Uribe frente a la justicia

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley 282 de 2026, de la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, como cuenta El Nuevo Siglo. Reglamenta la doble conformidad: que quien es condenado por primera vez pueda pedir que otros jueces revisen la condena. Posada escribió en X que "las garantías no tienen partido". La ponencia también tiene efectos hacia atrás. Su artículo 15 restablece, "por una sola vez", la casación de quien fue condenado por primera vez en segunda instancia, impugnó la condena, la vio confirmada y no pudo ir en casación. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, dijo que ese es el caso de Santiago Uribe Vélez, condenado a 28 años y tres meses en el proceso de Los 12 Apóstoles: "Esta ley tiene nombre propio", como cuenta Infobae. La comisión negó su propuesta de archivar el proyecto para tramitarlo como ley estatutaria. Iván Cepeda, Alfredo Deluque y Álex Flórez se declararon impedidos. El 6 de noviembre, la Corte Suprema le volvió a negar a Santiago Uribe Vélez una tutela con la que pedía reabrir su casación.

La Sala Penal de la Corte Suprema inadmitió el recurso de casación del abogado Diego Cadena contra su condena por soborno en actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve, como contó Semana. Cadena fue apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un juzgado lo condenó en septiembre de 2025 por presionar a Monsalve para que se retractara y declarara a favor de Uribe. El 5 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa condena y, por primera vez, lo condenó también por soborno y fraude procesal por buscar con el mismo fin al exparamilitar Carlos Enrique Vélez: en total, 104 meses de prisión domiciliaria. Contra la inadmisión procede el mecanismo de insistencia, y la Corte todavía debe resolver la impugnación especial contra la condena por el caso de Vélez, como muestra el auto del 21 de octubre que publicó Cuestión Pública. En el mismo auto, la Corte declaró extinguida la acción penal contra Juan José Salazar Cruz, el otro condenado, porque murió.

La Sala Civil de la Corte Suprema negó la tutela de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, según El Espectador. Con ella, su defensa buscaba tumbar la condena a 28 años y tres meses de cárcel por el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Era la última vía: en junio, la Sala Penal ya había confirmado la condena y rechazado la casación. Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia y condenado en segunda por el Tribunal Superior de Antioquia por concierto para delinquir agravado y por el homicidio de un conductor de escalera en 1994, en Yarumal, según La Silla Vacía. La Corte calificó esos crímenes como de lesa humanidad, recuerda Cambio. Cumple la condena en el Batallón de Caballería Juan del Corral, en Rionegro.

Abelardo de la Espriella anunció en X que ordenó trasladar a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, a Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave del proceso por soborno de testigos y fraude procesal contra Álvaro Uribe Vélez: "En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario". No dijo de qué manera lo violó. Monsalve, condenado por secuestro extorsivo, estaba en La Picota, en Bogotá, desde 2008, y ese día, horas antes del anuncio, lo habían llevado de urgencia a una clínica por una afectación cardiovascular, según Infobae. Es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez, y declaró que de ahí salió el Bloque Metro de las AUC, según El Espectador. En junio de 2025, Abelardo ya lo había llamado así en X: "Hemos fracasado como sociedad cuando la judicatura prefiere creerle a un criminal redomado como Monsalve, antes que al hombre que más ha hecho por la Patria".

La Corte Constitucional tiene que decidir quién investiga a Álvaro Uribe Vélez por su supuesta participación en las masacres de El Aro y La Granja: la Fiscalía, que lleva el caso porque los hechos ocurrieron cuando era gobernador de Antioquia, o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que sostiene que el concierto para delinquir pudo seguir hasta 2003, cuando ya era presidente. El penalista Yesid Reyes Alvarado explica en El Espectador que el fuero de un expresidente cubre solo los delitos cometidos en el cargo y relacionados con sus funciones. Un concierto para delinquir con el Bloque Metro, escribe, es "una actuación ilícita que no puede ser válidamente entendida como relacionada con sus funciones". Por eso concluye que la Fiscalía debe seguir con la investigación. Pero prevé que a la Fiscalía le costará no abrirle un proceso nuevo: lo más probable, escribe, es que Uribe también sea investigado "por unos comportamientos desplegados cuando ya ejercía ese cargo".