La jueza 34 de familia de Bogotá dejó en firme la medida cautelar que suspende los bombardeos en zonas donde haya información cierta sobre la presencia de menores reclutados. Abelardo de la Espriella, sus ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y toda la cúpula militar (el general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, más los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada) firmaron la impugnación contra la orden del 3 de septiembre. La jueza la declaró improcedente, aceptó estudiarla como una solicitud de revocatoria y concluyó que "no existen razones suficientes para revocar la medida decretada".
El Gobierno alegaba que no había urgencia ni certeza sobre una operación concreta ni un menor individualizado. El despacho respondió que en una etapa preliminar no se exige "un grado de certeza propio de la decisión definitiva" y que esperar a la sentencia final podría causar una "afectación irreversible". La jueza subrayó que su decisión "no comporta una paralización general de las operaciones militares", pues solo condiciona los ataques a verificar la información y a buscar alternativas menos lesivas.