El 30 de septiembre termina el convenio que cofinancia los Centros Intégrate, la política de acogida e integración migratoria que Colombia montó en 2019 y que suma más de medio millón de atenciones a una población de 2,8 millones de venezolanos. Nacieron con plata de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; cuando USAID cerró en 2025 más del 90 % de sus operaciones en el mundo, los centros pasaron al Ministerio de la Igualdad, que hoy está en liquidación. En el papel sus funciones deben pasar al Ministerio del Interior o al Departamento para la Prosperidad Social, pero, según El Espectador, no existe todavía un acto que diga cuál de los dos los asume ni qué pasa con la atención en los 25 municipios donde operan.
El aviso de cierre ya salió en varias ciudades: en Cúcuta le notificaron al personal que la operación termina el 25 de septiembre. Medellín es de las pocas donde la Alcaldía puso presupuesto. Maicao, donde llegó a estar el mayor asentamiento irregular de extranjeros de América Latina y viven más de 68.000 migrantes, no tiene ni recursos ni hoja de ruta. Marcos Muleth, director nacional de los centros, dice en una carta que la continuidad depende ahora de alcaldías, gobernaciones y de la política migratoria de Abelardo de la Espriella, que hasta ahora no ha hablado de integración y sí ordenó operativos contra extranjeros irregulares: "Es una política de Estado, no de Gobierno".