20 de octubre de 2026

Carolina Gómez borró dos trinos del 18 de octubre sobre las protestas en Francia. En uno había escrito: "Lo de Francia era movilización antisemita para acabar con lo que oliera a Judio, disfrazada de protesta pro derechos e inconformismo. Entre africanos y musulmanes van a acabar ese país si no se les pone freno". En el otro: "Robar, destruir, incendiar, vandalizar y maltratar lo que Francia ha construido con esfuerzo, no va a acabar con el conflicto y la pobreza en Palestina". Los dos enlaces ya no abren: X dice que la página no existe. Quedan las capturas. No es la primera vez: el 16 de octubre borró otro trino que también tenía captura.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Carolina García Londoño, ingeniera geóloga con doctorado en ciencias ambientales, para directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Mónica Arcila encabezaba esa dirección en septiembre. Desde junio García es asesora técnica de la oficina de crisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Antes fue consultora en gestión del riesgo del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de Eafit, especialista en gestión del riesgo de Corantioquia y contratista de las alcaldías de Pasto y Bucaramanga. Henry Andrey Quiroga Suárez, abogado con maestría en derecho del Estado, aspira a jefe de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Minas. Desde noviembre de 2025 es asesor de la Viceprocuraduría General, como declara en su hoja de vida. Antes trabajó en la Procuraduría Delegada Disciplinaria y asesoró en contratación a alcaldías de Cundinamarca. Cristian Camilo Ramírez González, ingeniero de sistemas, aspira a jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Ciencia. Como dice su hoja de vida, dirigió la oficina de tecnologías de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de febrero de 2025 a enero de 2026.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Marcela Múnera Rivera, abogada especialista en derecho administrativo y en tributación, para asesora de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). En el Secop figura un contrato que firmó en noviembre de 2025 con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), por $130.900.000, para asesorar en lo jurídico la contratación y las respuestas a los entes de control. Sigue en ejecución y va hasta el 31 de octubre. La hoja de vida no lo menciona: su último empleo declarado es el de asesora del despacho de la Secretaría General de la Supersalud, de mayo de 2017 a noviembre de 2022. Antes fue subdirectora en la Dirección de Impuestos de Bogotá y trabajó en la Federación Nacional de Departamentos, el Acueducto de Bogotá y la DIAN de Pereira.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Dann Robert Payares Ayola, economista con doctorado en ciencias sociales, para subdirector del DANE. Payares fue asesor del despacho de la Secretaría de Planeación de Barranquilla desde febrero de 2020 y jefe de oficina de esa secretaría hasta enero de 2024, en la alcaldía de Jaime Pumarejo. El secretario de Planeación entre 2020 y 2022, como cuenta La República, era Juan Manuel Alvarado Nivia, a quien Abelardo de la Espriella nombró director del DANE en septiembre. En el Secop figuran dos contratos de Payares de este año con la Secretaría de Infraestructura de Cali, por $38.698.000 y por $24.626.000, que su hoja de vida no menciona; el segundo va hasta el 31 de octubre. En esos mismos meses tenía contratos con el Área Metropolitana de Barranquilla, que sí declara. Onix Nedel Correa García, periodista que fue asesor de la Secretaría de Comunicaciones de Barranquilla de 2020 a 2024, aspira a director de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del DANE, como muestra su hoja de vida. Hasta el 28 de septiembre fue estratega de comunicaciones de Potencia Exponencial Consultores, una consultora de Barranquilla que tiene a Alvarado entre sus socios. En 2025 trabajó en la Secretaría Privada de la Gobernación de Bolívar.

La Sala Plena de la JEP eligió al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como presidente para el periodo de 2026 a 2028, como cuenta El Espectador. Ganó con 23 de los 38 votos frente a otros dos magistrados. Rojas es vicepresidente de la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, fue consejero de Estado entre 2010 y 2018 y presidió el Consejo de Estado en 2016. La vicepresidenta será la magistrada Diana María Vega Laguna, de la Sala de Amnistía e Indulto. Rojas asumirá el 5 de noviembre, cuando termine el periodo de Alejandro Ramelli. Llega con el presupuesto de la JEP para 2027 recortado en más de $181.000 millones y con una conversación con el Gobierno de Abelardo que hasta ahora ha sido "imposible", anota El Espectador.

A propósito del Día Internacional de los Pronombres, El Espectador consultó a fuentes expertas sobre la "lucha frontal" contra el "wokismo" que anunció Abelardo el 15 de octubre, en la que incluyó el lenguaje inclusivo. Una lingüista de la Universidad Nacional dice que el problema no son solo palabras como "niñas" o "todes", sino una "exclusión de sujetos, testimonios y acontecimientos en la narrativa institucional". Pone como ejemplo el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional. Una filósofa de los Andes dice que la nueva derecha convierte a quienes piensan distinto en "adversarios morales". Para la lingüista, excluir contenidos solo por considerarlos ideológicamente inconvenientes "puede debilitar la libertad académica y el pensamiento crítico".

En su columna en El Espectador, Adriana Villegas Botero repasa el informe de la fundación de la primera dama, Colombia Luz y Sonrisas. Recaudó $54.589 millones hasta el 13 de octubre, el 81 % del grupo Gilinski, que había anunciado $150.000 millones. Sin Gilinski quedan poco más de $10.300 millones. Frente a los 490.000 damnificados, escribe, eso "alcanza, si acaso, para la propina". Pero para ella la pregunta clave es otra: "¿dónde está la Presidencia?". El Fondo Milagro arranca con $624.000 millones de un crédito y la ONU estimó los daños del terremoto en $42,1 billones. Recuerda que el Ministerio de Cultura gastó $326 millones en la velatón y Abelardo, $2.286 millones en 219 vuelos en su primer mes. Las donaciones, los seguros y el Fondo Milagro, escribe, "no representan ni la quinta parte de lo que cuesta la reconstrucción".

El ataque a un bus ecuatoriano en la Panamericana dejó cinco muertos y 59 heridos. Después, el Ministerio de Transporte anunció que el Invías empezará a comprar 600 motocicletas por $37.000 millones y 124 camionetas blindadas por $62.000 millones, como cuenta La República. También hará gestiones ante Indumil para comprar 20 tanquetas. La plata de las motos sale del Fondo de Seguridad Vial. El 29 de octubre instalará una mesa con los transportadores y el Viceministerio de Defensa para acelerar el Plan Meteoro en esa vía. "Es inaceptable que los delincuentes amenacen la vida de quienes transitan por nuestras carreteras", dijo la ministra Elsa Noguera.

La Corte Suprema no se opone al Estatuto Antiterrorista de Abelardo, pero advierte que varias de sus piezas centrales podrían chocar con la Constitución, como reveló El Tiempo. El concepto lo presentó el presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito. Reconoce que el proyecto "persigue un fin constitucionalmente legítimo", pero dice: "Su principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos". Pide que la ley diga que aparecer en el Registro de organizaciones terroristas no prueba por sí solo la responsabilidad penal. Sobre los bienes de los listados, advierte que la acción para quedárselos "podría constituir una confiscación, prohibida por el artículo 34 de la Constitución Política, si no se exige un nexo entre los bienes y una actividad ilícita". También le preocupa que el Gobierno pueda restringir derechos a personas por pertenecer a una organización sin control de un juez, como cuenta La Silla Vacía.

La nueva gerencia de RTVC dice que encontró posibles irregularidades en las planillas de salud y pensión que presentaron contratistas entre 2023 y 2026, como cuenta El Colombiano. En los hallazgos preliminares de su revisión forense, algunos contratistas habrían presentado planillas con aportes que no se habrían hecho y los supervisores las habrían aceptado para autorizar los pagos. La gerente, Ángela María Mora, ordenó revisar todas las planillas, las cuentas de cobro y las certificaciones de ese periodo. Los hallazgos irán a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, como cuenta El Tiempo. El periodo incluye la gerencia de Hollman Morris, de 2024 a 2026. "La instrucción de la actual administración es clara: revisar la casa por dentro, corregir los controles que fallaron y acudir a todas las instancias legales", dice el comunicado.