Las cabezas del sector ambiental de Abelardo de la Espriella vienen de dirigir o representar ONG y empresas con intereses en lo que ahora les toca decidir, como cuenta La Silla Vacía. El medio les pidió información a las entidades y revisó las bases de datos públicas. Reconoce que es un equipo con trayectoria probada, y un experto consultado aclara que el conflicto de interés solo se concreta frente a decisiones específicas. El Ministerio de Ambiente no le respondió al medio sobre los posibles conflictos de interés de Arjona y Guerrero.
Fabio Arjona, ministro de Ambiente. Dirigió por más de 20 años Conservación Internacional en Colombia, que en los últimos 10 años firmó contratos y convenios por al menos $21.000 millones con entidades públicas. Bajo su dirección, la ONG tuvo convenios con empresas cuestionadas, como Gran Tierra Energy, el Cerrejón, Prodeco y Minesa, que operaba en Santurbán. Arjona no declaró ese paso como un posible conflicto de interés. En septiembre, el Consejo de Ministros lo declaró impedido para decidir la delimitación de Santurbán.
Gustavo Guerrero, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental. Trabajó con al menos 15 empresas en trámites ambientales, entre ellas Petrobras y Reficar. No registró esas asesorías en su declaración del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). Como procurador delegado para asuntos ambientales, de 2022 a 2025, intervino en asuntos que ahora le tocará decidir, como Santurbán. En 2024 pidió anular el fallo de tutela que suspendió las actividades del pozo Sirius, del que Petrobras es una de las dueñas; Guerrero había asesorado a esa empresa, aunque en otro asunto. Por su viceministerio pasan cerca del 90 % de las normas del sector, le dijo un exfuncionario al medio.
David Olarte, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Trabajó con Arjona en Conservación Internacional y ya aceptó una recusación en el proceso de Santurbán por declaraciones a favor de la minera Aris Mining.
Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales. Llegó al cargo después de liderar la agenda ambiental de la campaña de Abelardo. Su familia es accionista del grupo Aviatur, que tuvo concesiones turísticas en Tayrona, Gorgona, Amacayacu y Los Nevados. El Gobierno quiere financiar los parques con turismo de naturaleza. También dirigió la Fundación Malpelo, que maneja recursos de un fondo en cuyo comité directivo está Parques Nacionales. A diferencia de sus colegas, Bessudo declaró esos vínculos. Parques Nacionales le respondió al medio que Aviatur no tiene hoy contratos, concesiones ni trámites vigentes con la entidad, que Bessudo dejó la fundación antes de posesionarse y que se declarará impedida si hace falta.
Sergio Piñeros, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). De 2014 a agosto de 2026 asesoró en ordenamiento territorial y gestión ambiental desde Siglo XXII, la empresa que fundó. No le dijo al medio con qué empresas trabajó. Tiene el encargo de acelerar las licencias ambientales. Respondió que avisará cuando un caso tenga relación con su trabajo anterior.
Andrés Herkrath, director del Ideam. En la consultora Allcot estructuró más de 45 proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y diseñó estrategias financieras y comerciales para transacciones de carbono por más de 100 millones de dólares, como dice su perfil de LinkedIn. Ahora su entidad calcula las líneas base de ese mercado. El Ideam dijo que Herkrath no tiene ninguna inhabilidad en temas de mercado de carbono, pero no explicó por qué.
Juliana Hurtado, directora de Bosques. Fue asesora en la Procuraduría y defensora delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente. La exviceministra de Ambiente Sandra Vilardy considera que, como Guerrero, debería aclarar en qué casos podría estar impedida.