El Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere darles piso legal a sus gerentes regionales con una "Dirección General de Delegados", adscrita al Ministerio del Interior, que pondría un funcionario por departamento como puente con la Presidencia, según el documento de agenda legislativa que el ministro Rodrigo Lara socializó en el Congreso y que reveló El Espectador. El piloto ya arrancó en Bogotá. El punto que más ruido hace es un "Concepto Vinculante de Articulación Institucional": el delegado opinaría con carácter obligatorio sobre proyectos estratégicos de inversión nacional con ejecución territorial, contratos con impacto regional de más de 500 salarios mínimos, convocatorias nacionales para entidades territoriales y programas nacionales.
Según el diario, los congresistas que asistieron a la socialización lo rechazaron de plano: advirtieron que podría usurpar funciones de gobernadores y alcaldes, politizar los proyectos y dejar por fuera a los propios congresistas, que suelen mediar para destrabarlos. El Gobierno responde que busca "un interlocutor único del Gobierno Nacional en su propia región y respuestas en plazos definidos", y el documento aclara que los delegados "no sustituyen a las autoridades competentes". El mismo paquete incluye una ley para convertir a Barranquilla en capital alterna y una "habilitación transitoria y condicionada" para iniciar obras sin consulta previa en las zonas del terremoto.