Las megacárceles

Al parecer, hombres armados atacaron a bala al dragoneante del Inpec Bryan Rangel Saavedra en una estación de gasolina de Cúcuta, cuando salía de su turno en la cárcel Modelo. El Espectador informa que lo asesinaron. Es el segundo ataque contra guardianes del Inpec en el fin de semana: el 10 de octubre hirieron a dos a la salida de la cárcel El Bosque, en Barranquilla. Abelardo de la Espriella anunció la captura de una mujer señalada de ser coordinadora y financiera de Los Pepes, a quien vincula con el ataque de Barranquilla. El Ministerio de Justicia dice que los ataques llegan en medio de los traslados de cabecillas a cárceles de máxima seguridad y que el presidente y el ministro Iván Cancino han recibido amenazas.

En su columna de El Espectador, Catalina Uribe Rincón sostiene que Abelardo de la Espriella hace de la humillación de los detenidos parte de su imagen política. Parte del caso de Joe Arpaio, el sheriff de Arizona que hacía desfilar encadenados a los presos, en calzoncillos rosados, y que se reeligió cinco veces. "El castigo es espectáculo, y la crueldad, una virtud que los gobernantes pueden desplegar ante sus seguidores", escribe. Sus ejemplos son la extradición de alias "Araña", que Abelardo convirtió en una "ceremonia televisada", el traslado de 120 presos de Buenaventura "bien motiladitos" y los videos de Juan Guillermo Monsalve, Olmedo López y Sneyder Pinilla esposados. También le preocupa lo que aprenden la Policía y las Fuerzas Militares: "Cuando quienes portan armas aprenden que humillar es una forma de demostrar autoridad, cambia la cultura de las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza". Y esas instituciones, advierte, no se van cuando cambia el presidente.

El periodista Melquisedec Torres criticó en X el traslado a La Picota de Olmedo López y Sneyder Pinilla, los exdirectivos de la UNGRD que confesaron y son testigos de la Fiscalía: "Gran paradoja, el presidente @ABDELAESPRIELLA termina haciéndoles favores a los acusados petristas por el robo a la UNGRD". Según él, es "un acto de intimidación" contra los dos testigos, cuyos testimonios "quedan pendiendo de un hilo". Y preguntó por qué Abelardo no hizo "el mismo show" cuando trasladaron a Wadith Manzur y Andrés Calle, "que ni han confesado ni colaboran", y si sería "porque son sus paisanos costeños". Al día siguiente, el abogado de López le pidió al juez suspender la resolución del Inpec y advirtió que hace responsables a quienes ejecuten el traslado de "cualquier afectación" a la vida de su cliente, según El Espectador.

Juan Carlos Gutiérrez Betancur, profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de Eafit, calculó en La Silla Vacía cuánto costarían las 10 megacárceles que anunció Abelardo de la Espriella. Solo construirlas costaría entre $13,7 y $63,8 billones, según el modelo. Pero sostiene que lo caro no es la obra: entre el 56 % y el 66 % del costo a 30 años es operación (guardias, salud, alimentación, mantenimiento). En el modelo con más garantías de derechos humanos, el primer año de funcionamiento costaría unos $5 billones. "Una cárcel no es una obra. Es una anualidad", escribe. Advierte que una alianza público-privada no abarata la cuenta, solo cambia quién factura primero, y propone construir por fases, con pilotos y un comparador público antes de firmar.

En una columna en La Silla Vacía, Angélica Beltrán, coordinadora de la línea Mujeres en cárceles y libres de la Corporación Humanas, sostiene que las 10 megacárceles que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella no van a reducir el delito ni el hacinamiento. Recuerda que a comienzos de los años 2000, con el Plan Colombia, Estados Unidos ayudó a construir cárceles que subieron la capacidad cerca de 40 % y bajaron el hacinamiento 25,5 %, y que 10 años después el hacinamiento volvió a niveles cercanos al 40 %. Advierte que, si se construyen por alianzas público-privadas, "más personas privadas de libertad pueden significar más ganancias", y que el delito de drogas es el principal por el que las mujeres llegan a prisión, casi siempre en los eslabones más bajos. "Si construimos diez megacárceles sin transformar la política que las llena, dentro de diez o 15 años podríamos tener que inaugurar otras diez", escribe.

La Cárcel Metropolitana para Sindicados, que Medellín construye en San Cristóbal con la mexicana Prodemex y que es la primera del país hecha por alianza público-privada, es el modelo con el que Abelardo de la Espriella espera levantar sus 10 megacárceles, según La Silla Vacía. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que desde julio habla del modelo con el Ministerio de Defensa y con el ministro de Justicia, Iván Cancino; el Gobierno no le respondió preguntas a ese medio. La razón es la plata: el presupuesto de 2027 bajó de $36.000 millones a $1.000 millones el rubro para construir cárceles, así que la inversión tendría que venir de privados. En Medellín, la empresa construye y se encarga del aseo y la comida durante 15 años, y el Distrito le pagará cerca de $1,1 billones. En 2021, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó a Prodemex de sobrecostos en la administración de dos cárceles federales en México.

La bancada del Partido Conservador se reunió con el ministro de Justicia, Iván Cancino, para fijar las prioridades. Al salir, el presidente del partido, Efraín Cepeda, dijo que el ministro les confirmó una de las promesas de campaña, que era construir entre siete y 10: 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos, con inhibidores de señal reforzados para frenar el uso de celulares. Cancino ha dicho que se financiarán de la mano de privados para no generar "carga fiscal del Estado", que el paquete tendrá que pasar por el Congreso y que el proyecto no violará los derechos humanos, sin precisar dónde quedarán. Las cuentas del sistema no acompañan el anuncio: como mostró una investigación de Cambio, la capacidad carcelaria creció 4 % en 12 años y 94 de los 124 establecimientos del país están por encima de su capacidad.