13 de septiembre de 2026

En el Chocó, 365 instituciones educativas quedaron afectadas por el terremoto y El País fue a Quibdó a contar cómo lo viven los niños. Uno de ocho años, alumno del colegio público más emblemático de la ciudad, dice que "parecen vacaciones, pero no me siento bien": resuelve en dos días las guías pensadas para una semana y teme atrasarse, porque las clases virtuales no son opción en un departamento donde "la señal es mala y la energía se va a cada rato", según su mamá. Ese colegio planea recibir a sus 3.500 estudiantes por turnos de medio día, una vez por semana, en la sede histórica que resistió, y su rector, Elvis Córdoba, dice que es peor que la pandemia porque "los chicos se quedan sin los papás también, que deben seguir trabajando". En un comedor comunitario del norte de la ciudad, donde los hogares del ICBF quedaron inutilizables, las niñas cuentan que no temieron por ellas sino por sus mamás y sus hermanos, y varias pasan las noches en vela por miedo a otro temblor. Una de 10 años, que ahora duerme en el piso con unas 14 personas en dos cuartos arrendados, lo resume así: "Me siento en el andén y veo cómo pasan las motos. Todos los días son así". Según los decretos de emergencia que recoge El Espectador, el terremoto afectó 5.309 sedes educativas en el país, 408 de ellas en el Chocó, y alteró la educación de más de 1.147.000 niños.

Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia a la que sometieron a un polígrafo e interceptaron ilegalmente en 2023 tras acusarla de un robo en casa de la entonces jefa de gabinete de la Presidencia, le habló a Semana antes de la audiencia en la que la Fiscalía le imputará a la excanciller abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, programada para el 14 de septiembre de 2026. "Si ella hizo algo indebido, tiene que pagar, poner la cara, poner el pecho; la que ha puesto el pecho he sido yo", dijo. Cuenta que vive con miedo, que casi no sale a la calle y que se sostiene vendiendo empanadas y cuidando mascotas: "Yo no tengo ni siquiera dónde vivir". Según la Fiscalía, Sarabia habría dado la orden del polígrafo, con base en el testimonio de un capitán de la Policía; ella ha defendido su inocencia. Por las interceptaciones ya hay dos policías condenados a más de 10 años de prisión, recuerda El Espectador.

En dos entrevistas del mismo fin de semana, la defensora del Pueblo, Iris Marín, subió el tono con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. A El País le dijo que la suya "pareciera una guerra hecha para las cámaras, donde se ve muy bien, fuerte y potente, más que para proteger a la gente", y contó que le pidió una cita al presidente y no se la concedió. En El Espectador le respondió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que había dicho que su crítica a la exhibición de cadáveres tal vez fue un lapsus: "Pero no fue ningún lapsus", y agregó: "No quiero condescendencia de parte del Gobierno". Cuando el presidente "se presenta orgulloso entre cuerpos de personas muertas", dijo, "parece estarle dando más fortaleza a la respuesta de la muerte que a la respuesta de la vida". Entre las dos entrevistas cuestionó además el decreto de porte de armas, el piloto de fumigación aérea, los límites a la consulta previa y que el Gobierno borre "niñas" y "campesinos" de su lenguaje.

Rodrigo Uprimny le respondió en El Espectador al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que dijo en el Congreso que a los campesinos se les llamará "pequeños empresarios del campo" porque la palabra le parece "despectiva". Sus seis razones: no lo es, porque en encuestas del DANE más del 25 % de los colombianos mayores de 15 años se identifica como campesino; sin la palabra, el DANE no tendría cómo medirlos; el artículo 64 de la Constitución los reconoce como sujetos de derechos; llamarlos "pequeño empresario" los reduce al tamaño de su producción; la Comisión de la Verdad mostró que han sido la principal víctima del conflicto; y borrarlos del lenguaje abre la puerta a acabar la reforma agraria. "El desprecio hacia lo campesino parece estar en el ministro y no en la palabra", escribe.

Abelardo de la Espriella quiere que la presidencia de Ecopetrol la ocupe su amigo, socio y jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez, un empresario de la construcción y de los negocios en salud, según tres fuentes enteradas de las discusiones internas del Gobierno que hablaron con La Silla Vacía con la condición de no ser citadas. El vicepresidente José Manuel Restrepo, según una fuente que lo oyó directamente, opina que a la petrolera debe llegar un perfil más técnico y con experiencia en el sector, después de un gobierno en el que su gobierno corporativo se deterioró de manera marcada.

En su tercera alocución, el 13 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella defendió el presupuesto de 2027 como un ejercicio de "sinceramiento" y culpó a Gustavo Petro de la crisis fiscal: dijo que "gastó mucho más de lo que podía pagar y acudió de forma irresponsable al endeudamiento" y que el 44 % del presupuesto saldrá de deuda. La Silla Vacía recuerda que esa subida de la deuda responde más a la inercia que al sinceramiento: de los casi $93 billones de deuda que vencen en 2027, Petro había presupuestado $27,6 billones, apenas el 30 %, y De la Espriella $58,3 billones, el 63 %, justo en el promedio de los gobiernos entre 2019 y 2026. El presidente presumió además de más de 17.000 capturas, una cifra que la Policía confirma pero que está cerca del promedio de los últimos años y corresponde sobre todo a delitos comunes. Petro pidió una réplica: "El que ha vivido de los dueños del narcotráfico se alista a la represión del pueblo porque sabe que no puede resolver problemas".

En la alocución del 13 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella cuestionó las dos decisiones judiciales que le frenaron parte de su política de seguridad: la que restringió los bombardeos donde haya indicios de menores y la que suspendió el plan piloto de fumigación aérea en el Putumayo. "Respeto a la justicia, pero sin sustituir las competencias del presidente", dijo, y anunció que ya dio instrucciones para fortalecer la defensa jurídica del Estado. Sobre los menores reclutados, dijo que "un niño reclutado es una víctima", pero que esa protección "no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños", porque un cabecilla podría concluir que llevar menores a un campamento "le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado". Y cerró: "No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces". Pero suena a que sí lo está haciendo, ¿no?

Ángela María Buitrago, exfiscal que investigó la retoma del Palacio de Justicia, le dijo a El Espectador que la orden de Abelardo de la Espriella de respaldar al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega en su juicio en Estados Unidos parte de "una premisa equivocada": "el Estado no puede invertir presupuesto participando en procesos entre particulares, ni aquí, ni en ningún otro país". Recuerda que Colombia ya admitió ante tribunales internacionales su responsabilidad por los desaparecidos del Palacio y que a Plazas Vega lo condenaron a 30 años en primera y segunda instancia antes de que la Corte Suprema de Justicia lo absolviera por duda, con un voto de diferencia. Cuando el presidente habla de "una persecución judicial infame y mentirosa", dice Buitrago, golpea a la rama judicial entera y "pone en el centro de los ataques a las víctimas". En la entrevista le preguntaron también por dos nombramientos: Alejandro Ordóñez, que como procurador pidió la absolución de Plazas Vega y hoy es embajador ante la OEA, y D'mar Córdoba, que trabajó con Thania Vega, esposa del coronel, y hoy dirige el Centro Nacional de Memoria Histórica. De lo segundo dijo que no sabía nada. "Pero empiezo a entender". Nosotros también, exfiscal.