Sospechas en el Ecopetrol de Petro

La organización Colombia Transparente, del abogado Sergio Alzate González, habría enviado a principios de junio una carta a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Le pidió revisar a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, como cuenta El Colombiano a partir de un documento que reveló Semana. El diario dice que la denuncia habría sido clave para que Estados Unidos le quitara la visa. La carta pide revisar si Roa usó testaferros o estructuras para ocultar quién es el dueño real de sus bienes, y nombra a otras ocho personas y a empresas como Bull Ingeniería, Cetco y Dacar Lawyers y Investments S.A.S. Roa está llamado a juicio por haber superado presuntamente los topes de la campaña de Gustavo Petro en 2022 e imputado por tráfico de influencias por la compra de un apartamento.

El Departamento de Estado de Estados Unidos les impuso restricciones de visa a 21 personas en Colombia, como cuenta El Espectador. El comunicado solo nombra a siete políticos y dice que la medida se extiende a sus familias. Son Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el senador electo Wadith Manzur. También están la representante electa Karen Manrique, los exsenadores Julio Elías Chagüi y Liliana Bitar y el exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa. Cuatro de ellos están en el proceso por los contratos de la UNGRD. En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Gobierno de Donald Trump apoya al de Colombia para sacar la influencia criminal de sus tribunales, su policía y su Congreso. Abelardo de la Espriella lo celebró en X: "Bienvenidos a la Patria Milagro". Abelardo ya había señalado a Acuña en un video por su manejo de la plata de Sincelejo, como contó El Espectador. Acuña dijo que la notificación de la visa le llegó "apenas 24 horas después de presentar denuncias" contra quienes lo acusan, como cuenta Chicanoticias.

Semana publicó un dosier interno de Ecopetrol contra Felipe Trujillo López, que fue vicepresidente comercial y de Refinación de la petrolera en el gobierno de Gustavo Petro. El documento le relaciona 16 inmuebles en Estados Unidos (casas en Houston, apartamentos en Miami y un apartahotel en Orlando) por 2,58 millones de dólares, 14 a nombre de una sociedad ligada a él y dos a su nombre. Lo acusa también de haber renovado sin licitación el contrato con la compradora del coque de la Refinería de Cartagena. Y dice que él empezó la relación de la petrolera con Manel Grau y con los italianos del círculo de Verónica Alcocer, que la revista identifica como Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino. Trujillo le dijo a la revista que se reunió dos veces con Grau por orden de Ricardo Roa y que Grau y uno de los italianos le decían que venían de parte del presidente Petro: "Es que usted no sabe de parte de quién nosotros venimos, de su jefe". Cuenta que un empresario le ofreció abrirle cuentas en Panamá y en Estados Unidos a cambio de negocios y que por negarse lo sacaron de la Vicepresidencia Comercial. Dice que los inmuebles son inversiones para su retiro, pagadas con su sueldo y con créditos. En junio, una veeduría ya había pedido apartarlo por contratos de mantenimiento y él respondió que las cifras "no coinciden", como contó Portafolio.

Según Semana, los italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli, a quienes ubica en el círculo catalán de la ex primera dama Verónica Alcocer, aparecen en varios de los casos que examina la auditoría forense de Ecopetrol. La revista dice que habrían coordinado con Manel Grau el nombramiento de un vicepresidente comercial de la empresa, desde cuya oficina Romagnoli gestionó presuntos negocios, y que despachaban desde el hotel Four Seasons de Bogotá, donde recibían a directivos de la petrolera. También dice que Vutmyl Advisors, una empresa uruguaya ligada a Mascialino, preparó una oferta de 1.878 kits de paneles solares ajustada al convenio de $4,2 billones entre el Ministerio de Minas y Gecelca para instalar paneles en viviendas de 13 departamentos. Según la revista, el Ministerio de Minas del Gobierno de Abelardo ya ordenó revisar ese convenio. Todo sale de documentos y fuentes de la revista. La nota no trae la versión de los italianos.

El penthouse 901 del edificio Entre Parques, en El Chicó, es la pieza central del proceso por tráfico de influencias contra Ricardo Roa, el expresidente de Ecopetrol. Roa y su pareja, Julián Caicedo, lo están arrendando: el periodista Ricardo Ospina publicó en su cuenta de X un video del recorrido por dentro. El caso es este: la Fiscalía lo imputó el 11 de marzo porque compró ese apartamento en $1.800 millones cuando estaba avaluado en más de $2.700 millones, y el intermediario del negocio fue Juan Guillermo Mancera, que al mismo tiempo representaba a Gaxi, la empresa interesada en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena de Hocol, filial de Ecopetrol. Según la fiscal del caso, Roa le dio la instrucción al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, de direccionar ese contrato hacia la empresa de Mancera, contó El Espectador. Roa se declaró inocente y su defensa sostiene que la compra fue legal, con recursos propios y créditos bancarios. La audiencia de acusación quedó aplazada hasta el 25 de noviembre, después de que la defensa pidiera la nulidad del proceso, y el juez admitió a Rojas como víctima, según Infobae.

La Unidad Investigativa de El Tiempo les puso nombre a los cuatro hombres a los que en la Casa de Nariño de Gustavo Petro llamaban "los verónicos", por su cercanía con la entonces primera dama, Verónica Alcocer: los catalanes Manel Grau y Xavier Vendrell, el constructor Víctor Hugo Sierra y Yeirson Andrés Gamero. Así los clasifica una denuncia penal que presentó en julio el abogado Carlos Soler: "Combo catalanes: Manel Grau Pujadas y Xavier Vendrell; Enlace A: Víctor Sierra Gutiérrez". Sierra, condenado en enero de 2023 a siete años de cárcel por fraude procesal y falsedad documental, fue la cuarta persona en el asado de Guaymaral en el que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, le entregó $500 millones en efectivo a Vendrell para la campaña presidencial de 2022, y llegó allí con brazalete electrónico porque su condena estaba vigente, según contó en su momento el exdirector de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez Ballesteros. La denuncia por la que reaparece su nombre acusa a Grau de estafar a una pareja de empresarios con la promesa de contratos en el Grupo Ecopetrol: según el apoderado de los denunciantes, Grau decía tener el respaldo de la Casa de Nariño y hacía llamadas en altavoz con Alcocer y con Ricardo Roa, y parte de los $4.900 millones que recibió fueron a parar a Sierra. El Tiempo buscó a un abogado de Sierra y a un asesor legal de Papá Pitufo: el primero no respondió y el segundo dijo que su cliente guarda silencio mientras espera el asilo que pidió en Portugal.

La audiencia en la que la Fiscalía iba a exponer por qué lleva a Ricardo Roa a juicio quedó aplazada hasta el 25 de noviembre, después de que su defensa pidiera la nulidad del proceso ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá, según Infobae. En la misma diligencia quedó admitido como víctima Luis Enrique Rojas, el expresidente de Hocol al que, según la Fiscalía, Roa presionó desde la jerarquía para que direccionara el contrato de regasificación. La defensa sostiene que la compra del apartamento se hizo de forma legal, con recursos propios y créditos bancarios.

El abogado de Serafino Iacono, el penalista Jaime Lombana, radicó un informe pericial contable de 23 páginas que le pidió a contadores forenses verificar si entre enero de 2022 y febrero de 2026 hubo pagos, desembolsos, giros o abonos de Ricardo Roa a la cuenta de la firma vendedora. La respuesta fue que no y el mismo procedimiento se hizo con Carlos Julián Caicedo Cano, la pareja de Roa, y con Roca Bi SAS, la sociedad en la que los dos aparecen como socios, según El Tiempo. No es un detalle contable: para la Fiscalía, que quien pagara fuera Mancera es justamente lo que probaría el tráfico de influencias. Roa, para entonces presidente de Ecopetrol en licencia, insistió en que sí hay trazabilidad de los pagos y negó que estuviera buscando asilo en Nicaragua. La Procuraduría, por su lado, prorrogó tres meses su investigación disciplinaria.

En la asamblea ordinaria de Ecopetrol le gritaron arengas pidiéndole la renuncia. Ese mismo día Ricardo Roa volvió a explicar la compra del apartamento y, después de repetir que había transferido $450 millones con un cheque de su cuenta y cancelado cerca de $1.500 millones a Princeton, entregó un dato nuevo: "Quiero aclarar que solo el último pago, por instrucción expresa del señor Siegmund Vallenilla, representante de Princeton, fue realizado a la empresa Innova Mercadeo y Logística SAS. Una solicitud de estas no es rara, en esta clase de negocios", y añadió que de ese pago existe toda la trazabilidad bancaria, según recogió El Tiempo. Innova Mercadeo es la empresa del coronel (r.) Juan Guillermo Mancera, el mismo cuyo vínculo con el negocio Roa había negado.

Hasta ese día el nombre de Carlos Julián Caicedo Cano, la pareja de Ricardo Roa, no había aparecido en el negocio. El Tiempo obtuvo una escritura que lo vincula a la compra y contó además que un informante les dijo a las autoridades que el apartamento habría sido una "dádiva anticipada" para direccionar contratos de las filiales de Ecopetrol (vigilancia, venta de campos de baja producción) hacia gente cercana a Roa, incluido el coronel (r.) Mancera. Para entonces el nombre de Roa ya aparecía en al menos tres indagaciones penales distintas. En el expediente también estaba el contrato que la junta de Ecopetrol autorizó con la firma estadounidense Covington & Burling para medir el impacto de los procesos contra él ante las autoridades de Estados Unidos, donde la petrolera cotiza: pasó de 875.000 a 5.875.000 dólares y quedó congelado.

La escritura está fechada el 7 de diciembre de 2022 y el comprador es Ricardo Roa Barragán, que cuatro meses después se posesionaría como presidente de Ecopetrol. El apartamento 901, en el norte de Bogotá, tiene cerca de 300 metros cuadrados, cuatro habitaciones con vestier y baño, tres terrazas y seis garajes, y costó $1.800 millones. Lo vendió Princeton International Holdings Ltd., una sociedad con matriz en las Islas Vírgenes cuyo representante legal en Colombia figuraba desde 2017 como Serafino Iacono, el empresario venezolano-italiano-colombiano que fue uno de los altos ejecutivos de Pacific Rubiales y de Gran Colombia Gold. La escritura la firmó, como apoderado de la vendedora, Laureano Jan Siegmund Vallenilla, en la notaría 34, según la investigación que publicó El Tiempo. Roa respondió que ignoraba el vínculo de Iacono con la empresa a la que le compró, que ni siquiera sabía quién era, y que todo el negocio fue legal. Es el documento del que sale todo lo demás.