Batalla por la consulta previa

Abelardo firmó la Directiva Presidencial 06, con nuevas reglas para la consulta previa a las comunidades étnicas, como contó El Espectador. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, del Ministerio del Interior, podrá cerrar un proceso aunque no haya acuerdo. La directiva permite el cierre también cuando "pese al desarrollo efectivo del diálogo intercultural, no haya sido posible alcanzar alguno de esos resultados": un acuerdo o el consentimiento de la comunidad. Después, cada entidad decide sobre el proyecto dentro de sus competencias. La directiva crea además un expediente electrónico de cada consulta y dice que los asesores de las comunidades no pueden reemplazar a sus autoridades. Reemplaza las directivas de 2010, 2013 y 2020. Expertas consultadas por el diario dicen que cambiar un derecho fundamental exige una ley estatutaria.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el de Ambiente, Fabio Arjona, presentaron el borrador de un decreto para que la consulta previa y la evaluación de la licencia ambiental avancen al mismo tiempo. Hoy van una después de la otra. Lara lo llamó en X "una de las noticias económicas más importantes de los últimos años" y escribió que con él "todos los grandes proyectos de inversión del país pueden arrancar inmediatamente". Puso de ejemplo a Sirius, "el mayor hallazgo de gas de Colombia", que, dijo, podría adelantar su licencia mientras cierra unas 120 consultas. Pero el borrador, que el Ministerio de Ambiente publicó para comentarios, dice que ninguna licencia podrá otorgarse antes de que termine la consulta, como cuenta El Espectador. Lo que cambia es que la ANLA o la corporación autónoma podrán empezar el trámite, visitar la zona y pedir información mientras la consulta sigue. El Ministerio de Ambiente dice que este decreto no necesita consulta previa con las comunidades étnicas, porque solo coordina dos trámites. En septiembre, los expertos que consultó El Espectador habían advertido que cambiar la consulta previa exigiría consultar antes a todas las comunidades.

El Juzgado 801 Transitorio de Familia de Bogotá le ordenó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, pedirle excusas a la comunidad indígena de Taganga y retractarse, en las 48 horas siguientes a la notificación, en las redes del Ministerio y en su cuenta de X, según La Silla Vacía. En un video del 4 de septiembre, a propósito de la consulta previa del proyecto de gas Sirius, Lara dijo: "La consulta previa, que la defendemos, está siendo utilizada por individuos inescrupulosos para extorsionar". Para el juez, así acusó indirectamente a la comunidad de un delito del que no hay prueba ni condena. Lara citaba una nota de prensa en la que la gerente de Costa Afuera de Ecopetrol, Elisa Jaimes, dijo que la situación "está a nivel de extorsión"; la comunidad responde que no ha pedido plata. Es el segundo ministro al que un juez le ordena disculparse en la semana, después del de Agricultura.