Septiembre de 2026

Un día después de la condena, el abogado defensor de Juliana Guerrero, Felipe Alzate, salió a explicar en Blu Radio por qué su clienta fue condenada solo por fraude procesal y no también por falsedad en documento. Su argumento: "Ella no falsificó el título, solo lo usó", y la justicia no puede sancionar dos veces el mismo hecho, así que el delito de usar el diploma para inducir en error a quien la iba a nombrar absorbe la conducta. Contó que la negociación del preacuerdo con la Fiscalía tomó unos tres meses y defendió que la rebaja de pena no es un trato preferencial sino un beneficio al que puede acceder cualquiera que acepte cargos y evite un juicio largo. También descartó que hubiera lugar a imputar concierto para delinquir, pese a que el exsecretario general de la Fundación San José ya fue condenado por lo mismo: "No hay un solo hecho que permita acreditar que hay una empresa criminal que se ha mantenido en el tiempo con diferentes autores". Con el preacuerdo, Guerrero no cumple prisión ni en la cárcel ni en su casa.

El juzgado 14 laboral de Bogotá le ordenó a la Presidencia y al Departamento Administrativo de la Presidencia ocultar de la cuenta oficial de Instagram las publicaciones del 2 y el 4 de septiembre en las que Abelardo de la Espriella aparece caminando entre bolsas con cadáveres, al presentar los resultados de las operaciones Azarías, en Miraflores (Guaviare) y Centinela de la Patria, en La Guajira. La decisión responde a una tutela del representante a la Cámara por Caldas Santiago Osorio Marín, de la Alianza Verde, que alegó el derecho de los menores de edad a no exponerse a contenidos capaces de generarles daño psicológico. El juzgado subrayó que se trata de medidas cautelares, transitorias, mientras resuelve el fondo: mientras se determina si las publicaciones son violentas o explícitas, dice el auto, hay que evitar "un eventual perjuicio irremediable", más cuando el contenido sigue disponible en una red de amplia circulación.

Una directiva presidencial ordenó repartir las funciones, los programas y los recursos del Ministerio de la Igualdad entre los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia y el Departamento para la Prosperidad Social, que tendrán un año para hacer el traspaso. La cartera está siendo liquidada por el exsenador John Milton Rodríguez, que busca "recuperar" 200.000 millones de pesos cancelando contratos y declarando insubsistentes a funcionarios: "Una entidad en liquidación no puede seguir sosteniendo una estructura burocrática como si continuara funcionando normalmente", dijo. Según el sindicato de trabajadores estatales, con la liquidación se pierden unos 750 puestos, 650 de ellos de planta. Y quedan sin dueño dos cosas que atendían a población concreta: el sistema nacional de atención a violencias de género, que todavía no está en manos de ninguna entidad ni tiene hoja de ruta, y los Centros Intégrate, que hoy funcionan en 25 municipios ayudando a migrantes a acceder a servicios básicos.

Mientras el Gobierno firma decretos, dos crónicas de El Espectador cuentan quién está sosteniendo lo que queda. La primera busca a los rescatistas voluntarios que se volcaron a las calles de Cali y Pereira el 10 de agosto y siguen ayudando un mes después. Una de ellas, de 30 años, técnica en tránsito, estuvo en el edificio Vanessa de Cali sacando escombros: "Nunca fue una opción quedarnos quietos (…) Lamentablemente, no se sacó a nadie con vida. Fueron unos 22 cuerpos recuperados". No ha vuelto a pasar por ahí; una psicóloga le dijo que tiene un shock postraumático.

La segunda va a Pereira, donde un hombre de más de 80 años mira desde la calle la casa que compró hace 62 con lo que ahorró manejando un camión de lácteos, hoy marcada con un aviso de "peligro de colapso". En el centro de la ciudad la gente volvió hace apenas una semana, entre máquinas que demuelen edificios: "Yo siento como un dolor colectivo, porque es muy triste ver todo lo que se cayó. Los lugares que frecuentábamos, hay algunos que ya no existen. Nos quedamos sin supermercado, sin panadería", dice un habitante. El balance nacional sigue en 331 muertos y 111 desaparecidos, con 36.326 viviendas colapsadas y 202.002 con algún daño.

Con el Decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella le fijó funciones a su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Son tres frentes. En economía, coordinar los sectores de "recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, estabilidad macroeconómica" e inversión, lo que incluye la política de energía, hidrocarburos y minerales críticos, justo la semana en que Colombia firmó con Estados Unidos un memorando sobre esa cadena de suministro. En lo internacional, la "inserción estratégica de Colombia", que es función de la Cancillería, y la organización de las "Semanas Milagro", eventos para atraer inversión extranjera; Restrepo ya coordina el debut del país en la Asamblea de la ONU. Y en lo institucional, la "simplificación" del Estado, que en campaña se prometió como un recorte del 40 %, más la inserción del país en la economía de la inteligencia artificial. La Silla Vacía lee el decreto como el termómetro de la relación entre los dos: Petro le quitó peso a Francia Márquez, y a Duque le tocó ceder ante Marta Lucía Ramírez.

Después de que el Partido Liberal se declaró de gobierno, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, salió a cobrarle a Gustavo Petro las alianzas que hizo en el Congreso: "Uno de los mayores errores de Gustavo Petro como presidente fue confiar en políticos tradicionales, esa es una lección que la izquierda debe aprender: Es una mala idea construir mayorías artificiales en el Congreso". Su ejemplo fue la senadora María Eugenia Lopera, a quien Petro llamó en su momento "la nueva María Cano" y que hoy defiende que los liberales acompañen a Abelardo de la Espriella: "La oscura señora Lopera, aliada de lo peor de la politiquería antioqueña, es la mejor amiga de la actual directora de Corantioquia, la CAR a la que Sneyder Pinilla le giró 100 mil millones de pesos horas antes de salir de la UNGRD". Carrillo dijo que él frenó esos giros siendo director. "Claramente Petro se equivocó con Bedoya, Lopera, Trujillo, Quintero y un largo etc. en Antioquia".

Ecopetrol despidió a David Andrés Jiménez, cuñado del senador Iván Cepeda, que había entrado en junio de 2025, bajo la presidencia de Ricardo Roa, como profesional integral de gestión territorial en la Vicepresidencia de Transformación Territorial. Semana, que reveló la salida, anota que Jiménez es antropólogo con maestría en desarrollo educativo y social y que toda su experiencia previa está en asesorías de despacho y cargos de confianza, no en la industria petrolera; que declaró el parentesco un año después de entrar; y que había apoyado la secretaría técnica del Comité Nacional de Participación pactado en la mesa de diálogos del gobierno de Gustavo Petro con el ELN.

Con el Decreto 1374 de 2026, Abelardo de la Espriella dejó en firme al general retirado Jorge Andrés Zuluaga como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, la principal agencia de inteligencia del Estado, que no depende de las Fuerzas Militares sino directamente de la Presidencia. Zuluaga tiene más de 30 años en inteligencia militar y fue uno de los "cerebros" de la Operación Jaque, que en 2008 liberó a 15 secuestrados de las Farc, entre ellos a Ingrid Betancourt.

Sobre esa hoja de vida pesan dos escándalos, como lo cuenta El País. Entre marzo de 2004 y junio de 2005, Zuluaga comandó la Regional de Inteligencia Militar No. 5, y en octubre de 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias para que lo investigara la justicia ordinaria: encontró que esa regional perfiló y persiguió a dirigentes de la Unión Patriótica señalándolos de ser miembros de las Farc. El auto lo vincula con el homicidio de José Rubiel Malambo, candidato al concejo de Ortega (Tolima) al que unos militares asesinaron para presentarlo como guerrillero dado de baja, y recoge que exintegrantes del Bloque Tolima de los paramilitares declararon haber recibido de esa regional listados con nombres de personas para asesinar. La otra sombra es "Andrómeda": en 2014 Zuluaga dirigía la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, la unidad que operaba desde una fachada comercial en el barrio Galerías de Bogotá interceptando, entre otros, a los negociadores de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, que lo relevó del cargo. Siguió en el Ejército unos años más, pero fuera de la inteligencia. El general siempre ha negado cualquier ilegalidad.

El porte de armas aterriza en una Bogotá que contrasta con lo que ha dicho Abelardo. Según el Distrito, en la capital bajaron los homicidios (7,3 %), el hurto a personas (13,9 %) y los delitos sexuales (19,1 %), y en el 78,6 % de los hurtos a personas no se usó ningún arma: solo en el 6,3 % hubo arma de fuego, menos que las cortopunzantes. Lo que no cede es la violencia entre conocidos: cuatro de cada 10 homicidios ocurren en riñas por intolerancia, una muerte cada 26 horas, sobre todo entre el viernes y el domingo por la noche, y la violencia intrafamiliar subió 11,5 % entre 2024 y 2025, con 189 casos diarios y 70 % de víctimas mujeres. "Con el porte de armas se corre el riesgo de revertir la tendencia a la baja en los homicidios en Bogotá, aumentar las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, así como incrementar los suicidios y el número de accidentes con armas de fuego en casa", le dijo a El Espectador el politólogo y criminólogo Jorge Mantilla. De las cerca de 700.000 armas con salvoconducto que hay en el país, el 40 % está en Bogotá.

Un mes después del terremoto, el balance de la Gobernación del Chocó es de 12 muertos, 357 heridos y 99.122 personas afectadas en los 30 municipios del departamento, casi una de cada cinco personas de la zona golpeada, con 5.221 viviendas destruidas y 27.283 averiadas. Encima llegó la lluvia: el 28 de agosto cayeron sobre Quibdó 198,7 milímetros en 24 horas, el mayor acumulado del país ese día, que dejaron más de 300 viviendas afectadas en al menos 16 barrios y tumbaron del todo una casa que las propias instituciones ya habían marcado en riesgo. La ciudad tiene 27,8 % de cobertura de alcantarillado, frente al 76,6 % del promedio nacional. Y la tierra sigue moviéndose: entre el 10 y el 31 de agosto el Servicio Geológico Colombiano registró 1.340 sismos más en la zona, en lo que llama un "enjambre sísmico".

La crónica de El Espectador encontró a las familias resolviendo solas: una vecina de Quibdó pidió un millón y medio de pesos a un "gota a gota" para comprar bloques y cemento, y otra lleva un mes durmiendo afuera con ocho personas de su familia, dos de ellas con malaria. "Más del 97 % de las viviendas no se han intervenido", dice Jorge Américo, del Comité Cívico de Infraestructura de Quibdó. En Medio Atrato, un municipio al que solo se llega por río, la única ayuda oficial que había llegado eran 240 kits de aseo y 240 mercados para unas 260 familias; su alcalde, Yair Diomedes Cuesta, reporta un brote de malaria y dengue por el agua estancada y dice que ni él ni la mayoría de alcaldes del departamento fueron invitados a la cumbre del 7 de septiembre en la que Abelardo de la Espriella anunció, con los empresarios más grandes del país, el "Plan Marshall para el Chocó": "No tuvimos ni una invitación. Creo que fue una falla". El decreto de emergencia económica calcula el daño del terremoto en al menos 30 billones de pesos; lo anunciado en Quibdó ronda los tres.