Purga en el Estado

El tuitero Juan Maza escribió en X que R3ntas "tiene a toda la familia contratada con ops cuestionables", con una tabla de contratos de la Secretaría de Educación del Distrito. R3ntas le respondió en X con la certificación laboral de Maza en Air-e, que muestra su cargo y su salario. "A ver, bachiller, mi papá no hacía videos estúpidos y no felaba a Benedetti como usted", escribió, y le preguntó cómo tenía un sueldo de profesional "sin terminar la carrera". El 10 de octubre ya había expuesto a una asistente de Jennifer Pedraza con los salarios de 10 de sus colegas.

El caricaturista Matador escribió en X que la empresa de acueducto de Pereira, Aguas y Aguas, "despidió sin justa causa ayer a mi esposa" después de 30 años de trabajo. Dijo que la decisión la aprobó la junta directiva y preguntó quién la integra: "El alcalde Mauricio Salazar, ¡Firme por la patria!". Publicó también una imagen que presenta como el memorando de la empresa, del 14 de octubre, que termina el contrato sin justa causa por una reorganización que eliminó el cargo de gestión del riesgo. Matador está en una pelea con el Gobierno desde que llamó "ratita" a la primera dama y la Fiscalía le abrió una indagación por injuria agravada.

Cristina Toro Restrepo, vicepresidenta Corporativa Jurídica y secretaria general de Ecopetrol, dejó el cargo tras terminar su relación laboral "por mutuo acuerdo", según el aviso de la empresa que recoge El Colombiano. La Vicepresidencia Jurídica queda encargada a Silvia Restrepo García, y Mónica Jiménez González, a quien la junta nombró vicepresidenta Legal y secretaria general, llegará a más tardar el 6 de octubre. Toro fue secretaria general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) desde abril de 2021, en la alcaldía de Daniel Quintero, y en abril de 2024, con Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, la junta la nombró vicepresidenta jurídica. Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, le dijo al diario que "la sacaron por mala" y que la administración de Joaquín Gutiérrez "está limpiando la nómina que pasó de saquear a Medellín a sentarse en Ecopetrol". Según Alberto Vergara, el exdirector de Cumplimiento al que Ecopetrol denunció por hablar en entrevistas de las investigaciones sobre Roa, Toro era la jefa de quien presentó esa denuncia y de la funcionaria que le abrió dos procesos disciplinarios que él llama "ilegales".

Natalia de la Calle Restrepo salió de la gerencia general de Oleoducto de Colombia (ODC), filial de Ecopetrol, donde llevaba desde 2010: entró como abogada de la vicepresidencia jurídica, pasó por la Secretaría General y terminó al frente de la filial, con un salario cercano a $69,9 millones mensuales y un costo anual de $1.002 millones. Es hija de Humberto de la Calle, exvicepresidente, negociador de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, excandidato presidencial y exsenador. Junto a ella quedó por fuera Jorge Ernesto Arango Camacho, primo del esposo de De la Calle, que era gerente legal contractual de Cenit y estaba encargado de la vicepresidencia legal: entró en 2019 como abogado senior, llegó a la gerencia en 2025 y ganaba unos $37,5 millones mensuales, $545 millones al año.

Las dos salidas, que reveló Semana, son parte del remezón con el que la nueva administración de Ecopetrol viene rehaciendo su planta ejecutiva y administrativa. Según ese medio, muchos de los que han salido tienen relación con sectores políticos que no son afines al Gobierno, y Humberto de la Calle es cercano al santismo. En las últimas semanas ya habían salido, entre otros, el cuñado del senador Iván Cepeda y la hija del exministro de Defensa Iván Velásquez.

Ecopetrol despidió a David Andrés Jiménez, cuñado del senador Iván Cepeda, que había entrado en junio de 2025, bajo la presidencia de Ricardo Roa, como profesional integral de gestión territorial en la Vicepresidencia de Transformación Territorial. Semana, que reveló la salida, anota que Jiménez es antropólogo con maestría en desarrollo educativo y social y que toda su experiencia previa está en asesorías de despacho y cargos de confianza, no en la industria petrolera; que declaró el parentesco un año después de entrar; y que había apoyado la secretaría técnica del Comité Nacional de Participación pactado en la mesa de diálogos del gobierno de Gustavo Petro con el ELN.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes a otros cinco funcionarios que venían del gobierno de Gustavo Petro, reveló El Colombiano. El más conocido es Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a quien la Procuraduría investiga desde noviembre de 2025 por presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá, algo que él niega. Mejía ya había renunciado, pero el 25 de agosto el presidente firmó un decreto que declaró insubsistente su nombramiento y en su lugar llegó Martha Luz Reyes, según El Espectador. Salieron también Milver Rojas, director del Fondo Nacional de Estupefacientes y ficha del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo; Letty Leal, del Fondo de Programas Especiales para la Paz, y dos viceministros de la Igualdad, Tamara Ospina y Pablo Zabala, a quienes sacó el liquidador del ministerio, John Milton Rodríguez. Semanas antes, Abelardo había anunciado lo mismo para cinco embajadores.