10 de noviembre de 2026

Entre el 7 de agosto y el 4 de noviembre, desde que se posesionó Abelardo de la Espriella, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó 3.951 traslados de presos, unos 44 por día, reveló El Tiempo. El diario tuvo acceso a la base de datos. El Inpec le respondió que 2.124 fueron "por razones de seguridad". Las cárceles que más presos recibieron fueron la de Acacías (Meta), con 379, y La Paz de Itagüí (Antioquia), con 359. La ruta más usada fue de Manizales a Itagüí, con 210 traslados. Eran 3.651 hombres y 300 mujeres; 3.055 estaban condenados y 796, sindicados. El porte, tráfico o fabricación de armas aparece en el 30,9 % de los registros, el homicidio en el 28,8 % y el hurto en el 25,3 %. Una persona puede tener varios delitos registrados. Antes se conocían traslados sueltos, como el de 91 presos de cuatro cárceles y el de 33 de San Andrés.

La elección de Luz Stella Murgas como presidenta de la ANDI, "con el guiño directo del gobierno de Abelardo de la Espriella para reemplazar a Bruce Mac Master", es para Shameel Thahir Silva, politólogo y militante del Pacto Histórico, la coronación de "uno de los circuitos matrimoniales y corporativos más refinados de captura del Estado en Colombia". En una larga publicación en X, recuerda que Murgas trabajó ocho años en Ecopetrol y presidió desde 2021 Naturgas, el gremio del gas. Ahí, sostiene, defendió los intereses de Promigas, del grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Señala además a su esposo, Luis Felipe Henao Cardona, exministro de Vivienda, que trabajó después para la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y llegó en 2025 a la junta directiva de Ecopetrol, postulado por los fondos de pensiones. Para Thahir, es "la captura corporativa del Estado convertida en proyecto de familia".

Deicy Jiménez, la mujer que acusa a Gustavo Petro de haberle conseguido contratos públicos a cambio de sexo, tuvo 10 contratos de prestación de servicios con el Estado entre 2021 y 2026, por $133.564.432, cuenta El País. Petro niega la acusación. Los tres primeros contratos los firmó cuando Petro era senador; los demás, durante su gobierno. En el Secop figuran así. Con el Senado tuvo siete. Los cuatro primeros fueron de apoyo en la División de Recursos Humanos. El 709 de 2021 fue del 4 de agosto al 15 de septiembre, por $2.700.000, y el 1403 de 2021, del 16 de octubre al 31 de diciembre, por $4.500.000. En 2022 firmó el 604, del 15 de febrero al 22 de julio, por $9.420.000, y el 1252, del 24 de septiembre al 31 de diciembre, por $10.000.000. En 2023 pasó a la Unidad de Archivo Administrativo con el 695, del 22 de marzo al 30 de junio, por $10.000.000, y el 937, del 13 al 31 de julio, por $3.000.000. El séptimo, el 1312 de 2023, fue con la Primera Vicepresidencia del Senado, que ocupaba María José Pizarro: del 27 de septiembre de 2023 al 19 de julio de 2024, por $34.336.000. Con la Supervigilancia tuvo el CDPS-0300 de 2025, en archivo y documentación, del 11 de junio al 10 de diciembre, por $18.000.000. Los dos últimos fueron con el Ministerio del Interior, en la subdirección de los proyectos del Fonsecon. El 1826 de 2025 fue del 29 de agosto al 31 de diciembre, por $11.151.338. El 947 de 2026, del 30 de enero al 31 de diciembre, fue por $30.457.094. El Secop lo marca como terminado. Pizarro dijo en X que la vinculación de Jiménez se dio "en condiciones normales". El canal iraní HispanTV dice que nunca autorizó el certificado laboral que ella presentó en todos esos contratos, con una firma que su responsable de producción no reconoce.

Luis Gabriel Fernández Franco, secretario general del Ministerio de Salud desde septiembre, sería el nuevo director de la Adres, tras la salida de Iván Sánchez. Su nombre apareció en el aplicativo de Función Pública asociado al cargo de director general de la entidad, con una declaración inicial de bienes y rentas de ese mismo día, como cuenta Infobae. El 11 de noviembre lo publicó en X La Hora de la Verdad: "sería el reemplazo de Iván Sánchez al frente de la ADRES". Desde esa salida, la Adres está encargada a la viceministra Marcela Brun. Fernández Franco es abogado, de Chocontá (Cundinamarca). Fue secretario general de la Cancillería de agosto de 2021 a agosto de 2022 y director jurídico del Ministerio de Salud. Antes de volver al Ministerio de Salud era gerente encargado de la Lotería de Bogotá.

El congresista Duvalier Sánchez escribió en X que investigó durante un año a tres personas que "ponen en riesgo la democracia". Son la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el presidente de la junta de Ecopetrol, Carlos Suárez, y la secretaria general del Ministerio TIC, Liza Nathalia Rodríguez Galvis. Dijo que tiene "los chats y toda la evidencia" de lo que llama una "fábrica de engaños". Horas antes había anunciado en X que revelaría "el sistema más violento y espurio que se incubó en el Valle y que hoy están replicando a nivel nacional". Rodríguez llegó al Ministerio TIC en septiembre. Antes fue gerente de la campaña de Toro a la Gobernación, como contó El País cuando la nombraron. El tuitero abelardista Alejandro Villanueva lo celebró en X: "El señor @carlossuarezr le hizo campaña a Dilian Francisca para luego tener contratos en entidades que maneja Dilian Francisca". Y escribió en otro trino: "Es una vergüenza que el señor @carlossuarezr sea el presidente de la junta de Ecopetrol". Hasta la noche del 11 de noviembre, Sánchez no había publicado lo que dice tener.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada y a dos de la Policía. Los hace responsables de 32 masacres en los Montes de María y el Canal del Dique, informó la JEP en un comunicado. Las masacres fueron entre 1999 y 2001. Para la Sala, fueron parte de un patrón de violencia contra los campesinos, a quienes señalaban de colaborar con las Farc. Habla de un "alineamiento estratégico" de miembros de la Fuerza Pública con los paramilitares. La Sala documentó 284 asesinatos y 107 víctimas de violencia sexual y basada en género, y acreditó 1.219 víctimas. Entre las masacres están las de Capaca, El Salado, Macayepo y Chengue, donde mataron a 28 personas en enero de 2001 aunque la comunidad había advertido a las autoridades. En El Salado, en febrero de 2000, los paramilitares mataron a 63 civiles en cinco días con el apoyo de la Fuerza Pública, cuenta El Espectador. Los imputados de la Armada son Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Los de la Policía son Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo, que comandaron unidades en Bolívar. Tienen 15 días hábiles para reconocer los hechos o controvertir la imputación. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, citó la noticia en X: "Equiparar a la baja. Ese era el propósito. Ese sigue siendo".

La Presidencia publicó en su página de aspirantes 11 hojas de vida más para ministerios y entidades nacionales. Ángela María Jaller Francis, con un MBA internacional, aspira a agregada comercial del Ministerio de Comercio (hoja de vida). Fue gerente de tesorería de Credicorp Capital en Chile y operadora de tesorería del banco Itaú en Bogotá de 2010 a 2016. María Carolina García Ciodaro aspira al mismo cargo (hoja de vida). Declara seis años en el sector privado, como directora de ventas de Habitat Group y en desarrollo de negocios de QKapital Group, en Miami. Ninguna de las dos hojas de vida dice a qué país iría cada una. Olga Lucía Cruz Lozano, gerente legal de la cooperativa Fácil en Montería, aspira a asesora del Ministerio del Trabajo (hoja de vida). Fue secretaria general de la corporación autónoma CVS de 2012 a 2016 y gerente liquidadora de la empresa de acueducto Empocor de 2017 a 2020. Alexandra María Rojas Rodríguez, abogada y directora de gestión humana de una empresa de vigilancia de Barranquilla desde 2019, aspira a directora territorial del Trabajo en el Magdalena (hoja de vida). A la Superintendencia de Sociedades aspiran dos asesoras. Cristina Rúa Ortega, abogada y contadora, trabajó en el área legal de Bancolombia de 2012 a 2026 (hoja de vida). Bibiana María Peña Molina, abogada, es funcionaria de la propia superintendencia en Medellín desde 2017 (hoja de vida). Inés Serrato López, abogada auditora de la empresa Rapidgas, aspira a jefa de Auditoría Interna de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) (hoja de vida). Shirley Mayury Villamizar Villarreal, exsecretaria de Desarrollo Social de Neiva, aspira a directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá y Huila (hoja de vida). Juan Camilo Vesga Bonilla, abogado de la Contraloría de Bogotá y antes contratista de la UNP, el ICA y el Metro de Bogotá, aspira a asesor de la misma unidad (hoja de vida). Al Ministerio de Ciencia aspiran dos. Alba Luisa Esmeral Berrío, abogada, trabajó en la firma Lloreda Camacho y en el Fondo Nacional de Garantías (hoja de vida). Robinsson Cardona Cano, psicólogo con doctorado en educación, trabajó en Ruta N y en la Universidad de Antioquia (hoja de vida).

La Presidencia publicó en su página de aspirantes dos hojas de vida para vicepresidentes del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Henry Alfredo Gómez, ingeniero de sistemas especialista en gerencia de proyectos, aspira a vicepresidente de Tecnología y Transformación Digital (hoja de vida). Declara 23 años en empresas privadas de tecnología, la última Yeapdata, de enero a junio de 2026, y un empleo en Canal Capital de 1999 a 2001. No declara el contrato que firmó el 28 de junio de 2023 con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, por $45.000.000, para apoyar a la Subdirección de Informática y Sistemas de esa secretaría, como consta en el Secop. Tomás Ernesto Caballero González, abogado con especialización en derecho administrativo, aspira a vicepresidente jurídico (hoja de vida). Fue asesor jurídico del despacho del director de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) de 2013 a junio de 2026 y profesor de posgrado de la Universidad Sergio Arboleda de 2017 a septiembre de 2026. De junio a octubre de 2026 fue contratista de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y antes trabajó en el control disciplinario del SENA y en el Ministerio de la Protección Social.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Alberto Rafael Cepeda Sarabia para embajador en Italia. Es hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. El Espectador contó el 9 de octubre que iría a Roma. Es abogado desde 1986, con una maestría en derecho internacional de 1999. Declara 41 años y ocho meses de experiencia, todos en el sector privado y todos en Cepeda & Cía., de Barranquilla. Allí declara tres cargos entre 1983 y 2026: director jurídico, gerente administrativo y asesor y consultor externo del área comercial. No declara ningún cargo público ni experiencia diplomática. Dice que habla inglés e italiano.

El Ministerio de Vivienda reconoció que "no se han asignado subsidios familiares de vivienda" a los damnificados del terremoto del 10 de agosto, porque las alternativas de atención "se encuentran en etapa de estructuración". Lo dice en un documento de 16 páginas que le envió al representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, en respuesta a un derecho de petición, cuenta Caracol Radio. En la página 12 dice que, para esos programas, todavía no hay recursos ejecutados, proyectos en marcha, hogares beneficiarios ni avances físicos. El Ministerio añade que los indicadores de la reconstrucción no le corresponden a él sino al consejo directivo del Fondo Milagro.