28 de septiembre de 2026

Un perfil de La Silla Vacía retrata a la senadora Carolina Corcho como una de las pocas dirigentes del Pacto Histórico que discuten abiertamente con Gustavo Petro y como aspirante a sucederlo. Con su tendencia "Ni un paso atrás" pide que los candidatos del partido a las elecciones regionales de 2027 se escojan en consultas y no por "bolígrafo": "Mi discusión es sobre la democracia interna del partido". El Congreso Fundacional del Pacto, que definirá esas reglas, depende de la plata de la Registraduría, cuyo presupuesto el Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso recortar. Frente a la tesis del fraude, Corcho se aparta de Petro: dice que legalmente el presidente es Abelardo de la Espriella, aunque apoya las demandas del partido por irregularidades. Y sobre la corrupción del gobierno anterior dijo que "donde hubo corrupción hay que ir y comparecer ante las autoridades".

La Cancillería de Omar Bula Escobar radicó en el Congreso tres proyectos de ley: el Acuerdo Integral de Asociación Económica con los Emiratos Árabes Unidos, el Acuerdo de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico con Singapur y el tercer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Según la Cancillería, los tres "materializan la directriz del presidente" Abelardo de la Espriella de una diplomacia de resultados comerciales en "dos frentes simultáneos: Medio Oriente y Asia-Pacífico". Es el primer paquete de proyectos del Ejecutivo, casi dos meses después de la posesión, anota El Espectador: antes solo habían llegado un proyecto del Ministerio de Comercio y el presupuesto de 2027. Las iniciativas que el Gobierno anunció en seguridad (la ley de sometimiento, la de orden público y el estatuto antiterrorista del Ministerio del Interior) todavía no tienen el visto bueno de la Presidencia para ser radicadas.

De las 10.664 instalaciones solares que el Ministerio de Minas y Energía del gobierno de Gustavo Petro contrató a través de Dispac para comunidades de Maicao y Albania, en La Guajira, solo 862 están energizadas, el 8,1 %, según la respuesta que la empresa le dio a Semana. Los cronogramas preveían más del 80 % para esta fecha. Los cuatro consorcios contratistas, en los que figuran empresas ligadas a un condenado por Centros Poblados y familiares de la senadora Martha Peralta, han recibido más de $100.000 millones en anticipos y tienen hasta el 30 de noviembre para instalar las 9.802 que faltan. La revista recorrió comunidades wayuu adonde no ha llegado un solo panel y otras, como Wayachón, donde los equipos se apagan por días y se instalaron paneles en casas deshabitadas. Según Semana, los consorcios estarían buscando subcontratar a una empresa con más músculo financiero para terminar las obras. Dispac no le respondió a la revista.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia dijo el 25 de septiembre en X que recibió "con profunda preocupación" la noticia de la muerte de Donovan Balanta, un afrodescendiente de 34 años, bajo custodia de la Policía Nacional. Recordó que "la seguridad de una persona detenida recae en el Estado" y pidió que el caso lo investigue la justicia ordinaria. La noche del 27, la Defensoría del Pueblo pidió esclarecer "las circunstancias de su muerte y posibles hechos de discriminación racial"; según El Espectador, le pidió además a la Fiscalía establecer si en el procedimiento hubo perfilamiento racial. Medicina Legal todavía no ha dicho de qué murió. En una crónica de El País, su cuñado cuenta que todo empezó cuando unos policías les dijeron algo como "los negros son muy bullosos" y que a Balanta le gritaron "negro hijueputa"; en los videos se ve a siete agentes rodeándolo, pegándole en la cabeza y dándole descargas eléctricas mientras grita. La Policía sostiene que la intervención fue legítima, por una pelea entre vecinos, y que lo llevó con vida al hospital.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, celebró desde Ginebra el trabajo que hacen juntos, en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila), exjefes de las Farc y exmilitares que reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): buscan e identifican a personas desaparecidas como parte de sus sanciones restaurativas. "Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional", dijo. Según el comunicado, subrayó que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas deben recibir "financiamiento suficiente para cumplir plenamente su mandato vital", en plena pelea por el recorte de más de $170.000 millones que le hace a la JEP el presupuesto de 2027. "Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose", afirmó.

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro dijo en un comunicado que no tiene "nada que ver con las actuaciones del señor Name" y que no permitirá "que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno", recoge Caracol Radio. Pizarro era primera vicepresidenta del Senado cuando Iván Name lo presidía. Su nombre aparece al menos 85 veces en el fallo con el que el Consejo de Estado le quitó la investidura a Name por los $3.000 millones de la UNGRD. Según el tribunal, de las 16 sesiones en que se discutió la reforma pensional entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024, Name se ausentó o cedió la conducción en 14 y buena parte de esa presidencia la asumió Pizarro, cuenta La FM. Bajo su conducción el trámite se aceleró, con votaciones por bloques, dice La Silla Vacía. El fallo retoma además la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema, según la cual la colaboración de Name consistió en "dejar el asiento de la presidencia a la senadora María José Pizarro, con miras a facilitar el manejo de las plenarias", cita Semana. Pizarro responde que la ley manda a los vicepresidentes reemplazar al presidente cuando falta: "Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya participación alguna en los hechos por los que el señor Name fue sancionado". La sentencia, en efecto, no dice que ella haya recibido plata, conocido el pago ni hecho parte del acuerdo, aclara La FM.

Quien compra un carro eléctrico o híbrido en Colombia tiene derecho a no pagar IVA, pero el trámite se represó en la DIAN: "no hay citas para solicitar la devolución del IVA correspondiente", le dijo a La República el abogado tributarista Julio Toro. La Ley 1715 de 2014 excluye esos vehículos del IVA, pero si el comprador no tiene al momento de la compra el certificado de la UPME, el carro se factura con el impuesto y después hay que pedir la devolución; las solicitudes a la UPME pasaron de 19 en 2022 a 3.211 a mayo de 2026. En un carro de $100 millones, la exclusión vale $5 millones. El diario buscó al director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez, y no obtuvo respuesta. El beneficio no se pierde por la demora: hay cinco años desde la factura para reclamarlo.

En campaña, Abelardo de la Espriella prometió que Colombia crecería al 7 %; su vicepresidente, José Manuel Restrepo, ya habla de 6 %. Los pronósticos no se acercan, según El País: Bancolombia rebajó su proyección para 2027 de 2,6 % a 2,4 %, BBVA Research espera 2,3 % y BTG Pactual 2 %, y, fuera del rebote que siguió a la pandemia, el país no crece por encima del 6 % desde 2011. El problema es que el ajuste de 2,2 puntos del PIB que prepara el Gobierno (unos $45 billones menos de gasto en 2027) le quita fuerza al motor que movió la economía con Gustavo Petro: según Lumen Economic Intelligence, el gasto público explica el 63 % del crecimiento de los últimos tres trimestres y sin él la economía habría crecido 1 % y no 2,7 %. El recorte cae además sobre la inversión, incluidos los subsidios a los más pobres. Y crecer poco también recauda poco: el presupuesto de 2027 calcula $298,2 billones en impuestos, 3,5 % menos de lo que proyectaba el gobierno anterior en julio, pero el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, insiste en que no subirá impuestos.