba a comunicar el cierre a las 99 personas, a sus abogados, a las comunidades y a los cabildos indígenas.
Según fuentes cercanas al proceso, 43 de los 99 siguen en el lugar. En un video difundido la noche del miércoles, varios de ellos dicen que se quedan: “Hemos tomado una decisión de valientes. Lo sentimos mucho por los compañeros que abandonaron la ZUT (…) Aquí estamos los que nos quedamos y seguimos en esta ruta”, y le piden a la agencia que no se vaya. Armando Novoa, negociador del gobierno de Gustavo Petro en esa mesa, dice que el Ejecutivo “improvisa”: mantiene la retórica del sometimiento pero “con esta resolución desconoce las garantías de la ley que está vigente en el Código Penal”. Y señala el vacío: no está claro qué pasa con el compromiso de permanencia de esas personas cuando es el Gobierno el que acaba la zona de forma unilateral.