Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, radicaron en la Cámara el proyecto de ley de sometimiento, con mensaje de urgencia, como cuenta La Silla Vacía. El proyecto reforma y prorroga por 10 años la Ley 418 de 1997, la de orden público, cuyas prórrogas vencen el 4 de noviembre. También deroga los artículos de la ley de paz total del gobierno de Gustavo Petro (la Ley 2272 de 2022) que organizaban esa política, el Gabinete de Paz y las Regiones de Paz. En lugar de negociar, el Estado les ofrece a los "Actores Armados Ilegales o Terroristas" una rebaja de la pena del 50 %, o del 30 % para quienes tengan mando. A cambio tienen que dejar las armas, entregar a los niños reclutados y a los secuestrados, y dar información sobre los bienes, los desaparecidos y sus "nexos políticos". Ningún jefe tendrá una pena menor de 10 años y no se suspenden ni las órdenes de captura ni las extradiciones. Lara dijo que así se evitan los errores "de esa tal Paz Total".
El texto trae dos cosas que no recogen las notas sobre la radicación. Deroga el artículo de la Ley 418 que dejaba sin beneficios a los condenados por reclutar menores de edad; la exposición de motivos dice que esa prohibición "podría impedir el sometimiento" de las estructuras que reclutaron. Y le permite al Ministerio del Interior contratar de forma directa, sin publicar los documentos del proceso, los bienes y servicios que financie con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), cuando requieran reserva "por razones de seguridad". Cancino ya había anunciado en septiembre las rebajas de 30 % y 50 %, como contó El Espectador.