15 de septiembre de 2026

Un día después de que Abelardo de la Espriella lo declarara insubsistente, Ricardo Valencia contó en varios medios cómo salió del DANE. Se enteró el 14 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m., en su oficina, cuando la secretaria general encargada le notificó verbalmente la decisión y le mostró el decreto en el celular, según El Tiempo, que retoma su entrevista con Blu Radio. "No tuve ninguna comunicación de Presidencia o del presidente manifestando ninguna inconformidad", dijo. A El Colombiano le explicó que el 31 de agosto dijo que "hasta la fecha" no había encontrado anomalías, no que las cifras fueran infalibles, y que el reclamo por la rueda de prensa de la inflación no le llegó a él sino a la directora de comunicaciones del DANE. "Su independencia técnica es sagrada", cerró en Caracol Radio, según La Silla Vacía, que recuerda que Valencia llegó al cargo por recomendación del vicepresidente José Manuel Restrepo, su antiguo profesor en la Universidad del Rosario, y que nunca habló con el presidente. Cuando La FM le preguntó a Restrepo por eso, respondió: "No, yo aquí ejerzo mi tarea como vicepresidente de la República". Valencia vuelve a su empresa, Algebra Labs. Restrepo va recordando quién manda en el Gobierno.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que en octubre el Gobierno presentará una "ley de rescate" que no será una reforma tributaria sino "una ley fiscal": "la prioridad está en reducir el gasto, no los impuestos". En una entrevista con La República y La FM, publicada el 15 de septiembre de 2026, dijo que en esa ley irán la reducción gradual del 4x1.000 ("No lo podemos eliminar de la noche a la mañana") y que "la sobretasa y el impuesto al patrimonio de la reforma económica del año pasado tampoco van", y que el presupuesto de 2027 ya trae "más de $21 billones de austeridad", sobre todo en compras de "camionetas, computadores, papel". Un día antes, en Semana, había dicho que el Gobierno "no tiene cómo financiar 18 ministerios", que algunos se acabarán y otros se fusionarán, y que ve con buenos ojos bajarlos a 13, según Valora Analitik; lo que no quepa en el Plan de Desarrollo iría en una reforma del Estado en 2027. "Subir impuestos sería la última opción", dijo. A La República le contó además que irá a Nueva York a reunirse con bancos y fondos de inversión, que el Gobierno no puede "excluir ninguna opción" frente a la banca multilateral y que hay "instrucción del presidente" de liquidar rápido los bienes de la Sociedad de Activos Especiales, donde, según él, "no hay inventarios".

Un día después de la imputación a Laura Sarabia, su exniñera Marelbys Meza le dijo a La FM que no ha recibido ninguna indemnización por el polígrafo al que la sometieron en enero de 2023: "No he recibido nada", según El Colombiano. Contó que la Unidad Nacional de Protección le negó el esquema que pidió, que depende de familiares y amigos y que, por ser testigo, no consigue trabajo ni quien le arriende: "Acabaron con mi vida y mi salud se volvió nada". Insistió en que nunca se negó a la prueba ("Cuando a usted le ponen un carro en la puerta de su casa, usted o va o va") y dijo que durante el polígrafo "me dijeron que de ahí iba presa, que no volvía a mi casa".

El diario francés Le Monde publicó un reportaje sobre los municipios del Chocó golpeados por el terremoto del 10 de agosto que empieza en un coliseo de Quibdó convertido en albergue y en el que cuenta que buena parte de los damnificados sigue sin solución de reubicación y a la espera de la ayuda prometida, en el departamento más pobre del país. Según el resumen de Caracol Radio, los damnificados "no han recibido opciones para su reubicación, ni han podido acceder a ayuda económica alguna". Según El Espectador, el Gobierno enfrenta críticas en el departamento por la llegada de las ayudas y la reubicación de quienes perdieron su casa. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba, en cambio, escribió en X el 15 de septiembre que el Gobierno nacional "ha acompañado en todo momento al departamento del Chocó en la gestión de esta emergencia" y agregó: "No hay emergencias sencillas. Mucho menos para un departamento con tantas precariedades de base que no permitirían que todo pueda resolver en un mes". Ese mismo día, Abelardo de la Espriella tenía en la agenda su cuarta visita al Chocó desde que asumió, con una entrega de vivienda en Quibdó antes de seguir a Buenaventura.

La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, le contestó el 15 de septiembre de 2026 al representante Mauricio Toro, que había publicado la respuesta del Ministerio de Salud de Abelardo de la Espriella según la cual las cirugías genitales irreversibles de afirmación de género están reservadas a mayores de 18 años y había llamado "pastorcitos mentirosos" a quienes dicen lo contrario. "Mauro, el que busca encuentra. Citar solo lo que conviene no convierte una media verdad en verdad completa", escribió Castellanos, que puso como ejemplo el caso de Laura, la joven que recibió testosterona en la Fundación Valle del Lili. Castellanos compartió una respuesta de esa fundación a una tutela en la que reconoce 80 tratamientos de afirmación de género en menores, sin precisar de qué tipo ni en qué años, según Infobae. Según Cambio, la respuesta del Ministerio cuenta 59 procedimientos de afirmación genital entre 2018 y 2024, todos en personas de entre 21 y 73 años.

Colombia volvió a ser, por cuarto año consecutivo, el país donde más defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados, según el informe de Global Witness publicado el 15 de septiembre de 2026. De los 124 asesinatos verificados en el mundo en 2025, 39 ocurrieron en Colombia, frente a 48 en 2024 y 79 en 2023; 35 estuvieron relacionados con conflictos por la tierra, 17 tuvieron posible participación del crimen organizado y casi la mitad de las víctimas eran indígenas. El Cauca volvió a ser el departamento más letal, con 13 casos, cuatro de ellos guardias indígenas. Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, le dijo a El Espectador que, de los más de 1.700 casos que esa organización ha documentado entre 2002 y 2024, solo entre el 12 % y el 13 % se han esclarecido. Las cifras son de 2025, bajo el gobierno de Gustavo Petro. Al actual, Global Witness le pide adoptar la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y aplicar el Acuerdo de Escazú.

El 15 de septiembre de 2026, en Buenaventura, Abelardo de la Espriella entregó personalmente, en efectivo y con una lista en la mano, el dinero de los subsidios de arriendo a familias damnificadas por el terremoto, según el video que publicó Semana y la descripción de NTN24, que recuerda que el presidente había prometido que no habría intermediarios en la entrega. Ese día empezaron en Buenaventura los pagos del apoyo temporal: más de $4.062 millones para cerca de 3.867 hogares, correspondientes al primer mes, dijo el presidente, que explicó que las familias, inscritas en el Registro Único de Damnificados y verificadas por la UNGRD, pueden reclamarlo en los puntos de Supergiros con la cédula original, según El Espectador.

La plenaria del Senado hundió la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por el viaje a Santa Marta que hizo pocos días después del terremoto: 61 votos por el no y 27 por el sí, los 26 del Pacto Histórico, que la había citado, y el de Jennifer Pedraza. Lo respaldaron la ASI, el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, La U y Salvación Nacional, y también senadores independientes como Jota Pe Hernández y Gustavo Moreno, que dijo que "se equivocó el ministro al escoger el momento para compartir con su familia", pero que eso "no es suficiente para citar a una moción de censura". "Hoy gana el país, gana el gobierno de Abelardo de la Espriella", celebró Beltrán. Pedraza respondió que el Senado "le acaba de renovar el contrato prácticamente a un personaje investigado por la corrupción en su gobierno cuando fue alcalde de Bucaramanga".

Los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, presentaron en el Congreso los lineamientos del proyecto de ley de sometimiento, o "acogimiento", que el Gobierno espera radicar en dos semanas. "Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es, me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias", dijo Cancino, que prometió un "trato diferenciado" que "jamás puede ser entendido como impunidad". Precisó que, "en principio", el mecanismo no aplica para quienes ya están presos y que no habrá excarcelaciones ni reconocimiento político, y el Ministerio del Interior anunció además un estatuto antiterrorista con un régimen penitenciario especial para los cabecillas. Cancino dijo que el Estado retomó el proceso de los excombatientes que ya estaban en una zona de ubicación temporal y que en dos semanas espera tener "una primera muestra de la política de sometimiento". El periodista y columnista Jorge Espinosa lo leyó así en X: la ley "será más dura de lo que ya existe en el Código Penal".

El Departamento de Estado le notificó al Congreso de Estados Unidos que moverá US$52 millones de financiación militar extranjera de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, según AP, que describe a los receptores como gobiernos conservadores alineados con Donald Trump. Es plata que Estados Unidos les da a otros países para que compren equipo militar a sus contratistas y, según el Departamento de Estado, servirá para combatir el narcotráfico en el hemisferio y ayudar a mantener la seguridad del canal de Panamá. AP no precisa cuánto le toca a cada país. Para Adam Isacson, de WOLA, citado por La Silla Vacía, el monto prácticamente duplicaría la financiación militar extranjera de Colombia, que entre 2017 y 2023 recibió US$278 millones por ese programa. El anuncio llega una semana después de la visita de Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú.