10 de septiembre de 2026

La condena de Juliana Guerrero salió en cinco meses. El proceso contra el exsenador liberal Julián Bedoya, por el mismo delito de fraude procesal, arrancó en 2021 y todavía no ha empezado el juicio, según contó El Espectador. A Bedoya se le investiga por haber presentado y aprobado 16 exámenes en cuatro jornadas para recibir el título de abogado, 10 años después de haber dejado la carrera. La Universidad de Medellín lo consideró inválido y lo suspendió en abril de 2021. Cuando perdió el fuero en 2022 el expediente pasó a la Fiscalía, donde el primer fiscal concluyó que no había mérito, un juez le ordenó seguir investigando y en junio de 2024 se le llamó a juicio. Desde entonces no ha avanzado: el abogado de la universidad, acreditada como víctima, viene pidiendo acelerar las audiencias porque uno de los delitos está cerca de prescribir, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cambió al fiscal del caso en mayo de 2026 por falta de celeridad, y el propio tribunal habló de un "uso dilatorio del derecho de defensa". Bedoya nunca ha reconocido su responsabilidad.

El 30 de septiembre termina el convenio que cofinancia los Centros Intégrate, la política de acogida e integración migratoria que Colombia montó en 2019 y que suma más de medio millón de atenciones a una población de 2,8 millones de venezolanos. Nacieron con plata de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; cuando USAID cerró en 2025 más del 90 % de sus operaciones en el mundo, los centros pasaron al Ministerio de la Igualdad, que hoy está en liquidación. En el papel sus funciones deben pasar al Ministerio del Interior o al Departamento para la Prosperidad Social, pero, según El Espectador, no existe todavía un acto que diga cuál de los dos los asume ni qué pasa con la atención en los 25 municipios donde operan.

El aviso de cierre ya salió en varias ciudades: en Cúcuta le notificaron al personal que la operación termina el 25 de septiembre. Medellín es de las pocas donde la Alcaldía puso presupuesto. Maicao, donde llegó a estar el mayor asentamiento irregular de extranjeros de América Latina y viven más de 68.000 migrantes, no tiene ni recursos ni hoja de ruta. Marcos Muleth, director nacional de los centros, dice en una carta que la continuidad depende ahora de alcaldías, gobernaciones y de la política migratoria de Abelardo de la Espriella, que hasta ahora no ha hablado de integración y sí ordenó operativos contra extranjeros irregulares: "Es una política de Estado, no de Gobierno".

La Fundación para la Libertad de Prensa alertó que desde el mediodía del 10 de septiembre varios periodistas de Arauca recibieron el mismo mensaje de texto, que los señala de ser supuestos "altoparlantes del ELN" y les advierte que está "prohibido seguir ese juego o no responden". La organización rechazó "estas amenazas y estigmatizaciones que ponen en peligro la seguridad y el trabajo de periodistas locales".

La FLIP recordó el antecedente: en los años 2000, 16 periodistas fueron desplazados del departamento tras recibir amenazas de las autodefensas y las Farc. Con las agresiones nuevas, dice, la prensa araucana "puede estar expuesta nuevamente a un riesgo inminente", y por eso les pidió a las autoridades que participarán en el consejo de seguridad del día siguiente que prioricen las amenazas contra periodistas.

El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, dijo en una entrevista con la periodista Eva Rey que Álvaro Uribe Vélez "es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos (…) el voto de derecha", pero que hay "diferencias de fondo en el rol del Estado, en el crecimiento desaforado del estado, de los impuestos". Y remató: "Es un socialista, sí". El Centro Democrático respondió con un comunicado en el que sostiene que esos señalamientos "desconocen los hechos y los resultados de sus gobiernos".

La respuesta es una lista de cifras. Que como gobernador de Antioquia Uribe redujo la burocracia departamental de unas 17.000 a 5.000 personas, contrató 103.000 cupos escolares con privados y bajó las compras de oficina y cafetería de $10.000 millones en 1994 a $1.580 millones en 1997. Que en la Presidencia el Estado pasó de 16 a 13 ministerios y que el programa de Renovación de la Administración Pública suprimió, reorganizó, liquidó o reestructuró 514 entidades en ocho años, con un ahorro fiscal equivalente a 5,4 puntos del PIB. Y que su política tributaria buscaba atraer inversión, con deducciones de entre 30 % y 40 % para inversiones nuevas. "Abogó por un Estado pequeño, recortó burocracia y promovió incentivos tributarios que se tradujeron en mayor inversión", dice el partido. La Silla Vacía lo lee como otro round de la pelea entre las dos derechas, abierta desde las elecciones: el Centro Democrático, que Uribe dirige políticamente, trata de conservar su lugar mientras De la Espriella y Salvación Nacional ganan terreno con una derecha más radical.

El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó qué va a hacer con las funciones que le entregó el Decreto 1373. Según Restrepo, "no hay patria milagro sin economía milagro. Una economía milagro significa una economía que crezca más, por lo menos al 6 %, una economía que logre incrementar su tasa de productividad". Son cuatro frentes: formación de ciclo corto en inteligencia artificial y tecnologías de la cuarta revolución para jóvenes que ni estudian ni trabajan, con el nombre de "Talento Colombia"; atracción de inversión mediante unas "Semanas Milagro" o Milagro Weeks; proyectos de nuevas energías y minerales estratégicos; y modernización del Estado, quitando trámites y usando inteligencia artificial para construir política pública.

Las "Milagro Weeks" son una vitrina itinerante: el Gobierno saldría con una carpeta de proyectos de infraestructura, energía, minería, turismo, agricultura, vivienda y tecnología. El prelanzamiento sería en la reunión de Naciones Unidas de septiembre de 2026, la primera semana se haría muy posiblemente en Estados Unidos y después vendrían Europa, Oriente Próximo y América Latina.

El Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez publicó para comentarios un proyecto de decreto que elimina el tope del 30 % a las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias en activos del exterior. El límite lo había creado el gobierno de Gustavo Petro con el Decreto 369 de 2026 y buscaba traer a Colombia parte del ahorro pensional. El documento técnico, elaborado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, sostiene que el tope perdió fundamento porque empeora la relación entre rentabilidad y riesgo de los portafolios y porque "la localización geográfica de los activos" no debería determinar dónde se invierte.

Ojo porque la Superintendencia Financiera le informó a la unidad que, con corte al 7 de septiembre, ninguna administradora había presentado el plan de ajuste que la norma exigía. Entre marzo y julio de 2026 las inversiones en el exterior bajaron del 48,4 % al 44,5 % del portafolio, pero no por vender activos afuera: las posiciones en dólares subieron cerca de USD 5.728 millones y la caída se explica por la revaluación del peso. Si el decreto se expide, vuelve la regulación anterior, que no ponía un tope global sino uno por tipo de fondo según su perfil de riesgo: 40 % para el conservador, 60 % para el moderado, 70 % para el de mayor riesgo y 40 % para el de retiro programado.

La Fiscalía imputó a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Fue el cuarto intento pues la audiencia se había aplazado tres veces. El caso son seis contratos por $17.656 millones que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá le entregó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, cuando su hermano era alcalde de Medellín, para repartir kits de bioseguridad durante la pandemia. "Existía un acuerdo destinado para obtener una contraprestación económica ilícita del 15 % del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados", dijo la fiscal del caso.

El Colombiano cuenta que, de los $2.481 millones de coimas, $1.653 millones habrían quedado en manos de Quintero Calle, $693 millones en las del exsubdirector financiero del Área y $133 millones en las de Sebastián de Dios Ortega Urán, hijo de un político de Bello. Los pagos se habrían hecho en efectivo, con cheques por $50 millones girados a nombre de terceros, y hubo al menos uno en especie: un testigo declaró que en 2021 le entregaron al exsubdirector un BMW que estuvo meses estacionado en los parqueaderos de la entidad, hasta que no se pusieron de acuerdo en el precio y lo devolvió. Según la Fiscalía, parte del dinero iba a financiar la campaña a la Cámara del gerente de los bomberos, que fracasó.

Quintero Calle no tenía cargo ni competencia legal en ninguna de las entidades. Pero la acusación dice que desde diciembre de 2019 (con su hermano ya elegido alcalde) ubicó gente cercana en puestos clave y buscó despedir a quienes estorbaban, y que coordinaba todo por un grupo de WhatsApp llamado primero "Alternativos" y después "Amigos", donde le decían "Mr. M" o "nuestro jefe" y donde exhibía un Rólex, un Ferrari y la finca que construía. Testigos han dicho que operaba igual en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano. Ninguno de los cuatro imputados aceptó los cargos.

La estación de Policía de Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander), quedó destruida. Desde el lunes 7 de septiembre soportó varios ataques, casi todos con explosivos lanzados desde drones, hasta que el jueves 10 los cerca de 20 uniformados que la custodiaban tuvieron que ser evacuados en helicóptero. Ninguno resultó herido. Según denuncias de la propia comunidad, después de la retirada entraron hombres que serían del ELN y dinamitaron lo que quedaba de la estructura. El corregimiento se quedó sin Policía.

El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, explicó que "el corregimiento de Guamalito es un punto especial y estratégico, toda vez que es el punto de ingreso del Cesar hacia el Catatumbo". Contó también que en ese momento tampoco había llegado el Ejército. Las autoridades departamentales y el Ministerio de Defensa de Jorge Mora analizan cómo devolver la fuerza pública al corregimiento; se anunció un consejo de seguridad. El mismo viernes del ataque con enjambre de drones hubo otro atentado en Ocaña.

A las 6:30 de la mañana del 10 de septiembre, Cambio publicó una entrevista en la que Clara Sandoval, la gerente para Bogotá que Abelardo de la Espriella designó el 25 de agosto, negaba que el cargo fuera la antesala de una candidatura a la Alcaldía: "No es mi trabajo ahorita hacer tener una aspiración política". Sin embargo, a las 11:45 de la mañana escribió en X, sobre el reencuentro de Claudia López con Gustavo Petro: "¿Nos sorprende que Claudia López vuelva a ser petrista? Por supuesto que no nos sorprende".

Sandoval renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para asumir el cargo, que es del Gobierno nacional y que, cuando se anunció, ni siquiera existía en la estructura del Ejecutivo. El artículo 127 de la Constitución les prohíbe a los empleados del Estado tomar parte en las controversias políticas de los partidos y movimientos. Su función, según ella misma explicó ese día, es articular con la Alcaldía los proyectos del Gobierno en la ciudad: metro, seguridad, vivienda. "Bogotá sigue teniendo, por supuesto, un alcalde elegido democráticamente, con una autonomía territorial que vamos a respetar al 100 %", dijo. Ujum.