La Cancillería del Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó el 17 de septiembre de 2026 la carta con la que Colombia se retira de la Equal Rights Coalition, la alianza de 43 países para la protección de los derechos LGBTIQ+, que el país estaba copresidiendo junto con España. "El Gobierno Nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", dice la carta, que conoció El Espectador, sin ninguna otra explicación. Colombia había asumido esa copresidencia el 17 de diciembre de 2024 y debía entregarla en febrero de 2027: desde que la coalición existe, es la primera vez que un país la abandona mientras la encabeza.
La representación del país la llevaban la Cancillería y la Corporación Caribe Afirmativo, cuyo director, Wilson Castañeda, era hasta hoy el presidente de la Coalición. Según las fuentes que consultó esa organización, en el Gobierno pesaron dos lecturas: que los temas LGBTIQ+ no son prioridad en la "Patria Milagro" y que la participación de Colombia hace parte del legado de Gustavo Petro. Castañeda lo discute: "No es una agenda del gobierno anterior. Efectivamente se materializó en el gobierno anterior, pero desde 2016, cuando Juan Manuel Santos era presidente de Colombia, Caribe Afirmativo venía insistiendo al Gobierno colombiano en participar en la Equal Rights Coalition". Y marca la diferencia con los nombramientos de Alejandro Ordóñez y de Ilva Myriam Hoyos, que desde la Procuraduría defendieron posiciones contrarias al matrimonio y a la adopción igualitaria: esos, dice, son decisiones en tercera persona, mientras que "la salida de la Equal Rights Coalition termina siendo una decisión directa del Ejecutivo, que no tiene ninguna intermediación y que termina abandonando un espacio muy importante de la diplomacia".
La organización Bogotá Diversa le pidió a la Defensoría del Pueblo abrir un plan de trabajo con la oficina de derechos humanos de la ONU "ante la gravedad del asunto". Arlene B. Tickner, columnista de El Espectador y embajadora alterna de Colombia ante la ONU en el gobierno de Gustavo Petro, condenó la salida: "El mensaje es claro y lamentable". Y el abogado de derechos humanos Alejandro Michells escribió, tras conocerse la salida: "Manifestamos que hacer activismo LGBTI en Colombia en las actuales circunstancias es fácticamente imposible por cuestiones de seguridad".
