El archivo del Gobierno y de la oposición.
La consulta previa es el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas sobre los proyectos que las afectan. El Gobierno y el Centro Democrático quieren reglamentarla y desligarla de las licencias ambientales. Este hilo sigue esa pelea y lo que está en juego con ella.
Agregamos una entrada nueva hoy a este hilo.
Hilo · 10 entradas en Abelardopedia · 1 de septiembre de 2026 – 18 de octubre de 2026. Cada una enlaza a la fuente de donde salió.
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Las cuatro fuentes que consultó El Espectador coinciden en algo que puede dejar sin piso las dos propuestas para cambiar la consulta previa: modificar ese derecho exigiría hacer antes una consulta previa con todas las comunidades étnicas del país, un trámite que puede tomar años. Sin ese paso, la Corte Constitucional podría tumbar lo que salga. Las dos propuestas son la del Gobierno, que quiere que la consulta deje de ser requisito para radicar una solicitud de licencia ambiental, y el proyecto de ley del senador Juan Espinal, del Centro Democrático, que le fija plazos a cada etapa. Sibelys Mejía, de la Corporación ILEX, y Julián Trujillo, de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, dicen además que separarla del licenciamiento riñe con el carácter previo de ese derecho, que es justo lo que la Corte ha protegido en sus fallos. Mejía sostiene que el proyecto de Espinal tendría que tramitarse como ley estatutaria, con ocho debates en vez de los cuatro que lleva. Espinal no le contestó al diario por qué lo radicó como ley ordinaria.
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El Juzgado 801 Transitorio de Familia de Bogotá le ordenó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, pedirle excusas a la comunidad indígena de Taganga y retractarse, en las 48 horas siguientes a la notificación, en las redes del Ministerio y en su cuenta de X, según La Silla Vacía. En un video del 4 de septiembre, a propósito de la consulta previa del proyecto de gas Sirius, Lara dijo: "La consulta previa, que la defendemos, está siendo utilizada por individuos inescrupulosos para extorsionar". Para el juez, así acusó indirectamente a la comunidad de un delito del que no hay prueba ni condena. Lara citaba una nota de prensa en la que la gerente de Costa Afuera de Ecopetrol, Elisa Jaimes, dijo que la situación "está a nivel de extorsión"; la comunidad responde que no ha pedido plata. Es el segundo ministro al que un juez le ordena disculparse en la semana, después del de Agricultura.
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció una directiva presidencial y un proyecto de ley para reformar el procedimiento de la consulta previa "sin afectar su núcleo", según La Silla Vacía. Prometió digitalizar los expedientes represados y dar decisiones y cierres en 90 días. Según La Silla, la reforma elimina el test de proporcionalidad para que el cierre no quede "suspendido en un trámite adicional sin término". "La consulta previa se respeta. El represamiento, no", dijo el ministro, según El Espectador, que cuenta que el Gobierno quiere tramitar la consulta y la licencia ambiental al mismo tiempo.
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el de Ambiente, Fabio Arjona, presentaron el borrador de un decreto para que la consulta previa y la evaluación de la licencia ambiental avancen al mismo tiempo. Hoy van una después de la otra. Lara lo llamó en X "una de las noticias económicas más importantes de los últimos años" y escribió que con él "todos los grandes proyectos de inversión del país pueden arrancar inmediatamente". Puso de ejemplo a Sirius, "el mayor hallazgo de gas de Colombia", que, dijo, podría adelantar su licencia mientras cierra unas 120 consultas. Pero el borrador, que el Ministerio de Ambiente publicó para comentarios, dice que ninguna licencia podrá otorgarse antes de que termine la consulta, como cuenta El Espectador. Lo que cambia es que la ANLA o la corporación autónoma podrán empezar el trámite, visitar la zona y pedir información mientras la consulta sigue. El Ministerio de Ambiente dice que este decreto no necesita consulta previa con las comunidades étnicas, porque solo coordina dos trámites. En septiembre, los expertos que consultó El Espectador habían advertido que cambiar la consulta previa exigiría consultar antes a todas las comunidades.
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Cuatro movimientos indígenas, entre ellos el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), salieron a marchar en el Cauca contra el Gobierno de Abelardo, después de una cumbre de unos 5.000 indígenas en Caldono, como cuenta La Silla Vacía. "Nosotros creemos que el presidente no conoce nuestra organización", le dijo al medio Eidbar Fernández, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Los mueven tres medidas: el decreto de la protesta, un borrador de decreto que crea un sistema de información para las guardias indígenas y el cambio a la consulta previa que anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Sobre el decreto de la protesta, la representante Aida Quilcué dijo: "Ese decreto reafirma lo que fue el estallido social". Abelardo había dicho: "Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa es el Cric".
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Abelardo firmó la Directiva Presidencial 06, con nuevas reglas para la consulta previa a las comunidades étnicas, como contó El Espectador. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, del Ministerio del Interior, podrá cerrar un proceso aunque no haya acuerdo. La directiva permite el cierre también cuando "pese al desarrollo efectivo del diálogo intercultural, no haya sido posible alcanzar alguno de esos resultados": un acuerdo o el consentimiento de la comunidad. Después, cada entidad decide sobre el proyecto dentro de sus competencias. La directiva crea además un expediente electrónico de cada consulta y dice que los asesores de las comunidades no pueden reemplazar a sus autoridades. Reemplaza las directivas de 2010, 2013 y 2020. Expertas consultadas por el diario dicen que cambiar un derecho fundamental exige una ley estatutaria.
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En su columna en El Espectador, Tatiana Acevedo escribe que bajo la visión del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, "se está ejecutando el ataque más fuerte contra la consulta previa en nuestra historia reciente". Se refiere a la directiva presidencial que permite cerrar la consulta sin acuerdo con las comunidades. Y critica el borrador de decreto que Arjona presentó con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para que la licencia ambiental avance al mismo tiempo que la consulta. Dice que Arjona "es un claro exponente de una suerte de ambientalismo zombi", que busca "vender la naturaleza para salvarla". Recuerda que Arjona fue gerente ambiental de la represa de Urrá, cuya licencia se expidió sin consultar al pueblo embera katío del Alto Sinú, como concluyó la Corte Constitucional en 1998.
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