Uribe frente a la justicia

Álvaro Uribe llegó al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, a rendir indagatoria ante la fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos en los expedientes que la justicia tiene abiertos desde hace casi 30 años: las masacres de La Granja (junio de 1996, cuatro víctimas) y El Aro (octubre de 1997, 17 víctimas), en Ituango; la creación de un grupo paramilitar en San Roque, con base en la hacienda Guacharacas, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, que denunció esas masacres cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Los delitos son homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, según Blu Radio. Antes de entrar leyó una declaración: "Acudo a esta indagatoria con tristeza. Lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia. Esta acusación se suma a las muchas que he llevado, creadas por el comité de mis adversarios". Defendió a su hermano Santiago, "un finquero básico, de valores morales", cuya condena de 28 años confirmó la Corte Suprema en junio, y cerró: "Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino". De paso se desmarcó de la etiqueta que le pegaron en el Congreso: "Ahora me acusan de petro-uribismo para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha (…) Al gobierno Petro le combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota".

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez, le respondió en nombre del expresidente al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, por sus declaraciones recientes sobre el recorte al presupuesto del tribunal, según Semana. Dijo que la rendición de cuentas "no constituye, de ninguna manera, un ataque a la justicia transicional" y que la competencia de la JEP no puede extenderse "por vía discursiva" ni usarse para presionar a quienes están por fuera de ella, "menos aún quienes han ostentado la condición de jefes de Estado y están amparados por el fuero presidencial". Le reprochó a Ramelli sugerir que la pelea por la plata podría reactivar actuaciones ante la Corte Penal Internacional: "Tal afirmación desconoce que la CPI solo interviene, bajo los principios de complementariedad y subsidiariedad, cuando el Estado no puede o no quiere investigar y juzgar los crímenes de su competencia". Ramelli había dicho que la JEP llevaría a la ONU y a la Corte Penal Internacional lo que llamó "el más grave ataque" en su contra.

Un día después de ordenar el traslado, Abelardo de la Espriella publicó en X el video de la llegada de Juan Guillermo Monsalve, el testigo del proceso contra Álvaro Uribe Vélez, a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá: "El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita. ¡Monsalve, bienvenido a la Patria Milagro!". En el video, con guitarra eléctrica de fondo, Monsalve entra encadenado de pies y manos, y funcionarios del Inpec le cortan el pelo y la barba, según El Colombiano. Al final aparece un letrero: "Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen". Es la puesta en escena de los videos con los que Nayib Bukele muestra a los presos rapados de sus cárceles en El Salvador.

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, impugnó el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema que le negó la tutela, como reveló El Tiempo el 21 de octubre. Su abogado no pide revisar si es culpable: pide que se le permita presentar la demanda de casación contra la condena de 28 años y tres meses por "Los 12 Apóstoles". Alega que quien es condenado por primera vez en segunda instancia pierde la casación, y que eso viola la igualdad. El magistrado ponente del auto que le cerró la casación pidió confirmar el fallo de tutela. Ahora decide la Sala Laboral; la condena sigue vigente.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema le negó la tutela a Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir como líder de "Los 12 Apóstoles", como cuenta El Espectador. Pedía dejar sin efecto la decisión de la Sala Penal que no casó su proceso, poder presentar la demanda de casación y suspender la pena mientras tanto. Alegaba un trato desigual frente a quien es condenado en primera instancia. La Sala Laboral concluyó que la Sala Penal aplicó las normas sobre la doble conformidad: "No encuentra la Sala desatino alguno que amerite la intervención del juez de tutela".

La fiscal delegada ante la Corte Suprema Sandra Helena Portilla Constain archivó la investigación contra Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal, informó Blu Radio. Se investigaba si Uribe les pagó a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, para que cambiaran sus declaraciones. El testigo Pablo Hernán Sierra García dijo que los dos habrían recibido hasta $300 millones, pero la Fiscalía concluyó que eran "rumores del patio o de una mera percepción respecto de la cual no se encontró fundamento". La Fiscalía revisó con la DIAN y el Banco de la República los negocios sobre unos predios en Cimitarra y los encontró legítimos. Sobre el fraude procesal, la Fiscalía dijo que ya se discutió en el juicio ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. El caso venía de febrero de 2018, cuando la Corte Suprema se abstuvo de investigar a Iván Cepeda y ordenó indagar a Uribe, recuerda La Silla Vacía. Uribe escribió en X: "Este archivo complementó la absolución del tribunal de Bogotá".