10 de septiembre de 2026

Un día después de la condena, el abogado defensor de Juliana Guerrero, Felipe Alzate, salió a explicar en Blu Radio por qué su clienta fue condenada solo por fraude procesal y no también por falsedad en documento. Su argumento: "Ella no falsificó el título, solo lo usó", y la justicia no puede sancionar dos veces el mismo hecho, así que el delito de usar el diploma para inducir en error a quien la iba a nombrar absorbe la conducta. Contó que la negociación del preacuerdo con la Fiscalía tomó unos tres meses y defendió que la rebaja de pena no es un trato preferencial sino un beneficio al que puede acceder cualquiera que acepte cargos y evite un juicio largo. También descartó que hubiera lugar a imputar concierto para delinquir, pese a que el exsecretario general de la Fundación San José ya fue condenado por lo mismo: "No hay un solo hecho que permita acreditar que hay una empresa criminal que se ha mantenido en el tiempo con diferentes autores". Con el preacuerdo, Guerrero no cumple prisión ni en la cárcel ni en su casa.

El juzgado 14 laboral de Bogotá le ordenó a la Presidencia y al Departamento Administrativo de la Presidencia ocultar de la cuenta oficial de Instagram las publicaciones del 2 y el 4 de septiembre en las que Abelardo de la Espriella aparece caminando entre bolsas con cadáveres, al presentar los resultados de las operaciones Azarías, en Miraflores (Guaviare) y Centinela de la Patria, en La Guajira. La decisión responde a una tutela del representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio Marín, de la Alianza Verde, que alegó el derecho de los menores de edad a no exponerse a contenidos capaces de generarles daño psicológico. El juzgado subrayó que se trata de medidas cautelares, transitorias, mientras resuelve el fondo: mientras se determina si las publicaciones son violentas o explícitas, dice el auto, hay que evitar "un eventual perjuicio irremediable", más cuando el contenido sigue disponible en una red de amplia circulación.

Una directiva presidencial ordenó repartir las funciones, los programas y los recursos del Ministerio de la Igualdad entre los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia y el Departamento para la Prosperidad Social, que tendrán un año para hacer el traspaso. La cartera está siendo liquidada por el exsenador John Milton Rodríguez, que busca "recuperar" 200.000 millones de pesos cancelando contratos y declarando insubsistentes a funcionarios: "Una entidad en liquidación no puede seguir sosteniendo una estructura burocrática como si continuara funcionando normalmente", dijo. Según el sindicato de trabajadores estatales, con la liquidación se pierden unos 750 puestos, 650 de ellos de planta. Y quedan sin dueño dos cosas que atendían a población concreta: el sistema nacional de atención a violencias de género, que todavía no está en manos de ninguna entidad ni tiene hoja de ruta, y los Centros Intégrate, que hoy funcionan en 25 municipios ayudando a migrantes a acceder a servicios básicos.

Mientras el Gobierno firma decretos, dos crónicas de El Espectador cuentan quién está sosteniendo lo que queda. La primera busca a los rescatistas voluntarios que se volcaron a las calles de Cali y Pereira el 10 de agosto y siguen ayudando un mes después. Una de ellas, de 30 años, técnica en tránsito, estuvo en el edificio Vanessa de Cali sacando escombros: "Nunca fue una opción quedarnos quietos (…) Lamentablemente, no se sacó a nadie con vida. Fueron unos 22 cuerpos recuperados". No ha vuelto a pasar por ahí; una psicóloga le dijo que tiene un shock postraumático.

La segunda va a Pereira, donde un hombre de más de 80 años mira desde la calle la casa que compró hace 62 con lo que ahorró manejando un camión de lácteos, hoy marcada con un aviso de "peligro de colapso". En el centro de la ciudad la gente volvió hace apenas una semana, entre máquinas que demuelen edificios: "Yo siento como un dolor colectivo, porque es muy triste ver todo lo que se cayó. Los lugares que frecuentábamos, hay algunos que ya no existen. Nos quedamos sin supermercado, sin panadería", dice un habitante. El balance nacional sigue en 331 muertos y 111 desaparecidos, con 36.326 viviendas colapsadas y 202.002 con algún daño.