13 de octubre de 2026

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia la hoja de vida de Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell para embajador de Colombia en Panamá. Jaramillo nació en Barranquilla en 1960, estudió administración de empresas y no declara un solo día como servidor público. Su trayectoria es la de un empresario inmobiliario de esa ciudad. Fue gerente de las sociedades Crucero, Novu 79 y Fondo Inmorte y estuvo en las juntas directivas de Camacol Atlántico, el gremio de los constructores, y de Alianza Fiduciaria, en sus fideicomisos inmobiliarios. Dejó las gerencias de Crucero y Novu 79 el 24 de agosto de 2026 y la junta de la fiduciaria el 8 de septiembre. En junio de 2018, antes de la segunda vuelta, fue el anfitrión en Barranquilla de una parranda vallenata para Iván Duque, como contó Las2Orillas, que lo presentó como estructurador de proyectos hoteleros. Jaramillo no es diplomático de carrera; ninguno de los embajadores que ha escogido Abelardo lo es.

Los representantes Mauricio Toro, Daniel Briceño y Catherine Juvinao radicaron en la Cámara un proyecto para regular las plataformas de transporte como Uber, Cabify y DiDi. Lo firman con otros cinco congresistas de partidos que van del Centro Democrático al Pacto Histórico, como cuenta Semana. Se llama "Por allá sí voy" y tiene 23 artículos. Propone un registro de plataformas, conductores y vehículos dentro del RUNT, permitir el trabajo con carro particular sin cambiar las placas y obligar a las plataformas a pagar pólizas. También les cobraría una contribución del 1,5 % del ingreso neto de cada viaje, que no se puede trasladar al conductor. A los taxis les abriría la tarifa dinámica cuando trabajen por aplicación y desmontaría poco a poco las reglas que permiten negociar cupos, como explica El Espectador, que leyó la exposición de motivos. Briceño escribió en X que buscan "nivelar la cancha con los señores taxistas en el país".

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia la hoja de vida de Carolina Martínez Zabaleta para subdirectora de Responsabilidad Penal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que dirige Carolina Restrepo. Martínez es abogada, especialista en derecho administrativo y en derecho penal, y ha hecho casi toda su carrera en la Fiscalía General de la Nación. Su hoja de vida dice que fue fiscal delegada ante jueces de circuito sin interrupción desde agosto de 2010 hasta el 29 de septiembre de 2026. Pero en el Secop II está el contrato de prestación de servicios que firmó con el Instituto Nacional de Vías (Invías) en enero de 2018, por $89.775.000. Era para trabajar como abogada en un proyecto de esa entidad hasta marzo de 2019. El contrato empezó: en el Secop están la póliza a su nombre y un acta de suspensión de 2018 que suscribieron el director del Invías y ella. La hoja de vida no menciona al Invías; para las mismas fechas, del 4 de enero de 2018 al 3 de marzo de 2019, declara un contrato con una empresa privada, IAC Gestión Administrativa.

Las aseguradoras han recibido más de 92.300 reclamaciones por el terremoto del 10 de agosto, con un valor asegurado de $5,75 billones, y han pagado $401.000 millones, muestran las cifras más recientes de Fasecolda que publica El Espectador. A mediados de septiembre llevaban 84.534 reclamaciones y $184.770 millones pagados. El presidente del gremio, Gustavo Morales, dijo que ante El Niño sirven los seguros paramétricos, que pagan sin peritaje cuando se cumple un índice de lluvia o de temperatura. En agosto, contó Morales, el Ministerio de Agricultura y Finagro lanzaron un piloto de ese seguro contra sequía y exceso de lluvia para 14.404 pequeños productores de 72 municipios de Córdoba, Sucre, Chocó, Cundinamarca y Meta. Morales dijo que estos seguros se usan poco por desconocimiento, por la falta de estaciones meteorológicas y por lo que cuesta la prima.

En los primeros 55 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, las entidades nacionales firmaron 23.538 contratos, casi los mismos que en el arranque de Gustavo Petro (23.615). Lo encontró El Espectador al revisar 13 millones de contratos de la última década. El 83 % fueron de prestación de servicios, más que en los primeros días de Petro (78 %) y de Iván Duque (68 %). Abelardo llegó prometiendo recortar el Estado y ha dicho que su plan de desarrollo les quitará presupuesto a varias entidades para reducir la contratación. Con Petro, el promedio mensual de contratos nacionales fue el más alto de la década: 24.626, frente a 16.483 con Juan Manuel Santos y 17.552 con Duque. El récord fue enero de 2026, antes de la Ley de Garantías: más de 570.125 contratos en todo el país, por más de $41 billones.

La DIAN dijo en un comunicado que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, Ana Lucía Pineda, tiene el RUT vigente y "hace parte del Régimen Tributario Especial (RTE)". Respondía a la denuncia de que la fundación, que recibe donaciones para los damnificados del terremoto, no estaba inscrita en ese régimen. La DIAN añadió que cualquier entidad sin ánimo de lucro puede recibir donaciones y que el régimen solo sirve para darles a los donantes el certificado de sus beneficios tributarios. El comunicado no dice desde cuándo está inscrita la fundación. Siguen abiertas las preguntas del senador Alejandro Ocampo y de la representante Catherine Juvinao sobre cuánta plata recibió y en qué la ha gastado, como cuenta El Colombiano. En un debate en el Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que los montos de las donaciones estaban "por cuantificar".

Una adolescente de 16 años está entre los cuatro muertos del bombardeo del 10 de octubre contra el Frente 33 en zona rural de Tibú. Lo confirmó en un video el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, como cuenta El Espectador. La identificó Medicina Legal y Mora dijo que la menor estaba en "función continua de combate en este campamento". Aun así, el reclutamiento forzado está prohibido por el derecho internacional humanitario y el Estado sigue obligado a proteger a los menores, recuerda La Silla Vacía. Es el cuarto bombardeo que ordena Abelardo de la Espriella y en los cuatro han muerto menores. Murió uno de 16 años en el primero, también en el Catatumbo; hasta tres en el de El Retorno (Guaviare) y dos en el de Miraflores. Después del bombardeo, tres soldados resultaron heridos al activarse un campo minado cerca de uno de los campamentos.