3 de noviembre de 2026

El Consejo Nacional Electoral, cuyos magistrados elegidos en agosto son en su mayoría cercanos al Gobierno, tiene varios expedientes de los aliados de Abelardo de la Espriella, como cuenta El Espectador. La petición de Salvación Nacional de fusionarse con Defensores de la Patria, el partido de Abelardo, está desde el 13 de octubre en el despacho del magistrado José Antonio Parra Fandiño, que llegó al CNE con el aval de Salvación. Los dos partidos esperan la decisión en diciembre. Si se aprueba, la junta directiva tendría a Enrique Gómez Martínez, a Camilo Andrés Noguera Abello y a Carlos Suárez. La personería de Defensores está demandada ante el Consejo de Estado. En el despacho de Gersel Luis Pérez Altamiranda, de Cambio Radical, está la solicitud de Carlos Alonso Lucio, el ideólogo de Abelardo, para revivir el Movimiento Bolivariano, que desapareció tras su condena por falsa denuncia. El CNE revisa además las cuentas de las campañas presidenciales; las de Abelardo y de Iván Cepeda serían las que más tardarían.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, chocaron en una reunión con los gremios de lácteos y cárnicos, como cuenta Semana. El ministro preguntó por los recursos parafiscales que Fedegán maneja en el Fondo Nacional del Ganado. Su ministerio ordenó una auditoría a Fedegán y otra a Fedearroz. De acuerdo con fuentes que estaban en la reunión, hubo gritos de lado y lado. Dangond le pidió a Lafaurie salir del recinto y Lafaurie le contestó que el Ministerio era una entidad pública. Al terminar, el ministro no mencionó directamente el altercado y dijo: "el campo colombiano no necesita más discusiones burocráticas sobre quién administra los recursos parafiscales". Y siguió: "Necesita que esos recursos lleguen al productor, se conviertan en tecnología, mecanización, genética, infraestructura y productividad".

La plenaria del Senado volvió a aprobar la ponencia de la ley de sometimiento, con 48 votos contra 21, como cuenta Valora Analitik. En la Cámara, la ponencia ya se había votado dos veces el 2 de noviembre por un supuesto vicio de trámite, y la discusión del articulado siguió en sesión permanente. El ponente, Daniel Briceño, cuestionó esa doble votación: "Hubo una votación apresurada", como lo citó La Hora de la Verdad. Ese medio cuenta que, para Briceño, podría ser un vicio de forma y hundir el proyecto, como pasó con el Presupuesto de 2027. El presidente de la Cámara, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, rechazó las recusaciones de María Fernanda Carrascal, como cuenta La Hora en otro trino. El ministro de Justicia, Iván Cancino, insistió en que el proyecto no da beneficios como la devolución de bienes ni levanta órdenes de captura: "Cero devolución de bienes para las personas. No se van a levantar órdenes de captura. No se van a suspender temas de extradición". La ley tiene que quedar aprobada y conciliada antes de que venza la Ley de Orden Público, el 4 de noviembre, como explica El Espectador.

Martha Rocío Alfonso Bernal, dirigente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), dio a conocer un borrador de proyecto de ley del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Con él se acabaría el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como cuenta Infobae. De acuerdo con el borrador, la Nueva EPS asumiría "la administración, aseguramiento y gestión integral de los servicios de salud de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios". Colpensiones pagaría las pensiones de jubilación de los maestros y el Fondo Nacional del Ahorro, sus cesantías. La transición tendría una primera etapa de hasta 12 meses, que el Gobierno podría alargar otros 12, y no podrían suspenderse los tratamientos en curso. El borrador llega después de que el Ministerio de Educación decidiera no prorrogar el contrato de 36 años con Fiduprevisora, que administraba el fondo. Esa noche, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, negó en un comunicado que el Gobierno haya elaborado o impulsado una iniciativa para derogar la ley que creó el Fomag, como cuenta El Espectador. El ministerio escribió: "El Gobierno nacional no tiene la intención de derogar esa ley ni de promover iniciativas que eliminen el FOMAG o desconozcan las conquistas sociales del magisterio".

Con el Decreto 1631 de 2026, Abelardo de la Espriella nombró a Viviane Morales consejera comisionada de Paz. Es el cargo para el que Abelardo la designó el 23 de octubre. La Presidencia publicó la hoja de vida de Morales el 26 de octubre. También firma el decreto el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta. Ríos tenía en encargo el empleo de consejero comisionado de Paz y lo deja con este nombramiento. El decreto deroga además el Decreto 1174 del 11 de agosto de 2026. Morales renunció al Ministerio de Educación el 2 de septiembre, con 28 días en el cargo. Es esposa de Carlos Alonso Lucio, el ideólogo de Abelardo. En julio, ya elegido, Abelardo anunció que acabaría con la figura del comisionado de Paz y que sus funciones pasarían al comisionado nacional de seguridad, como contó El Espectador. "No habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno", dijo entonces.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Cristina Sánchez Olaya, abogada y politóloga, para asesora del Ministerio de Hacienda (hoja de vida). La Presidencia había publicado el 28 de octubre otra hoja de vida suya, para asesora del Ministerio de Minas y Energía (hoja de vida). En la nueva declara que fue asesora del despacho del ministro de Hacienda de mayo de 2019 a agosto de 2022, en el gobierno de Iván Duque. En su perfil de LinkedIn, ella cuenta que de marzo de 2020 a agosto de 2022 fue jefa de la oficina de enlace del ministerio con el Congreso. De febrero a octubre de 2026 fue directora asesora de asuntos públicos del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). También trabajó en la minera Aris Mining y en la empresa Zhana Solutions. La nueva hoja de vida no menciona dos contratos que muestra el Secop: uno con la Supersolidaria, de septiembre a diciembre de 2022, por $22.750.000, y otro con el Senado, en julio y agosto de 2025, por $9.200.000.

La Presidencia publicó en su página de aspirantes la hoja de vida de Elkin José Bechara Velásquez, ingeniero civil, para director general de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), adscrita al Ministerio de Transporte (hoja de vida). De marzo de 2025 a septiembre de 2026 fue director de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba, en Montería. Antes fue subgerente técnico de Enterritorio desde enero de 2022 y, por un mes, asesor del despacho del Ministerio de Agricultura. Trabajó en Findeter de 2009 a 2015 y otra vez desde 2018; en medio fue gerente de proyectos de Enterritorio, desde junio de 2015, y contratista de la Alcaldía de Montería en 2017. La hoja de vida no da la fecha de salida de varios de esos empleos. La hoja de vida no menciona los dos contratos que firmó con la Defensoría del Pueblo para asesorarla en la planeación y estructuración de sus proyectos. El primero fue de noviembre a diciembre de 2023, por $23.333.333; el segundo, de abril a octubre de 2024, por $60.000.000.

El día de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, la politóloga Sandra Borda publicó en X una colección de trinos del canciller Omar Bula Escobar. En ellos, escribió Borda, Bula llama delincuentes a los demócratas, los acusa de haberse robado las elecciones y describe al Partido Demócrata como una "porquería". El 15 de noviembre de 2020, Bula escribió: "No veo la hora en que se destape el fraude descarado de los Demócratas y en que la Justicia prevalezca. Y va a pasar...". El 4 de diciembre de 2020: "Los globalistas y los Demócratas en EEUU aman todo lo que sea ilegal". Y el 14 de mayo de 2021 tradujo un trino en inglés de Elise Stefanik sobre "las políticas socialistas demócratas de extrema izquierda".

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las Farc. Son los crímenes de los bloques Caribe y Magdalena Medio en 10 departamentos del norte y el nororiente del país, como cuenta El Espectador. Dos fueron del último secretariado: Rodrigo Londoño (Timochenko) y Pastor Lisandro Alape Lascarro. Del bloque Magdalena Medio, la JEP imputó a Erasmo Traslaviña Benavides, Pedro Trujillo Hernández y Jairo Reinaldo Cala Suárez. Del bloque Caribe, a Abelardo Caicedo Colorado, Osmany Landero Fajardo, Gilberto de Jesús Giraldo David, Luis Alejandro Cuadras Solórzano, Uriel Antonio Oviedo Aldana y Héctor Enrique Hernández López. Entre los hechos están la masacre de 34 campesinos en la finca La Duquesa (Tibú) en 2004, la toma de Chalán en 1996 y el atentado contra la caravana de Álvaro Uribe en Barranquilla en 2002. La JEP dice que en la justicia ordinaria "más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegaron a juicio". Los 11 tienen hasta el 8 de diciembre para aceptar o rechazar los cargos. Si aceptan y aportan verdad, podrán acceder a sanciones restaurativas sin cárcel; si no, podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión.

Antes del ataque con una volqueta bomba en Planadas (Tolima), que dejó cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de dos meses, la Defensoría del Pueblo había advertido varias veces del riesgo en el municipio, como reconstruye El Colombiano. La primera alerta temprana, en abril de 2019, habló del avance de las disidencias de las Farc por la cordillera Central. La de junio de 2022 describió la disputa entre el Comando Coordinado de Occidente y la Segunda Marquetalia en Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco. La alerta electoral de octubre de 2025 puso a Planadas en riesgo urgente. Y el 17 de septiembre de 2026, la Defensoría advirtió que la minería ilegal del sur del Tolima podía llegar a Planadas. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dijo en una entrevista que recoge el diario: "Yo lo advertí en el 2024. Lo advertí al gobierno Petro, que fue indolente, que nunca nos escuchó". Matiz le atribuye preliminarmente el ataque al frente Gerónimo Galeano, de las disidencias. El ataque dejó 177 viviendas afectadas, 23 de ellas destruidas, y el hospital transitorio perdió el 80 % de su infraestructura.