Ley de sometimiento de Abelardo

El senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, criticó en X que se usaran los impedimentos para sacar del debate de la ley de sometimiento a Iván Cepeda e Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, como contó Infobae. "Los impedimentos no son, no deben ser, instrumentos políticos para silenciar a los contradictores", escribió. Sobre el argumento de que los dos estaban impedidos por haber participado en diálogos con grupos armados, escribió: "Es una soberana tontería que impediría que precisamente quienes tienen alguna experiencia o conocimiento de una materia puedan participar en la redacción y votación de esos proyectos". Cerró con una frase para su propio sector: "los bodegueros y fanáticos de extrema derecha se comportan como los de la extrema izquierda que tanto dicen combatir". Muchos lo llamaron "traidor" por defender a Cepeda, contó Semana.

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, radicaron en la Cámara el proyecto de ley de sometimiento, con mensaje de urgencia, como cuenta La Silla Vacía. El proyecto reforma y prorroga por 10 años la Ley 418 de 1997, la de orden público, cuyas prórrogas vencen el 4 de noviembre. También deroga los artículos de la ley de paz total del gobierno de Gustavo Petro (la Ley 2272 de 2022) que organizaban esa política, el Gabinete de Paz y las Regiones de Paz. En lugar de negociar, el Estado les ofrece a los "Actores Armados Ilegales o Terroristas" una rebaja de la pena del 50 %, o del 30 % para quienes tengan mando. A cambio tienen que dejar las armas, entregar a los niños reclutados y a los secuestrados, y dar información sobre los bienes, los desaparecidos y sus "nexos políticos". Ningún jefe tendrá una pena menor de 10 años y no se suspenden ni las órdenes de captura ni las extradiciones. Lara dijo que así se evitan los errores "de esa tal Paz Total".

El texto trae dos cosas que no recogen las notas sobre la radicación. Deroga el artículo de la Ley 418 que dejaba sin beneficios a los condenados por reclutar menores de edad; la exposición de motivos dice que esa prohibición "podría impedir el sometimiento" de las estructuras que reclutaron. Y le permite al Ministerio del Interior contratar de forma directa, sin publicar los documentos del proceso, los bienes y servicios que financie con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), cuando requieran reserva "por razones de seguridad". Cancino ya había anunciado en septiembre las rebajas de 30 % y 50 %, como contó El Espectador.

Los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, presentaron en el Congreso los lineamientos del proyecto de ley de sometimiento, o "acogimiento", que el Gobierno espera radicar en dos semanas. "Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es, me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias", dijo Cancino, que prometió un "trato diferenciado" que "jamás puede ser entendido como impunidad". Precisó que, "en principio", el mecanismo no aplica para quienes ya están presos y que no habrá excarcelaciones ni reconocimiento político, y el Ministerio del Interior anunció además un estatuto antiterrorista con un régimen penitenciario especial para los cabecillas. Cancino dijo que el Estado retomó el proceso de los excombatientes que ya estaban en una zona de ubicación temporal y que en dos semanas espera tener "una primera muestra de la política de sometimiento". El periodista y columnista Jorge Espinosa lo leyó así en X: la ley "será más dura de lo que ya existe en el Código Penal".