Septiembre de 2026

Con cuatro decretos firmados por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, el Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a varios de sus directivos. Con el Decreto 1471 nombró a Claudia Patricia Herrera Logreira directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), que tenía en encargo el propio Ríos. Con el Decreto 1475 nombró jefe de la Casa Militar al contralmirante John Henry Ruiz Murcia, caleño y aviador naval, que en 2025 dirigió la Escuela Naval de Cadetes. En agosto, Minuto60 ya lo presentaba como el responsable de la seguridad del presidente. Con el Decreto 1474 nombró a Adriana Piquero Echeverri directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia). La hoja de vida que publicó la agencia dice que es abogada y que fue asesora sénior del Instituto Republicano Internacional (IRI) de febrero a julio de 2026. Antes fue contratista de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Bogotá, entre 2020 y 2024. Y con el Decreto 1473 aceptó la renuncia de María Fernanda Gaitán Lozano a la Unidad de Cumplimiento, la que sigue las metas del Gobierno, y nombró a Juan Diego Suárez Saldarriaga.

La CIDH le otorgó medidas cautelares a un exintegrante del Ejército, identificado solo con sus iniciales, según el comunicado de la Comisión. Compareció ante la JEP en el caso de los falsos positivos de la Costa Caribe, reconoció responsabilidad en 37 homicidios y, según la solicitud, aportó información que involucraría a altos mandos militares. Desde 2023 habría sufrido dos atentados, intimidaciones y seguimientos. El 14 de julio de 2026 alguien le entregó a su escolta un panfleto y dos cartuchos, con la exigencia de no mencionar a otras personas ni seguir hablando ante la JEP. La Comisión reconoció que el Estado le dio un esquema de protección, pero concluyó que su vida sigue en "grave riesgo" y le pidió a Colombia que pueda seguir declarando "en condiciones de seguridad".

El registrador Hernán Penagos le puso una tutela a Gustavo Petro ante el Consejo de Estado por las acusaciones de fraude que hizo como presidente y el magistrado Nicolás Yepes Corrales la admitió. Según El Espectador, Penagos sostiene que hubo un "desprecio temerario por la verdad": Petro insistió en sus acusaciones pese a las auditorías y a las explicaciones técnicas que las contradecían. La tutela cita 14 publicaciones de Petro en X y un consejo de ministros del 14 de julio, según La Silla Vacía. Penagos no pide, como pretensión principal, que se le ordene rectificar, porque Petro ha usado otras rectificaciones para repetir lo que debía corregir, como con las periodistas que llamó "muñecas de la mafia". Pide que no repita las acusaciones sin pruebas y que, si lo obligan a rectificar, el Consejo de Estado le dicte el texto.

El magistrado le dio tres días a Petro para defenderse.

Con la Resolución 0607, el Ministerio de Cultura suspendió para este año la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural, que desde hace más de 27 años les da incentivos a proyectos artísticos y culturales de entidades y organizaciones, y pasó su apertura, prevista para agosto y septiembre, al primer bimestre de 2027, según El Espectador. La resolución dice que el Ministerio tiene pagos pendientes por $184.482 millones, con corte a agosto, de los que $75.436 millones son "compromisos con beneficiarios de las convocatorias públicas", y que los $40.000 millones que consiguió en septiembre solo cubren una parte. Dice también que no hay certeza sobre la plata que tendrá el programa en 2027 y que la suspensión es "un ajuste en la planificación del Programa, sin que signifique su eliminación". Para los festivales del primer trimestre de 2027, el Ministerio "podrá implementar otros instrumentos" si hay presupuesto. "¿Cuál será esa disponibilidad, considerando la reducción prevista para el sector cultural?", preguntó en X la exministra Yannai Kadamani, que ya había advertido que la convocatoria no había abierto. El 1 de octubre, el Ministerio anunció pagos por $37.839 millones para 2.096 compromisos pendientes, y la ministra Paola Holguín volvió a culpar al Gobierno anterior, que según ella "mal administró este Ministerio".

Cristina Toro Restrepo, vicepresidenta Corporativa Jurídica y secretaria general de Ecopetrol, dejó el cargo tras terminar su relación laboral "por mutuo acuerdo", según el aviso de la empresa que recoge El Colombiano. La Vicepresidencia Jurídica queda encargada a Silvia Restrepo García, y Mónica Jiménez González, a quien la junta nombró vicepresidenta Legal y secretaria general, llegará a más tardar el 6 de octubre. Toro fue secretaria general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) desde abril de 2021, en la alcaldía de Daniel Quintero, y en abril de 2024, con Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, la junta la nombró vicepresidenta jurídica. Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, le dijo al diario que "la sacaron por mala" y que la administración de Joaquín Gutiérrez "está limpiando la nómina que pasó de saquear a Medellín a sentarse en Ecopetrol". Según Alberto Vergara, el exdirector de Cumplimiento al que Ecopetrol denunció por hablar en entrevistas de las investigaciones sobre Roa, Toro era la jefa de quien presentó esa denuncia y de la funcionaria que le abrió dos procesos disciplinarios que él llama "ilegales".

Horas después de que el vicepresidente José Manuel Restrepo dijera en el congreso de Acopi que "la teoría estúpida o ideológica del decrecimiento" no funciona en el Gobierno de Abelardo, Gustavo Petro le respondió en X que "lo estúpido" es pensar que esa teoría es para los países pobres: según él, es para los ricos y empieza por el consumo suntuario y el de mercancías basadas en hidrocarburos. Agregó que lo que sí decrece "en el primer mes de Abelardo" es el empleo. En la noche, Restrepo le contestó en X: "No le tenga miedo a crecer". Le dijo que prefirió "hundirnos en un pésimo crecimiento", basado en gasto público y con "el peor dato de inversión privada en relación a PIB en 51 años", que el empleo que se creó en su gobierno "era burocracia estatal innecesaria y basada en el derroche o empleo precario" y que "en la patria milagro no seguiremos su 'estupida' receta".

Sobre el borrador del decreto de la protesta, Semana tituló: "Gobierno de Abelardo De La Espriella acabará con la protesta violenta. La policía podrá actuar y, si hay armas, no hay diálogo". El texto de la misma nota dice que es un proyecto publicado para comentarios "antes de que sea expedido y empiece a regir". En otra nota, Semana tituló que el vicepresidente José Manuel Restrepo "puso en su lugar a Petro" con la frase "No seguiremos su estúpida receta". El cuerpo no la cita ni cuenta de dónde sale: es de un trino que Restrepo escribió más de tres horas después de la hora de publicación que muestra la nota. Las dos notas conservan titulares más planos en su dirección y en el título que aparece al compartirlas: "Decreto del Gobierno De La Espriella busca regular la intervención de las protestas" y "José Manuel Restrepo: 'La teoría estúpida del decrecimiento no funciona en el Gobierno de Abelardo De La Espriella'".

Estudiantes de la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo le enviaron un derecho de petición al director, Sergio Esteban Vélez, por el video en el que recordó a Andrés Caicedo por su "autodestrucción" en la cuenta oficial del instituto. Le hacen 11 preguntas, entre ellas quiénes prepararon y aprobaron el video, qué fuentes sostienen lo que dice sobre la vida de Caicedo y si lo que dice es "una posición institucional del Instituto Caro y Cuervo, una lectura del director o ambas". También preguntan si el instituto tiene lineamientos "para distinguir la voz del director de la posición institucional" y le piden que, al responder, separe "los hechos verificables" de "las interpretaciones y los juicios de valor". El documento lo publicó en X el abogado Juan Ospina, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, que dice que también se presentó una petición parecida por el video sobre Gonzalo Arango. Vélez llegó al instituto después de pasar por la diplomacia: en 2019, el Gobierno de Iván Duque lo nombró en la Embajada de Colombia en Suiza, donde fue agregado cultural y encargado de negocios, según El Espectador. La embajadora entre 2019 y 2022 fue la exsenadora liberal Sofía Gaviria, según su propia página. Ese año, David Racero lo señaló en un hilo en X como uno de los nombrados "sin hacer parte de la carrera diplomática y consular". El periodista José Guarnizo, director de Vorágine, escribió en X que Vélez "ya no es el 'niño poeta', es la cuota de Sofía Gaviria en este gobierno, con ella estuvo en la embajada de Suiza".

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia dos hojas de vida para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que dirige Sergio Piñeros Botero. Para subdirector técnico postula a Rafael Andrés More Jaramillo, ingeniero ambiental que declara cero años en el sector público: según su hoja de vida, trabajó en consultoras y en la empresa de aseo Área Limpia, y entre 2021 y 2024 fue gerente general de Gomore Group, una empresa en Estados Unidos. Para profesional especializado, a Gerardo José Rugeles Plata, abogado de San Gil que ha sido contratista del Ministerio de Ambiente, de la propia ANLA y de varias corporaciones autónomas regionales. Su hoja de vida no menciona el contrato que firmó el 19 de agosto con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), por $12.327.786 y hasta noviembre, para apoyar su Subdirección de Autoridad Ambiental, según el SECOP.