20 de octubre de 2026

Con el presupuesto de 2027 que aprobó el Congreso, la JEP pierde $181.402 millones, como cuenta Infobae. A los $170.000 millones del primer debate, que impulsó el senador Enrique Gómez con el apoyo del Gobierno, se sumaron $11.402 millones por una proposición de la bancada del Centro Democrático en el Senado, como contó El Tiempo. Los $11.402 millones salen del programa que financia las soluciones tecnológicas y las herramientas administrativas de la jurisdicción. Va al Ministerio de Defensa, para pagar sentencias por la muerte de miembros de la Fuerza Pública. Defensa le dijo al Congreso que tiene 850 sentencias pendientes, que suman $685.778 millones, y que todavía paga turnos asignados en 2019. El Centro Democrático argumentó que al 28 de septiembre la JEP solo había comprometido el 62 % de su inversión. El recorte se aprobó pese a los llamados de su presidente, Alejandro Ramelli.

La FM publicó el documento que firmaron los exjefes paramilitares al final de las reuniones de Valledupar, que, como cuenta el medio, empezaron el 24 de octubre de 2025 y duraron cuatro días. Estuvieron Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre; el asesor Víctor de Currea-Lugo; el jefe de la DNI, Jorge Arturo Lemus, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. El documento no nombra a Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras ni Abelardo, los tres contra los que, como contó Rodríguez, el Gobierno quería que declararan. Sí trae compromisos del Estado: "explorar la excarcelación de los gestores de paz actualmente en prisión así como de revisar las condiciones de reclusión mientras se concreta su situación jurídica". También dice: "El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de las gestorías de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, como incentivos para las personas comprometidas en este cierre". Y propone "retomar la iniciativa de colonias agrícolas". La FM anota que, a diferencia de lo que dijo Salvatore Mancuso, los exjefes sí se comprometieron por escrito a enviar en 10 días hábiles una actualización del plan de trabajo.

Saúl Kattan, que fue alto consejero para la Transformación Digital de Gustavo Petro y gerente encargado de InterNexa, filial de ISA, habló en 6AM W, de Caracol Radio. Respondió a la denuncia que InterNexa presentó en su contra ante la Fiscalía y que reveló El Tiempo, por administración desleal, contratos sin requisitos legales e interés indebido. Tiene que ver con dos proyectos: BioNube, de $630.000 millones de regalías, y uno de big data para el Estado. Una auditoría forense de ISA dice que Kattan los impulsó sin autorizaciones de la junta y con un conflicto de interés. También menciona al catalán Manel Grau, a quien El Tiempo describe como amigo de Verónica Alcocer. Kattan dijo que la junta de InterNexa ratificó la oferta de BioNube. Contó que Grau estuvo en una reunión en el Ministerio de Ciencia que pidió Jorge Carrillo, entonces presidente de ISA, "no invitado por mí, por supuesto". Dijo que lo conocía, pero que nunca tuvo nada que ver con él: "Nunca estuvo en mi oficina". A El Tiempo le dijo: "Quieren armar un escándalo donde no lo hay".

La investigación por la muerte de Donovan Balanta Paz reconstruye que el 20 de septiembre un policía habría lanzado expresiones racistas contra un grupo de personas en el barrio Caracolí, entre ellas dos hermanas de Donovan, como cuenta El Espectador. Cuando uno de ellos le reclamó respeto, el policía lo habría amenazado: "Le voy a pegar dos tiros. Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó". Donovan llegó después y habría lanzado un objeto a los policías antes de huir. Ya esposado, habría recibido puños, patadas y descargas de Taser, de acuerdo con testimonios y videos. En la estación de Cazucá, el mismo patrullero le habría dado tres descargas más y Donovan estuvo unos 20 minutos pidiendo ayuda antes de que lo llevaran al hospital. La investigación señala como autor a un patrullero de 27 años; al subintendente y al mayor que comandaba la estación, por omisión.

Con corte al 16 de octubre, las aseguradoras habían pagado $913.609 millones por el terremoto del 10 de agosto, 16,2 % más que en el informe anterior, como cuenta La República con el décimo informe de Fasecolda. Las reclamaciones llegaron a 101.133 y el valor estimado de los siniestros, a $6,8 billones. El Valle del Cauca tiene los siniestros más altos, cerca de $2,98 billones, seguido de Risaralda, con $2,30 billones. Por ciudades van primero Cali, con $1,98 billones, y Pereira, con $1,89 billones. Las afectaciones están en 503 municipios de 31 departamentos.

La sede de Asoparupa, una de las asociaciones de parteras tradicionales más grandes del país, quedó en riesgo de colapso estructural por el terremoto del 10 de agosto, como cuenta El Espectador. Al menos dos de sus tres pisos están cerrados y no se pueden usar las habitaciones donde por cuatro décadas se alojaron embarazadas y recién nacidos. Al menos 10 parteras no pueden volver a sus casas. No tienen ahorros para otra sede y no ha llegado apoyo institucional para reconstruirla. "Si la estructura colapsa, no se pierde solo una casa, sino la memoria de los niños y un patrimonio", dijo la representante legal de la asociación. En 2022, la Corte Constitucional le pidió al Ministerio de Salud vincular a las parteras a la seguridad social, pero el ministerio no ha hecho el registro.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos del retiro de piezas del Museo Nacional, como cuenta El Espectador. También le preguntó en qué condiciones están las obras y si pueden volver a las exposiciones. Quiere saber si se le cambió el nombre al espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, trabajador de Colcultura y militante de la Unión Patriótica desaparecido en 1984, y si su familia fue consultada, cuenta Infobae. "Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas", dice el comunicado de la Defensoría, que hará seguimiento a la respuesta y evaluará "las actuaciones adicionales que correspondan". El 19, un juez le había ordenado al museo conservar las piezas retiradas.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de John Fredy Aguirre Correa, ingeniero civil con maestría en ingeniería civil, para subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). En el Secop figura un contrato que firmó con la propia ART el 3 de septiembre, por $32.262.920, para apoyar como ingeniero a su Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos hasta el 4 de diciembre. La hoja de vida no lo menciona: su último empleo declarado es un contrato con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá que terminó el 25 de junio. Tampoco declara otro contrato con la UAESP de finales de 2024 ni uno de ese año con la Alcaldía Local de San Cristóbal. Antes fue contratista de las alcaldías locales de Tunjuelito, Usme y San Cristóbal y director de obra en una constructora. En la hoja de vida su nombre es John Fredy, no Jhon Freddy, como lo escribió la Presidencia.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Damaris del Socorro Suárez Palacio, fisioterapeuta y abogada con maestría en salud pública, para superintendente delegada de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Ni la página ni la hoja de vida dicen de cuál delegatura. Trabajó de 1998 a 2021 en la Alcaldía de Barranquilla, desde 2004 como profesional especializada de la Secretaría de Salud. Después coordinó proyectos de la Universidad Simón Bolívar con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. También fue contratista de las secretarías de Salud de Soledad y del Atlántico. Declara además que fue auditora de calidad de la rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla de febrero de 2025 a septiembre de 2026 y gerente del Hospital Regional Universitario Metropolitano desde diciembre de 2025 hasta ese mismo septiembre. Sus siete contratos en el Secop están en su hoja de vida.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes las hojas de vida de tres aspirantes a directores regionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), adscrita al Ministerio de Agricultura. La página no dice de qué regionales. José Gregorio Espejo Jiménez, ingeniero ambiental, fue jefe de oficina asesora de la Dirección de Planificación Agropecuaria de la Gobernación de Cundinamarca de 2020 a 2023, como dice su hoja de vida. No declara un contrato en ejecución con la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, por $55.000.000, ni uno de 2024 con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por $50.800.000. Carlos Arturo Gómez Mayorga, ingeniero ambiental, declara en su hoja de vida contratos desde 2023 con la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y la corporación ambiental de la meseta de Bucaramanga. No declara el que firmó en agosto con la oficina de gestión del riesgo de Bucaramanga, por $28.600.000. Va hasta el 29 de diciembre. Andrés Felipe Palacio López, abogado, es profesional de la Contraloría Distrital de Medellín y antes trabajó en la Rama Judicial, como dice su hoja de vida. La Presidencia lo publicó como Palacios, pero su hoja de vida y el Secop dicen Palacio.