Noviembre de 2026

El Ministerio de Agricultura ya derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en La Guajira, Sabana Centro y el suroeste antioqueño, y tiene listas las resoluciones para Santander y Tolima. Cambio cruzó esas áreas con los registros de la Agencia Nacional de Minería y encontró solicitudes de oro, cobre y plata sobre más de 10.000 hectáreas. En Urumita, La Guajira, la filial colombiana de la canadiense Max Resource pidió dos títulos que se superponen con unas 3.100 hectáreas. Uno lo pidió el 3 de agosto, cuatro días antes de la posesión de Abelardo, y otro el 20 de agosto. En El Carmen de Chucurí, Santander, Guillermo Matíz Martínez pidió el 12 de agosto un polígono de unas 7.500 hectáreas para oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio. Las solicitudes siguen en evaluación. Los propios documentos de las derogatorias muestran títulos mineros vigentes sobre el 37,28 % del área que era APPA en La Guajira. El ministro Indalecio Dangond dice que las APPA les quitaban autonomía a los municipios y tenían fallas técnicas.

Los presupuestos de los 17 contratos por $914.000 millones que firmó el Gobierno de Gustavo Petro a finales de 2025 para llevar energía solar a 28.544 hogares cotizan los paneles por encima del mercado, encontró El Espectador en el Secop. Los presupuestos ponen el vatio entre $919 y $1.717, cuando en el mercado cuesta entre $560 y $790. En los proyectos de Electrocaquetá, el mismo panel de 550 W se cotizó entre $505.469 y $782.383: comprar los 17.262 al precio más alto costaría $4.780 millones más que al más bajo. El periódico calcula que la diferencia con el mercado sería de al menos $10.000 millones. Los contratos los ejecutan Gensa, Electrocaquetá y Dispac. Debían terminar el 31 de julio de 2026; la mayoría va por debajo del 50 % y todos pidieron prórroga hasta el 31 de diciembre. Dispac respondió que cambió los paneles por unos de más capacidad, lo que baja su costo por vatio a menos de $900; Gensa y Electrocaquetá no respondieron. El exministro Edwin Palma y el exviceministro de Energía Víctor Paternina dicen que los proyectos se calcularon por usuario. Paternina dijo que no hubo sobrecosto en el costo por usuario: la diferencia sería de menos del 3 % por hogar. El Ministerio de Minas dijo que no ha identificado hallazgos de sobrecostos y que los contratos están en revisión.

En su columna en El Espectador, Tatiana Acevedo Guerrero recuerda el rescate de los cuatro niños uitoto que sobrevivieron 40 días en la selva del Guaviare, en 2023. Soldados y voluntarios indígenas aprendieron a buscar juntos y el mayor uitoto Rubio, que guio la búsqueda, contó que se convirtió "en un tigre"; los niños aparecieron al día siguiente. "En sólo tres años las cosas han cambiado tremendamente", escribe. Dice que el presidente que se apoda el tigre desprecia lo que el país aprendió entonces y tilda de brujería las culturas indígenas. Cuenta que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, revocó la resolución que declaraba el bioma amazónico reserva y prohibía nueva minería y petróleo en 483.283 kilómetros cuadrados. Reconoce que faltaba terminar la consulta previa con comunidades afrodescendientes, pero dice que el Gobierno usó ese vacío para tumbar la protección de toda la Amazonía. Y recoge lo que contó La Silla Vacía: que la resolución estorbaba al proyecto Libero Cobre, en Putumayo, de la canadiense Copper Giant. Sus principales accionistas son dos socios de Abelardo en su empresa de ron y vino, Iácono y Restrepo.

A días de entregar la presidencia de la JEP, Alejandro Ramelli le dijo a Cambio que contra la jurisdicción hay "patrones": "Hay una coordinación, hay una estrategia". Habló de los montajes con inteligencia artificial contra la magistrada Julieta Lemaitre: "Lo que están haciendo es una campaña de odio y lo digo claramente y es muy grave". Dijo que el recorte de $170.000 millones devuelve a la JEP a un presupuesto como el de 2023, con más audiencias y víctimas, pero que seguirán funcionando. Sobre el proyecto de Enrique Gómez para cerrar la JEP en 2028, dijo que crea inseguridad jurídica y que los más afectados serán los miembros de la fuerza pública. Al menos 7.000 uniformados que no son máximos responsables deben resolver su situación jurídica. Contó que lo único que ha hecho el Gobierno es que el ministro de Justicia convocó, para el 12 de noviembre, la instancia de articulación con la JEP. Admitió que la JEP tiene que decidir más rápido.

En su columna en El Espectador, Hernando Gómez Buendía escribe: "Las dictaduras más peligrosas de la historia se han basado en la ignorancia, no en la fuerza". Dice que Abelardo de la Espriella aparece en televisión todo el tiempo. "Pero hablar mucho es distinto de informar", agrega. Enumera lo que ve: los ministros necesitan autorización para dar entrevistas, desaparecieron las ruedas de prensa, los mandos militares y de Policía no pueden informar de sus operaciones y el DANE canceló una rueda de prensa. Suma la red de cuentas que documentó Cambio, los contratos de dos influenciadoras que encontró La Silla Vacía, los 133 videos de Abelardo que publicó Semana entre las dos vueltas y el "resurgir" de RTVC. Para RTVC, Carlos Suárez anunció más videos e influenciadores. Recuerda además la salida del aire de Camila Zuluaga, Ana Cristina Restrepo y Sebastián Nohra, el despido del caricaturista Vladdo y las advertencias de la FLIP sobre censura indirecta. Y las campañas de descrédito contra Juanita León y Daniel Coronell. "La diferencia con Petro es notable. Los medios más poderosos estuvieron en su contra, y todavía lo siguen atacando", escribe. Cierra pidiendo información "y no apenas propaganda".

El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, le dijo a El Espectador: "El expresidente nunca quiso escuchar las razones de la Registraduría". Contó que habló con Gustavo Petro una sola vez, hace unos dos o tres años según recuerda, durante 10 o 15 minutos. "El gobierno Petro me asedió a mí y a la Registraduría", dijo. Explicó que interpuso una tutela ante el Consejo de Estado para proteger el buen nombre de la entidad y el suyo y que les pidió a los magistrados redactar ellos mismos la rectificación. El periódico le recordó que Petro le respondió con una denuncia por cerca de 10 delitos. Penagos dijo que no lo denunció penalmente porque no le interesa "criminalizar esa acción". Sobre el plan para matarlo que alertó un preso, dijo que no tiene mayores detalles. Y dijo que en 2027 habrá 125.000 candidatos para más de 20.000 cargos.

La Silla Vacía publicó un perfil de Carlos Suárez, el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, al que muchos políticos ven como el número dos del Gobierno. Estos son sus principales hallazgos.

Suárez fundó a finales de 2013 la consultora política Estrategia y Poder. En marzo de 2014 Abelardo era dueño del 33 % de sus acciones, como muestra el registro público. La oficina de la firma, en la Zona T de Bogotá, fue parte del pago de honorarios que un cliente le hizo a Abelardo, como estableció La Silla. La campaña presidencial le pagó a Estrategia y Poder más de $4.300 millones en primera vuelta y $1.450 millones en segunda, como consta en los registros del Consejo Nacional Electoral.

Suárez y su esposa, Liliana Sandoval, fundaron la Fundación De la Espriella y son dueños de Churca SAS, que tiene el 30 % de De La Espriella Style. Suárez aparece también en los papeles de Abeluci Cars Corp, una empresa en Estados Unidos, junto con la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Desde la victoria asumió de hecho las comunicaciones del Gobierno, cuenta el medio: cuida la imagen del presidente y tiene una lista negra de medios vetados de su primer círculo. Dos integrantes de la campaña le dijeron al medio que un grupo de influenciadores recibe de él las líneas. Una fuente le contó al medio que incidió en el nombramiento de la ministra TIC, Alexandra Falla. Dos personas le dijeron al medio que también puso al viceministro del Deporte, Edinson Tigreros. María José Valenzuela, la esposa del exministro Rodrigo Lara, escribió en Facebook que Lara salió por no seguirle "la cuerda a Carlos Suárez". Suárez recibirá $10,5 millones por cada sesión de la junta de Ecopetrol.

Suárez fue abogado de Salvatore Mancuso durante cinco años, hasta 2010. El Espectador publicó un correo de 2009 en el que Suárez le contaba a Piedad Córdoba que exparamilitares extraditados querían hablar con ella. En 1996 se filtró un casete en el que Suárez le hablaba al ministro Saulo Arboleda de una decisión que iba a tomar su papá, Daniel Suárez Hernández, entonces presidente del Consejo de Estado; Carlos Suárez no fue investigado.

Asesoró las campañas de Alejandro Char en Barranquilla, Dilian Francisca Toro en el Valle, Rosa Cotes en el Magdalena, Oneida Pinto en La Guajira y el Ñoño Elías. Pinto terminó destituida y Elías, condenado por corrupción. Entre sus frases sobre el poder, el medio cita estas: "La humildad es la virtud de los estúpidos" y "La lucha por el poder es la lucha por los contratos públicos".

Gustavo Petro escribió en X que a los del Gobierno les "tocó subirle los impuestos a los más pobres" y los llamó "Partida de mercanchifles hps". Santiago Vélez Posada, columnista y panelista de radio, citó ese trino y escribió: "Después de este trino ya no se necesita prueba toxicológica". Esa misma tarde, Petro había publicado un video que, como escribió Germán Ricaurte, era de la celebración del Mundial de 2022 en Buenos Aires. El trino de Petro con el video ya no está disponible. Mateo Amaya Quimbayo escribió sobre Petro: "Por la droga ya no puede distinguir una celebración en latinoamérica, a una manifestación en la India". Ninguno de los dos dio pruebas.