13 de octubre de 2026

La Procuraduría citó a declarar bajo juramento a Eva Ferrer por las acusaciones que hizo contra la exprimera dama Verónica Alcocer, como cuenta El Espectador. También citó a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre; a Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF; a Carmen Caballero, expresidenta de ProColombia; a Guillermo Reyes, exministro de Transporte y exembajador en Suecia, y a Carolina Plata, amiga de Alcocer. Cada uno sale en el relato de Ferrer, como explica La Silla Vacía: Ferrer dice que Alcocer agredía a Rodríguez en la Casa de Nariño y que Plata coordinaba sus viajes a Venezuela. La Procuraduría dice que la diligencia hace parte de una investigación que ya tenía abierta por otras publicaciones sobre presunta corrupción de servidores públicos. La Fiscalía también investiga y fuentes de esa entidad le dijeron a El Espectador que Ferrer no se ha presentado ni ha aportado pruebas: "Ha sido citada dos veces a declarar y hay contactos con su abogado". Alcocer ha negado las acusaciones.

La JEP imputó a 10 antiguos mandos de los bloques Sur y Oriental de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía: nükak, korebajü, siona, hitnü y jiw. Lo cuenta El Espectador. Son 96 conductas entre 1996 y 2016: asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, minas antipersonal y voladuras del oleoducto San Miguel-Orito, que contaminaron el río Luzón, en territorio siona. Tres de los imputados fueron del último Secretariado: Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias El Médico, y Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada. Uno de los casos es el del 25 de julio de 1997 en el resguardo San Luis, en Milán (Caquetá), donde los frentes 15 y 49 mataron, siguiendo una lista, a siete autoridades, líderes y comuneros korebajü. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo que con esta decisión "la jurisdicción llega al país lejano, yo diría la Colombia profunda". La Sala de Reconocimiento llamó a los 10 a reconocer su responsabilidad.

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) le advirtió al Gobierno en un informe del 8 de agosto que abrir la embajada en Jerusalén aparta a Colombia de su posición histórica y la deja en minoría. Lo cuenta El Espectador, que tuvo acceso al informe de este sindicato de más de 250 diplomáticos de carrera. El informe dice que el país podría incumplir sus obligaciones con la convención contra el genocidio y que mudar la misión desde Tel Aviv costaría más y expondría al personal. Advierte también que cerrar 14 embajadas ahorraría entre $20.000 millones y $32.000 millones al año y pondría en riesgo exportaciones por 802 millones de dólares anuales. El canciller Omar Bula recibió a Asodiplo el 21 de agosto y a Unidiplo, el otro sindicato de la carrera, en septiembre, pero ninguno obtuvo respuesta, cuenta el diario. La embajada abre el 14 de octubre, con Tania Gilinski al frente, como anunció Israel.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia la hoja de vida de Milton Fabián Forero Melo para asesor de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Trabajaría en el despacho de la directora, Carolina Restrepo. Forero es politólogo, con una especialización en Estado y políticas públicas y una maestría en gestión de proyectos. Es directivo del área de planeación del ICBF desde abril de 2023, en el gobierno de Gustavo Petro. En la hoja de vida declara sus contratos con el Ministerio de Educación y con la Secretaría de Integración Social de Bogotá. No aparecen los cinco que tuvo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá entre abril de 2020 y abril de 2023, que suman $219.986.667 en el Secop II (uno, dos, tres, cuatro y cinco). Con los de Bomberos, en 2021 y en 2022 tuvo tres contratos públicos a la vez: el del ministerio, el de la secretaría y el de Bomberos.

La Fiscalía abrió de oficio una indagación contra el caricaturista Julio César González, Matador, por sus publicaciones contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. "La indagación se abre de oficio por tratarse de un asunto de posible violencia contra la mujer", informó la entidad, como cuenta Infobae. La lleva una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género por el presunto delito de injuria agravada. El caso viene del trino del 11 de octubre en el que Matador llamó a Pineda "ratita" y "pati raquítica" mientras preguntaba por las ayudas del terremoto. Al día siguiente, el Gobierno le pidió a la Fiscalía examinar esas expresiones y la firma de abogados de Abelardo de la Espriella anunció acciones legales, como recuerda El Espectador. La indagación es la etapa previa a una imputación: todavía no hay cargos.

El tuitero antipetrista Raimundo Franco Abuabara (@coherenciaporf en X) celebró que la DIAN dijera que la fundación de la primera dama sí está en el Régimen Tributario Especial. Insultó a quienes habían dicho lo contrario. A Noticias Uno le escribió: "Señores @NoticiasUno y zurderia hedionda, los buscan poaca". Dos horas después citó un trino del senador Alejandro Ocampo, que el 12 de octubre había difundido un video del noticiero sobre la fundación, y le escribió: "Hola bobo setenta HP @alejoocampog".

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó en la página de aspirantes de la Presidencia dos hojas de vida más. Para director técnico de Tecnologías de la Información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aspira Luis Fernando Lozano Mier, ingeniero electrónico (hoja de vida). Fue director de Conectividad del Ministerio TIC de 2013 a 2017 y director de tecnología de Servicios Postales Nacionales. De 2020 a 2024 fue subdirector nacional en la Fiscalía General de la Nación y después en su Cuerpo Técnico de Investigación. Hasta julio de 2026 trabajó en la empresa Internexa. Para asesora de la Dirección General de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) aspira Lina María Tamayo Saldarriaga, ingeniera civil con maestría en gerencia de proyectos (hoja de vida). Trabajó en la Contraloría General de Antioquia de 2011 a 2016 y fue contratista del Ministerio de Ambiente de 2018 a 2022, los últimos años en la Oficina de Negocios Verdes. Desde 2023 es asesora de la Corporación Mano Cambiada, de Nuquí (Chocó).