15 de septiembre de 2026

El Inpec trasladó a La Picota al senador electo Wadith Manzur, procesado en la Corte Suprema por el saqueo de la UNGRD, que estaba preso desde marzo en la Escuela de Carabineros de la Policía, según El Espectador. Fue por orden de Abelardo de la Espriella, que dos días antes, en su alocución, había mandado revisar a los presos que están en guarniciones militares y estaciones de Policía sin cumplir las condiciones para estar ahí. Con Manzur salió de la misma Escuela Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador del Vichada condenado por peculado, cuenta El Tiempo. Semana lo presentó como prueba de que el presidente no favorece a sus conocidos: según la revista, las familias De la Espriella y Manzur se conocen desde hace décadas en Córdoba.

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional publicó el pliego definitivo de una licitación de $1,4 billones para surtir de medicamentos a los uniformados activos, a los retirados y a sus familias; las ofertas se reciben hasta el 7 de octubre. Según Cambio, que revisó los documentos del proceso, en la fila vuelve a estar Éticos Serrano, la farmacéutica de la familia Char, uno de los aliados más cercanos de Abelardo de la Espriella: desde 2023, empresas de los Char le han facturado a la Policía cerca de $1,37 billones, por acuerdo marco, por urgencia manifiesta y por licitación. El Gobierno de Gustavo Petro quería acabar con esa dependencia con un nuevo acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente, pero el proceso se enredó y sigue sin adjudicarse, así que la Policía decidió licitar por su cuenta. El borrador del pliego, preparado en plena Ley de Garantías, fijaba $51.678 millones; el definitivo, con el nuevo Gobierno ya posesionado, subió a $1,4 billones, que alcanzan para más de tres años. Dos de las cuatro cotizaciones que recibió la Policía en su estudio de mercado fueron de Éticos Serrano y de Droguerías Olímpica, también de los Char, y los precios de referencia salen en buena parte de lo que esas empresas ya le cobraron. Cambio aclara que nada de eso es ilegal, pero la licitación se definirá bajo un gobierno en el que la familia tiene línea directa con la Casa de Nariño.

Dos días después de que Abelardo de la Espriella anunciara un protocolo para que la Policía entre a las universidades públicas ("Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar"), El Espectador repasó dos de los peores episodios de violencia del Estado contra la protesta estudiantil. En junio de 1954, policías entraron a la Universidad Nacional y asesinaron a Uriel Gutiérrez, estudiante de Medicina y Filosofía; cuando los estudiantes marcharon hacia la Plaza de Bolívar para protestar por su muerte, soldados del Batallón Colombia recién llegados de la guerra de Corea dispararon contra la marcha. Murieron nueve estudiantes y un civil, y el comandante del Ejército les atribuyó el ataque a los propios jóvenes. Desde entonces el 8 y el 9 de junio se conmemora el Día del Estudiante Caído.

En mayo de 1984, tras el asesinato con señales de tortura del estudiante Jesús León Patiño en Cali y el secuestro y asesinato del profesor de medicina Luis Armando Muñoz en Bogotá, los estudiantes se reunieron en la Nacional para homenajearlos. La jornada del 16 de mayo terminó con la fuerza pública dentro del campus y enfrentamientos con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), con casos de tortura y abuso sexual. El excomisionado de la Verdad Saúl Franco habló de "por lo menos, cinco heridos a bala y 81 detenidos", y 42 años después sigue sin saberse cuántos murieron. La universidad estuvo cerrada un año.

Con autorización de un juez de control de garantías, agentes de la Dijín inspeccionaron en Bogotá la antigua sede del Polo Democrático, que hoy usa el Pacto Histórico, para recoger documentos, cuentas y soportes contables de la consulta interna de octubre de 2025, en la que Iván Cepeda le ganó a Carolina Corcho la candidatura presidencial. La Fiscalía busca establecer si lo que se reportó ante el Consejo Nacional Electoral corresponde a los verdaderos financiadores. En la campaña de Cepeda, la duda está en $725 millones de los $964 millones reportados, relacionados con Samat Publicidad y su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez, que la campaña ha explicado como un servicio pendiente de pago o como un crédito; el CNE cerró el caso a comienzos de septiembre, pero la Corte Suprema le abrió a Cepeda una indagación previa. En la de Corcho, la pregunta es por unos $740 millones anotados como refrigerios de un restaurante de corrientazo que está en liquidación.

Con los decretos 1396 a 1399 del 15 de septiembre de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella designó a sus cuatro miembros principales en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá: Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; Luis Alberto Arango; Lewis Giovanni Grosso, vicepresidente de Distribución y Ventas de Allianz Colombia, y Gregory Steven Schaller, empresario del diseño que, según La República, fue uno de los promotores de firmas del movimiento Defensores de la Patria. Reemplazan a José Orlando Rodríguez, Polo Ávila Navarrete, Roberto Robles Ángel y Luz Marcela Morales. La junta tiene 12 renglones: ocho los eligen los empresarios y cuatro los pone el Gobierno, que puede cambiarlos cuando quiera. La designación llega días después del Decreto 1369 del 9 de septiembre, que dio por terminadas las designaciones del Gobierno en las juntas de todas las cámaras de comercio del país.

Ante la Comisión Legal de Paz del Congreso, el canciller Omar Bula Escobar dijo que Colombia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, apoyará la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz y "seguirá participando activamente en las decisiones sobre paz y seguridad internacionales". La declaración pesa porque Bula, que trabajó casi 20 años en la ONU, ha criticado en sus trinos la "agenda globalista" que según él se tomó ese organismo y porque el Consejo de Seguridad discutirá en octubre de 2026 si la Misión sigue. Además, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que irá a la Asamblea General de la ONU, donde "estaré llevando el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella". Según La Silla Vacía, será la primera vez que un presidente colombiano no asiste.

Desde Buenaventura, Abelardo de la Espriella le ordenó al Inpec trasladar a una cárcel de máxima seguridad a 120 cabecillas de bandas criminales presos en esa ciudad, que según él siguen dando órdenes desde adentro. "Se les acabó esa vaina con el Tigre. Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni la señal de la Santa Cruz", dijo. La Silla Vacía recuerda que la puesta en escena imita los traslados de Nayib Bukele en El Salvador, que Abelardo ya había mandado a Bogotá a 20 presos de Los Costeños y Los Pepes y que sigue en pie su promesa de construir 10 megacárceles lejos de las ciudades. La orden llegó en medio de la operación Poseidón, en la que la Policía capturó a alias Menor, cabecilla de Los Chiquillos en la comuna 10, y mientras la cárcel Marte, donde se disputaban el poder los Shottas y los Espartanos, sigue destruida por un incendio que causó el terremoto.

Sintradane, el sindicato de trabajadores del DANE, anunció que intervendrá ante la Corte Constitucional en la revisión del Decreto Legislativo 1385 de 2026 para plantear sus reparos por el contexto en que salió Ricardo Valencia, a quien el Gobierno declaró insubsistente por, entre otras razones, desconocer la directiva presidencial sobre las declaraciones de los funcionarios. "La coordinación administrativa del Gobierno no puede confundirse con la dirección técnica de las estadísticas oficiales", dice su comunicado, que recuerda que la Ley 2335 de 2023 le da al DANE plena independencia técnica. El sindicato reconoce que el presidente puede nombrar y remover a los directores de los departamentos administrativos, pero pide examinar si la suma de decisiones recientes (la cancelación de la rueda de prensa de la inflación, las instrucciones para hablar con la prensa y el despido) afecta esa independencia. La Presidencia había dicho que la independencia técnica "no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración".

En la Comisión Primera del Senado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió que los algo más de $6 billones que el proyecto de presupuesto de 2027 le asigna a la Fiscalía "nos alcanzaría para más o menos la mitad del año entrante". Explicó que hay gastos que no puede recortar, como la seguridad y el aseo, que subieron con el salario mínimo, o el arriendo de 443 sedes, y que para el pago de sentencias, para el que tenía presupuestados $547.000 millones, "para el próximo año no se nos asigna ninguna partida". La entidad hoy está en menos de 500 municipios y calcula que debería estar al menos en 780. En la misma sesión, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, presentó un informe según el cual al tribunal le faltan $84.663 millones: el proyecto le da $821.803 millones, más que los $744.658 millones de 2026, pero 13 % menos de lo que pidió.

Un mes después del terremoto, Mutante contó cómo las parteras de Quibdó, varias con sus propias casas destruidas o averiadas, se volvieron la primera línea de ayuda: desde el "nicho" de partería que habían conseguido un año antes gestionaron y repartieron mercados, montaron ollas comunitarias en barrios adonde la ayuda no entraba por las fronteras invisibles de los grupos armados y buscaron cómo atender a mujeres embarazadas. De las 230 parteras registradas en Asoredipar, su asociación en Quibdó, 80 sufrieron afectaciones y cuatro perdieron su casa, según un censo que hicieron ellas mismas. En el Chocó, donde el 65,3 % de los habitantes vive por debajo de la línea de pobreza según el DANE, el hospital principal, el San Francisco de Asís, es de segundo nivel y tenía una sobreocupación de más del 200 % desde antes del sismo.