18 de octubre de 2026

La influenciadora abelardista Vanesa Corena, que usa en X la cuenta @VaneDeJuaniLoen, citó el fragmento de la entrevista de Verónica Alcocer en Noticias RCN en el que la exprimera dama habla de sus visitas a las cárceles y escribió: "Que ganas de restregarle esta porquería de entrevista a un familiar que no hacía más que lambonear a esta drogadicta en Facebook". En esa entrevista, Alcocer dijo que nunca ha tenido "nada que ver con drogas".

En su columna en El Espectador, el economista Marc Hofstetter recuerda que Abelardo prometió en campaña reducir el tamaño del Estado en 40 % y aplicar un plan de choque que ajustaría el gasto en $70 billones. También prometió quitar el impuesto al patrimonio y el cuatro por mil. A dos meses del gobierno, escribe, lo único concreto en lo fiscal es una actualización del presupuesto de 2027 que le sumó 10 % al que presentó Gustavo Petro: "¿dónde está el ajuste prometido?". Dice que suspender el empalme fue "un tiro en el pie" y que subir impuestos tendrá que ser parte del ajuste. La luna de miel con el Congreso, concluye, "se le está escurriendo entre los dedos".

En su columna en El Espectador, Rodrigo Uprimny escribe que el Decreto 1525 de 2026, con el que el gobierno de Abelardo cambió el protocolo para atender la protesta, "es triplemente inconstitucional e inconveniente". Lo es por procedimiento, porque reformó el Decreto 03 de 2021, que nació de una orden de la Corte Suprema, sin la mesa de diálogo que ella exigió, lo que podría ser incluso un desacato. Lo es por competencia, porque no regula solo el uso de la fuerza, sino el contenido del derecho a la protesta, que, como ha dicho la Corte Constitucional, solo puede delimitar una ley estatutaria. Y lo es por contenido, porque autoriza usar la fuerza antes de agotar la mediación y sin que haya hechos de violencia. Concluye que "el camino es una ley estatutaria ampliamente debatida en el Congreso y controlada por la Corte y no este decreto unilateral del gobierno".

En su columna en El Espectador, Ramiro Bejarano escribe que la oficina de informantes ocultos contra la corrupción que creará el Gobierno nace de "un decreto groseramente inconstitucional, porque el presidente no puede fundar una especie de policía secreta que además funcione en la Casa de Nariño". Dice que esas funciones, por la Ley Estatutaria 1621 de 2013, solo puede crearlas el legislador. Critica que vaya a dirigir esa "nueva policía política" la exmagistrada Cristina Lombana, de quien dice que "su fuerte no es la imparcialidad". "Agentes reservados anticorrupción militantes del abelardismo: ¡el milagro que faltaba!", remata. En una adenda le reprocha a Abelardo que siga amenazando con llamar activistas o falsos periodistas a quienes opinan distinto.

En su columna en El Espectador, Tatiana Acevedo escribe que bajo la visión del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, "se está ejecutando el ataque más fuerte contra la consulta previa en nuestra historia reciente". Se refiere a la directiva presidencial que permite cerrar la consulta sin acuerdo con las comunidades. Y critica el borrador de decreto que Arjona presentó con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para que la licencia ambiental avance al mismo tiempo que la consulta. Dice que Arjona "es un claro exponente de una suerte de ambientalismo zombi", que busca "vender la naturaleza para salvarla". Recuerda que Arjona fue gerente ambiental de la represa de Urrá, cuya licencia se expidió sin consultar al pueblo embera katío del Alto Sinú, como concluyó la Corte Constitucional en 1998.

La Contraloría advirtió que el Ministerio de Defensa del gobierno de Gustavo Petro pudo haber pagado $2.130 millones de más en la compra de los aviones Gripen, como contó Caracol Radio con la respuesta a un derecho de petición. El 20 de enero de 2026, el Ministerio le pagó a la empresa sueca Saab AB con una tasa de $4.936,96 por euro, cuando la oficial del Banco de la República era de $4.339,41. La Contraloría habla de un "riesgo de afectación al patrimonio del Estado". La advertencia es del 28 de agosto, ya en el gobierno de Abelardo, y no es una sanción. El Tiempo ya la había contado el 15 de octubre, sin nombrar los Gripen, a partir de un informe de la Contraloría al Congreso.

La secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, pidió que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía intervengan en San Andrés y que las investigaciones se manejen desde Bogotá por una comisión conjunta, como cuenta El Espectador. "No desconfiamos de los isleños, sino de los tentáculos corruptos que interfieren en los organismos de control en la isla", dijo. A la Procuraduría le pidió ejercer su "poder preferente" y a la Contraloría, su "control excepcional". Un día después de enfrentarse con la gobernadora, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y con la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, Abelardo escribió en X que en el hospital departamental hay "equipos médicos guardados en guacales y deteriorándose" y "un contrato de fotocopiadoras por $60 millones mensuales". Dijo que la información "señala la participación de un diputado", sin decir quién, y que conformará "un equipo forense para revisar toda la contratación". La gobernadora y la representante negaron cualquier irregularidad, como cuenta El Espectador.

La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, escribió en X: "Anoche, frente al Museo Nacional, vimos una de las expresiones más miserables de la cobardía: unos muy machitos que, para hacerse los valientes, terminaron escudándose en los niños". Y los comparó con la guerrilla: "Durante años hemos denunciado cómo la guerrilla utiliza a la niñez como escudo en medio del conflicto armado, y ahora resulta que hay quienes parecen estar aprendiendo esas mismas prácticas para trasladarlas a nuestras calles". En otro trino anunció: "Desde el @ICBFColombia ejerceremos nuestras competencias, en coordinación con las autoridades correspondientes, para garantizar su protección". El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que en el segundo día del plantón hubo menores y que fueron equipos del ICBF. La columnista de El Espectador Cecilia Orozco había escrito sobre el trino de los machitos: "Alguien que le haga el favor a esta señora, de recomendarle un psiquiatra". Restrepo le respondió: "Mírenla ahí, la feminista" y "Qué doble moral, señora Orozco".

Reporteros de El Espectador supieron que Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y ministro de Agricultura de Juan Manuel Santos, iría a la embajada en Brasil. Al verificarlo, encontraron que figura en bases de datos oficiales como aspirante a ministro de Relaciones Exteriores, el cargo que hoy ocupa Omar Bula Escobar. El Gobierno le dijo al diario que fue un error en la entrega de papeles, pero hasta la tarde del viernes 16 de octubre no se había corregido. El diario venía contando cómo la "clase política tradicional" quedó al frente de embajadas clave. En diciembre de 2025, Zuluaga dejó su precandidatura presidencial y se sumó a la campaña de Abelardo, como contó Asuntos Legales.